Estimado Johnny Carrasco, Alcalde de Pudahuel:
Creo sumamente verdadero lo que usted está diciendo: se deben coordinar los distintos sectores como la salud pública, las escuelas públicas, organizaciones sociales, etc, con el fin de mantener al tanto a la ciudadanía para evitar los problemas de salud. También concuerdo con usted en que la Intendecia debe darle más atribuciones a los Municipios de la región Metropolitana para que los acaldes participen como fiscalizadores, ya que para mi gusto los alcaldes son los que mejor saben los problemas que vive la gente de su comuna, porque tienen un contacto directo con su gente.
Pero para ser realistas, para que esto se lleve a cabo, se tendría que empezar a tramitar un proyecto de ley, cosa que veo difícil por un largo periodo, ya que lo único que se habla en este minuto es del proyecto de ley que tiene calidad de urgencia para la Presidenta : los 290 millones que le quieren inyectar al Transantiago. Quizás, algún día cuando esto se solucione (tema que veo difícil)se podría discutir el hecho de darle más atribuciones a los alcaldes.
Por el momento, debemos insistir en que nuestra Presidenta se preocupe de la atención que se está entregando en los hospitales públicos. La contaminación no mejora, el Transantiago tampoco cumplió su función por ese lado, asi que vamos enfrentando lo que se nos viene. Hasta el minuto, las urgencias respiratorias han crecido un 70% en comparación a la misma fecha del año pasado. Las consultas en clínicas privadas y en el servicio público han experimentado una fuerte alza, resultado: camas pediátricas llenas, gran cantidad de pacientes en los servicios de urgencias,etc, lo clásico. ¿Y qué dicen los doctores? Que durante las próximas dos semanas podría venir el peak de la influenza y el sincicial.
La salud pública es el eterno tema que no se resuelve. Presidenta, por favor haga algo por esto, inviertan más dinero en este ámbito. Habría que ver si son tan necesarios los 290 millones de dólares extras para el Transantiago funcione, porque quizás tampoco va a lograr su objetivo con eso; en cambio, le aseguro que si invertimos ese dinero en más camas, infraestructura, doctores, enfermeras y remedios, la atención sería mucho más eficiente y digna.
M. Fernanda Valdés
viernes, 15 de junio de 2007
sábado, 9 de junio de 2007
El Engaño Continúa
La propuesta del Senador Pablo Longueira nos pareció bastante acertiva: sellar un acuerdo entre el gobierno, RN y la UDI, con respecto al tema de los US$290 millones que le quieren inyectar al Transantiago. Por esta razón, nosotros como oposición redactamos un documento con siete condiciones que el gobierno debe aceptar para que nosotros aprobemos la nueva y suculenta inversión. El ministro Belisario Velasco calificó de "inaceptables" las condiciones.
Lo siento señores del Gobierno, pero nuestra misión es que se deje de engañar a la ciudadanía prometiéndole cosas que no se cumplen. ¿No les basta con haber creado un sistema de transporte absolutamente ineficiente que tenga a toda la población en un caos total hace casi 4 meses?. Pues parece que no, porque ahora pretenden sacar de los fondos públicos una cantidad suculenta con el fin de mejorarlo, pero esto a costa de un nuevo engaño: el Gobierno va a cancelar los operadores por pasajero transportado y se requieren supuestamente esa cantidad de millones para evitar el alza de las tarifas.
ALERTA a la ciudadanía!! Nos quieren meter nuevamente el dedo en la boca!! El Ministerio seguirá cancelando a los operadores de acuerdo al contrato firmado, sólo una parte de ello se hará en base a los pasajeros movilizados durante la primera quincena del mes, osea en esta medida no se requiere inyectar esa cantidad de dinero. El Gobierno no ha querida cambiar los contratos para poner fin al subsidio que el Estado aporta mensualmente. Otro de los engaños es que para evitar el alza de las tarifas se requieren US$ 80 millones, no US$290.
Las siete condiciones que planteamos como oposición son muy razonables. Proponemos que se fijen metas de mejoría y que se entreguen los recursos en tres cuotas amarradas a un criterio de eficiencia. De esta manera queremos controlar que los recursos que se estén entregando, sean utilizados correctamente y tengan un buen efecto. También queremos que se destine una cantidad de dinero equivalente a las regiones, Santiago no es Chile. Proponemos también que se destine un porcentaje de los dineros a los usuarios, a través de la tarjeta Bip. Creemos coherente prohibir que las personas que diseñaron el plan original del Transantiago sean ahora los encargados de sus ajustes. Y por último y lo que consideramos que es imprescindible es presidir la comisión especial creada por la Cámara de Diputados para investigar el Transantiago. Ellos no están de acuerdo con estas medidas. ¿Será porque no les convendrá que los fiscalisen tanto?
Cristián Monckeberg
Diputado RN
viernes, 11 de mayo de 2007
La Comunidad de Pirque en La Tercera
El diario La Tercera trató de una manera muy amplia la muerte de Jocelyn Rivas en la Comunidad Ecológica de Pirque. Algunos días marcó pauta y otros días sólo se limitó a seguir con la pauta que ponía la noticia y que se repetía en otros diarios.
La primera noticia que publicó este diario fue el sábado 28 de abril donde se contaba lo que había ocurrido: una bailarina de danza de la comunidad de Pirque murió en Enero y su cuerpo fue hallado enterrado en el lugar tres meses después. Este tema fue tratado con gran importancia en el diario. Luego, el treinta de abril informaron sobre la libertad concedida a Roberto Starck y a Nataniel Requena, los líderes de la secta.
A medida que iba transcurriendo la semana, el diario le fue otorgando cada vez menos espacio y relevancia al tema, la noticia sólo fue portada en un principio.
La Tercera hizo varias entrevistas abarcando distintos enfoques del tema: al líder de la comunidad, al Alcalde de Pirque, a una vecina del sector y el punto de vista del padre de Jocelyn.
También se refirió al conflicto que se gestó entre Belisario Velasco y Felipe Harboe, ya que este es un diario de noticias duras y bastante político.
Por último, informó sobre las consecuencias que tuvo este hecho, es decir, le dio proyección a la noticia. Se refirió al recurso que quiere presentar el alcalde de Pirque en contra de la comunidad ecológica y la proposición del diputado Antonio Leal de realizar catastros de otras comunidades de este tipo.
viernes, 20 de abril de 2007
Jueves 19 abril
Jueza dicta dos órdenes de aprehensión por fuga de "Sakarach"
Dos órdenes de detención en contra de Rafael Maureira Trujillo, conocido como "Sakarach", dictó ayer la jueza del 4° Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Quijada, luego que se hiciera público que el condenado por abuso sexual y asociación ilícita no cumplió con la medida cautelar de firma mensual correspondiente al mes de abril, y que desde el 17 de marzo pasado, según comprobó el propio abogado querellante, Cristián Espejo, no vive en el domicilio registrado en el tribunal: la sede de la Fundación Carlos Oviedo.
Espejo criticó la pasividad con que actuó la jueza del caso.Por esta razón, cerca de las 17 horas de ayer, personal de la Brigada de Ubicación de Personas de Investigaciones (Briup) se constituyó en la casa de acogida con las dos órdenes emanadas por el tribunal. La policía registró la pieza que ocupaba el ex líder de la red de pedofilia "Paidos" e interrogó al director de la entidad, Sergio Echeverría, quien reveló la existencia de una carta que dejó el condenado.
En el escrito, "Sakarach" agradece el trato recibido por la entidad benéfica y añade que viajaría al sur del país, presumiblemente a la comuna de Loncoche, donde vive su familia.También dice que se entregará a la justicia cuando reciba una pena justa (ver recuadro).No obstante, fuentes policiales revelaron ayer un dato no menor.
Desde febrero de este año, "Sakarach" disponía de una cantidad de dinero gracias a la venta de un terreno que le pertenecía a su familia.Se trata de un sitio ubicado en el sector de Aguas Verdes, en los Altos de Valparaíso, el que fue comprado por el director de la Fundación Carlos Oviedo.Por esta transacción, Maureira habría recibido una suma cercana al millón y medio de pesos.Ayer, Echeverría evitó comentar este episodio, aunque lo reconoció ante la policía.El director de la entidad sólo se refirió a la situación de Maureira, y aseguró que cuando se percataron de que había abandonado la casa intentaron informarle al abogado de "Sakarach", Gustavo Menares, pero éste no estuvo disponible, según dijo.
Menares aseguró ayer que renunciará hoy a la defensa del condenado, ya que éste "ha violado la condición más importante que yo le impuse como defensor, y ésta es que permaneciera internado en la Fundación Carlos Oviedo".Además, consideró "impresentable" la compra del terreno por parte de Echeverría, ya que -a su juicio- "Sakarach" "se fugó con la plata del director".
También, asegura que era responsabilidad de la fundación el haber avisado oportunamente al tribunal sobre la situación, ya que "ellos mismos presentaron un documento en el proceso, certificando que 'Sakarach' viviría en la casa de acogida", dijo.
La carta"Ya no puedo más con todo esto, y la verdad es que estoy al borde de una crisis mayor. Es por ello que he tomado la determinación de irme al sur (...) dejaré la firma botada, pero en su momento, una vez que salga la sentencia definitiva, volveré y me entregaré a la justicia siempre que la condena sea justa y merecida...". Ésta es una parte de la carta que Rafael Maureira dejó antes de abandonar la fundación.
Arriagada no sabe de pagos a partidos con gastos reservados
"Yo nunca he sabido de eso, y jamás lo habría tolerado". Así de categórico fue el ex ministro secretario general de la Presidencia Genaro Arriagada (DC) al ser consultado por "El Mercurio" sobre si los partidos de la Concertación eran financiados a través de los gastos reservados designados a cincos carteras, entre ellas la que él dirigió entre 1994 y 1996, cuando era presidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle.
Durante la declaración de más de dos horas que prestó ayer en el despacho de la ministra Amanda Valdovinos, en el Palacio de Tribunales, el ex jefe de Estado descartó que en su cartera haya habido desvíos de gastos reservados.
La diligencia se realizó en el marco de la indagación por el eventual desvío de estos montos a los partidos políticos de la Concertación y el uso que le dio el gobierno militar.
Arriagada agregó que tiene "la seguridad de que en ningún otro gabinete" se entregaron platas a los partidos oficialistas.
De esta manera, desmintió los dichos del ex presidente PPD Jorge Schaulsohn, quien afirmó que su partido recibía $5 millones de los gastos reservados destinados al Ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo en esa época de José Joaquín Brunner.
"El Mercurio" tuvo acceso a la declaración judicial de Schaulsohn ante la ministra Gloria Ana Chevesich en el caso MOP-Gate, la que fue publicada el 11 de enero pasado y en la que afirmó: "En un par de oportunidades lo recibí personalmente (...) desconozco absolutamente cómo se manejaba contablemente el tema en el partido", continuó.
Según Schaulsohn, con este dinero se pagaban los gastos del partido, tales como "financiamiento, luz, agua y secretarias".
Otro de los motivos por los que debió prestar testimonio Arriagada fue por sus trabajos y declaraciones públicas en las que se ha referido sobre los temas de probidad y corrupción del Estado.
"Le expresé mi preocupación por variadas formas de corrupción, como el clientelismo y aquellas que derivan del financiamiento de partidos y campañas, males que afectan a fuerzas de izquierda, centro y derecha", dijo el ex ministro.
Según Arriagada, los gastos reservados existen desde 1932 en Chile y "bajo los gobiernos de la Concertación se ha reducido su monto desde un 11% al fin de la dictadura a menos del 1% en la actualidad".
La jueza Valdovinos, además, le consultó por su participación en la Comisión Nacional de Ética Pública que constituyó en 1994 el ex Presidente Frei y en la que Arriagada era representante del Poder Ejecutivo. En ésta, además, participaron los presidentes del Senado, de la Cámara, de la Corte Suprema, del Consejo de Defensa del Estado, el Contralor, y personalidades de la Concertación y la derecha, entre otros.Alianza confía en ministraLa Alianza presentó una denuncia en diciembre a raíz de las declaraciones de Jorge Schaulsohn a "El Mercurio" sobre el financiamiento a los partidos oficialistas con gastos reservados. Uno de los patrocinantes es el abogado Cristián Letelier, quien se mostró satisfecho de que el proceso esté avanzando. "Hay una ministra en visita en la cual tenemos mucha confianza", afirmó.
Carabineros crea patrullas de reacción contra encapuchados
Patrullas de no más de cinco funcionarios que se desplazan en las pisaderas de vehículos livianos y que efectuarán detenciones selectivas relámpago contra violentistas encapuchados, conforman los nuevos Dispositivos de Intervención Rápida (DIR) contra disturbios que puso en funcionamiento oficialmente ayer Carabineros.
Según explicó a "El Mercurio" el general director de la institución, José Alejandro Bernales, "los funcionarios viajan en carros que se desplazan mucho más rápido que un bus, por ejemplo, y van en sus costados para que desciendan y procedan en el tiempo más corto posible".
"El objetivo es neutralizar en el acto a los vándalos más radicalizados dentro de una protesta. De esta manera se corta ahí cualquier retroalimentación para que otros potenciales violentistas actúen", agregó Bernales.
Este método de control tuvo una breve "práctica" el 29 de marzo pasado, para el Día del Joven Combatiente. El dispositivo, entre otras cosas, permitió en esa jornada apresar a sujetos armados en Villa Francia y debería ser empleado en manifestaciones que históricamente se dan en mayo.
La dotación del DIR, por ahora, alcanza a 60 funcionarios de Fuerzas Especiales. Ellos recibieron un entrenamiento especial y fueron seleccionados por contar con características de agilidad sobre el promedio.
La Fiscalía descarta "autorrobo" en casa de cambio del clan Mazza
La Fiscalía Santiago Norte estableció que el clan Mazza fue víctima del robo con fuerza de $420 millones la madrugada del 31 de diciembre pasado en la casa de cambio de su propiedad, "Costa Brava", ubicada en calle Agustinas 1062, en Santiago.
Con las mismas evidencias descartó el "autorrobo".
El local cerró por decisión de sus dueños, luego que sus bóvedas fueran desvalijadas por el grupo de tres carabineros y cuatro cómplices ya recluidos. Está arrendado a una óptica ajena al negocio del cambio de divisas.
Agregó que al momento de ocurrir el delito, el Ministerio Público estaba en conocimiento de que el clan Mazza era investigado por lavado de dinero.
"La investigación del robo es independiente del sumario judicial por lavado de activos", explicó Marcelo Escobar.
Trincado, de 39 años, albañil, fue detenido en La Pintana por la Brigada Investigadora de Robos, imputado de haber abierto las cajas de fondo con taladros y otras herramientas especiales.
Tiene antecedentes por giro doloso y dice haber recibido sólo $7 millones por su intervención.
Fue recluido en la cárcel Santiago Uno con medidas especiales de protección, luego que revelara estar amenazado de muerte por sus cómplices, por entregar una versión distinta.
Según la fiscalía, Trincado compartió la faena delictual con los detenidos Cristián Andrés Fuentes, José Luis Alvial y Lorenzo Antonio Reyes.
El cuarteto junto a otros dos prófugos fueron reclutados por los carabineros Óscar Eduardo Carrillo, Bernardo Charles Alarcón y José Manuel González, integrantes de la patrulla que dio cobertura al robo durante el servicio policial.
Aumento de menores acusados preocupa a Defensor Nacional
El Defensor Nacional, Eduardo Sepúlveda, expresó la inquietud de su entidad por el eventual impacto que podría tener un aumento en la judicialización de los menores de 18 años, una vez esté en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, a partir del 8 de junio próximo.
Explicó que hasta al 31 de diciembre pasado la Defensoría Penal Pública atendió durante 2006 a 21 mil adolescente entre 16 y 18 años en todo el país, en circunstancias de que ésa era la cantidad estimada para el total de menores infractores entre 14 y 18 años, con la nueva ley juvenil.
"Por lo que es difícil estimar lo que ocurrirá cuando se incorporen los de 14 y 15 años", dijo Sepúlveda, lo que abre un signo de interrogación sobre qué pasará con la Ley de Responsabilidad Adolescente cuando esté vigente.
Explicó que aún no han sido fijados los criterios de judicialización para los menores de 18 años, y que en la Defensoría Penal hay preocupación sobre cuáles serán los parámetros para justificar la persecución penal a ese grupo etario, sector que no tiene noción clara de lo que es delito y de ir a tribunales.
Dos órdenes de detención en contra de Rafael Maureira Trujillo, conocido como "Sakarach", dictó ayer la jueza del 4° Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Quijada, luego que se hiciera público que el condenado por abuso sexual y asociación ilícita no cumplió con la medida cautelar de firma mensual correspondiente al mes de abril, y que desde el 17 de marzo pasado, según comprobó el propio abogado querellante, Cristián Espejo, no vive en el domicilio registrado en el tribunal: la sede de la Fundación Carlos Oviedo.
Espejo criticó la pasividad con que actuó la jueza del caso.Por esta razón, cerca de las 17 horas de ayer, personal de la Brigada de Ubicación de Personas de Investigaciones (Briup) se constituyó en la casa de acogida con las dos órdenes emanadas por el tribunal. La policía registró la pieza que ocupaba el ex líder de la red de pedofilia "Paidos" e interrogó al director de la entidad, Sergio Echeverría, quien reveló la existencia de una carta que dejó el condenado.
En el escrito, "Sakarach" agradece el trato recibido por la entidad benéfica y añade que viajaría al sur del país, presumiblemente a la comuna de Loncoche, donde vive su familia.También dice que se entregará a la justicia cuando reciba una pena justa (ver recuadro).No obstante, fuentes policiales revelaron ayer un dato no menor.
Desde febrero de este año, "Sakarach" disponía de una cantidad de dinero gracias a la venta de un terreno que le pertenecía a su familia.Se trata de un sitio ubicado en el sector de Aguas Verdes, en los Altos de Valparaíso, el que fue comprado por el director de la Fundación Carlos Oviedo.Por esta transacción, Maureira habría recibido una suma cercana al millón y medio de pesos.Ayer, Echeverría evitó comentar este episodio, aunque lo reconoció ante la policía.El director de la entidad sólo se refirió a la situación de Maureira, y aseguró que cuando se percataron de que había abandonado la casa intentaron informarle al abogado de "Sakarach", Gustavo Menares, pero éste no estuvo disponible, según dijo.
Menares aseguró ayer que renunciará hoy a la defensa del condenado, ya que éste "ha violado la condición más importante que yo le impuse como defensor, y ésta es que permaneciera internado en la Fundación Carlos Oviedo".Además, consideró "impresentable" la compra del terreno por parte de Echeverría, ya que -a su juicio- "Sakarach" "se fugó con la plata del director".
También, asegura que era responsabilidad de la fundación el haber avisado oportunamente al tribunal sobre la situación, ya que "ellos mismos presentaron un documento en el proceso, certificando que 'Sakarach' viviría en la casa de acogida", dijo.
La carta"Ya no puedo más con todo esto, y la verdad es que estoy al borde de una crisis mayor. Es por ello que he tomado la determinación de irme al sur (...) dejaré la firma botada, pero en su momento, una vez que salga la sentencia definitiva, volveré y me entregaré a la justicia siempre que la condena sea justa y merecida...". Ésta es una parte de la carta que Rafael Maureira dejó antes de abandonar la fundación.
Arriagada no sabe de pagos a partidos con gastos reservados
"Yo nunca he sabido de eso, y jamás lo habría tolerado". Así de categórico fue el ex ministro secretario general de la Presidencia Genaro Arriagada (DC) al ser consultado por "El Mercurio" sobre si los partidos de la Concertación eran financiados a través de los gastos reservados designados a cincos carteras, entre ellas la que él dirigió entre 1994 y 1996, cuando era presidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle.
Durante la declaración de más de dos horas que prestó ayer en el despacho de la ministra Amanda Valdovinos, en el Palacio de Tribunales, el ex jefe de Estado descartó que en su cartera haya habido desvíos de gastos reservados.
La diligencia se realizó en el marco de la indagación por el eventual desvío de estos montos a los partidos políticos de la Concertación y el uso que le dio el gobierno militar.
Arriagada agregó que tiene "la seguridad de que en ningún otro gabinete" se entregaron platas a los partidos oficialistas.
De esta manera, desmintió los dichos del ex presidente PPD Jorge Schaulsohn, quien afirmó que su partido recibía $5 millones de los gastos reservados destinados al Ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo en esa época de José Joaquín Brunner.
"El Mercurio" tuvo acceso a la declaración judicial de Schaulsohn ante la ministra Gloria Ana Chevesich en el caso MOP-Gate, la que fue publicada el 11 de enero pasado y en la que afirmó: "En un par de oportunidades lo recibí personalmente (...) desconozco absolutamente cómo se manejaba contablemente el tema en el partido", continuó.
Según Schaulsohn, con este dinero se pagaban los gastos del partido, tales como "financiamiento, luz, agua y secretarias".
Otro de los motivos por los que debió prestar testimonio Arriagada fue por sus trabajos y declaraciones públicas en las que se ha referido sobre los temas de probidad y corrupción del Estado.
"Le expresé mi preocupación por variadas formas de corrupción, como el clientelismo y aquellas que derivan del financiamiento de partidos y campañas, males que afectan a fuerzas de izquierda, centro y derecha", dijo el ex ministro.
Según Arriagada, los gastos reservados existen desde 1932 en Chile y "bajo los gobiernos de la Concertación se ha reducido su monto desde un 11% al fin de la dictadura a menos del 1% en la actualidad".
La jueza Valdovinos, además, le consultó por su participación en la Comisión Nacional de Ética Pública que constituyó en 1994 el ex Presidente Frei y en la que Arriagada era representante del Poder Ejecutivo. En ésta, además, participaron los presidentes del Senado, de la Cámara, de la Corte Suprema, del Consejo de Defensa del Estado, el Contralor, y personalidades de la Concertación y la derecha, entre otros.Alianza confía en ministraLa Alianza presentó una denuncia en diciembre a raíz de las declaraciones de Jorge Schaulsohn a "El Mercurio" sobre el financiamiento a los partidos oficialistas con gastos reservados. Uno de los patrocinantes es el abogado Cristián Letelier, quien se mostró satisfecho de que el proceso esté avanzando. "Hay una ministra en visita en la cual tenemos mucha confianza", afirmó.
Carabineros crea patrullas de reacción contra encapuchados
Patrullas de no más de cinco funcionarios que se desplazan en las pisaderas de vehículos livianos y que efectuarán detenciones selectivas relámpago contra violentistas encapuchados, conforman los nuevos Dispositivos de Intervención Rápida (DIR) contra disturbios que puso en funcionamiento oficialmente ayer Carabineros.
Según explicó a "El Mercurio" el general director de la institución, José Alejandro Bernales, "los funcionarios viajan en carros que se desplazan mucho más rápido que un bus, por ejemplo, y van en sus costados para que desciendan y procedan en el tiempo más corto posible".
"El objetivo es neutralizar en el acto a los vándalos más radicalizados dentro de una protesta. De esta manera se corta ahí cualquier retroalimentación para que otros potenciales violentistas actúen", agregó Bernales.
Este método de control tuvo una breve "práctica" el 29 de marzo pasado, para el Día del Joven Combatiente. El dispositivo, entre otras cosas, permitió en esa jornada apresar a sujetos armados en Villa Francia y debería ser empleado en manifestaciones que históricamente se dan en mayo.
La dotación del DIR, por ahora, alcanza a 60 funcionarios de Fuerzas Especiales. Ellos recibieron un entrenamiento especial y fueron seleccionados por contar con características de agilidad sobre el promedio.
La Fiscalía descarta "autorrobo" en casa de cambio del clan Mazza
La Fiscalía Santiago Norte estableció que el clan Mazza fue víctima del robo con fuerza de $420 millones la madrugada del 31 de diciembre pasado en la casa de cambio de su propiedad, "Costa Brava", ubicada en calle Agustinas 1062, en Santiago.
Con las mismas evidencias descartó el "autorrobo".
El local cerró por decisión de sus dueños, luego que sus bóvedas fueran desvalijadas por el grupo de tres carabineros y cuatro cómplices ya recluidos. Está arrendado a una óptica ajena al negocio del cambio de divisas.
Agregó que al momento de ocurrir el delito, el Ministerio Público estaba en conocimiento de que el clan Mazza era investigado por lavado de dinero.
"La investigación del robo es independiente del sumario judicial por lavado de activos", explicó Marcelo Escobar.
Trincado, de 39 años, albañil, fue detenido en La Pintana por la Brigada Investigadora de Robos, imputado de haber abierto las cajas de fondo con taladros y otras herramientas especiales.
Tiene antecedentes por giro doloso y dice haber recibido sólo $7 millones por su intervención.
Fue recluido en la cárcel Santiago Uno con medidas especiales de protección, luego que revelara estar amenazado de muerte por sus cómplices, por entregar una versión distinta.
Según la fiscalía, Trincado compartió la faena delictual con los detenidos Cristián Andrés Fuentes, José Luis Alvial y Lorenzo Antonio Reyes.
El cuarteto junto a otros dos prófugos fueron reclutados por los carabineros Óscar Eduardo Carrillo, Bernardo Charles Alarcón y José Manuel González, integrantes de la patrulla que dio cobertura al robo durante el servicio policial.
Aumento de menores acusados preocupa a Defensor Nacional
El Defensor Nacional, Eduardo Sepúlveda, expresó la inquietud de su entidad por el eventual impacto que podría tener un aumento en la judicialización de los menores de 18 años, una vez esté en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, a partir del 8 de junio próximo.
Explicó que hasta al 31 de diciembre pasado la Defensoría Penal Pública atendió durante 2006 a 21 mil adolescente entre 16 y 18 años en todo el país, en circunstancias de que ésa era la cantidad estimada para el total de menores infractores entre 14 y 18 años, con la nueva ley juvenil.
"Por lo que es difícil estimar lo que ocurrirá cuando se incorporen los de 14 y 15 años", dijo Sepúlveda, lo que abre un signo de interrogación sobre qué pasará con la Ley de Responsabilidad Adolescente cuando esté vigente.
Explicó que aún no han sido fijados los criterios de judicialización para los menores de 18 años, y que en la Defensoría Penal hay preocupación sobre cuáles serán los parámetros para justificar la persecución penal a ese grupo etario, sector que no tiene noción clara de lo que es delito y de ir a tribunales.
Miércoles 18 abril
Ex líder de Publicam condenado por tenencia de arma
Manuel Arancibia Morales, uno de los supuestos ex líderes de la organización criminal detrás de las facturas falsas de Publicam, sumó ayer un nuevo problema judicial.
El 7.o Juzgado de Garantía lo condenó a través de un procedimiento simplificado a 61 días de presidio efectivo por el delito de tenencia ilegal de armas.
Este nuevo proceso fue investigado por el fiscal Andrés Montes, de la Fiscalía Centro Norte, y estaba abierto desde octubre del año 2005, antes de que se revelara la existencia de una mafia de venta de facturas falsas.
Arancibia fue detenido por la policía en su oficina de Huérfanos 1147 -donde funcionaba Publicam- por un giro doloso de cheques.
Allí, antes de ser trasladado al cuartel policial, Arancibia le reconoció a sus captores que en el cajón de su escritorio tenía un arma que no estaba inscrita: un revólver marca Taurus calibre 38.
Manuel Arancibia tenía una condena anterior del Primer Juzgado del Crimen de Temuco por el delito de tráfico de estupefacientes, y gozaba del beneficio de la libertad vigilada.
Con esta resolución, el tribunal podría revocar el beneficio.
Investigaciones pericia local de heladero Jorge Martínez
Por más de cinco horas estuvo personal del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones en el local del fallecido heladero Jorge Martínez, principal sospechoso de la muerte y descuartizamiento de Hans Pozo, hecho ocurrido en marzo de 2006 y que pasó a la historia como el caso del "descuartizado de Puente Alto".
Según informó el prefecto Julio Ibáñez, jefe nacional de la unidad, la pericia tenía como objetivo delimitar el sitio donde Martínez, luego de un control de Carabineros, falleció. Ibáñez señaló que en los próximos días tomarán muestras que puedan aclarar, en parte, si el empresario se suicidó (como se ha señalado) o si, por el contrario, fue asesinado -según señala la familia-. El caso está en manos de la fiscalía militar de Santiago. Martínez falleció el 8 de abril de 2006.
Procesan a José Alfredo Fuentes, Checho Hirane y Mario Mauriziano
Por fraude tributario, fueron sometidos a proceso los artistas José Alfredo "Pollo" Fuentes, Sergio "Checho" Hirane y Jorge Eduardo Contreras y el comentarista deportivo Mario Mauriziano, en el marco de una querella presentada hace unos días por el Servicio de Impuestos Internos, vinculada al uso de facturas ideológicamente falsas.
Así fue confirmado ayer en esferas judiciales y a través de fuentes ligadas a la investigación que instruye el 32° Juzgado del Crimen de Santiago.
Además de estas figuras públicas, quedaron encausadas otras dos personas.
Hoy comenzaría la notificación del auto de procesamiento, del cual se desprende una orden de detención para los encausados, según lo dispone el antiguo procedimiento penal.
Así ocurrió a principios de año en ese tribunal, cuando fue procesado Iván Arenas ("Profesor Rossa"), quien se internó en una clínica privada para someterse a exámenes médicos.
Si bien se prevé que a los encausados se les otorgará la libertad provisional en el 32° Juzgado, esa decisión debería ser revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago vía consulta.
El abogado de Mario Mauriziano, Cristián Muga, señaló que están evaluando los pasos a seguir para enfrentar esta defensa, ya que hoy conocerán el contenido de la resolución y si se dictó o no una orden de aprehensión.
Este procesamiento tiene como denominador común a Paula Bocaz, quien habría entregado las facturas irregulares a estos personajes de espectáculos.
Colegio de Abogados acoge amparo contra jueza Chevesich
El Consejo General del Colegio de Abogados acogió el amparo profesional presentado por el abogado Raúl Donckaster, en el que reclama por la conducta "ilegal y abusiva" de la ministra Gloria Ana Chevesich en el caso MOP-Foro.
La molestia del defensor de Eduardo D'Hainaut, ex asesor del ministro Carlos Cruz, se debe a que la jueza no le permitió ingresar a la declaración de más de 20 testigos a la que citó como medida para mejor resolver, luego de realizar la etapa probatoria, pese a que está dentro de sus atribuciones como defensor, porque en esa fase del proceso la indagación es abierta.
El Colegio de Abogados asegura que la actuación de la ministra "implicó un menoscabo al derecho a defensa de la parte y al derecho del abogado a ejercer la profesión de manera que estime más adecuada, necesaria para la correcta y legal representación de su cliente".
En la resolución recuerdan que la Corte Suprema instruyó a los juzgados del país sobre las garantías constitucionales que tienen las defensas.
Todavía está pendiente en la Corte una queja que presentó el mismo abogado en contra de la jueza.
Dictan primera condena en caso Chiledeportes
TEMUCO.– A una pena de 541 días de prisión fue condenado Jaime Aravena (23 años), ex secretario del diputado PPD Jaime Quintana, luego que en juicio simplificado reconoció haber falsificado la firma del alcalde de Victoria, Jorge Saffirio (DC), para adjudicarse un proyecto de Chiledeportes por $ 1.200.000.
Esta es la primera sentencia condenatoria dictada por un tribunal en torno a las diversas causas por el escándalo de irregularidades en la asignación de fondos de Chiledeportes, que en octubre último culminó con la solicitud de renuncia de los 13 directores regionales.
Aravena actuó como representante de juntas de vecinos en el proyecto "Recreación para mujeres de Victoria", para la compra de elementos deportivos para ocho equipos femeninos de babyfutbol, en el marco de competencias deportivas y recreativas. El proyecto se tramitó entre mayo y agosto de 2005, debiendo contar con la autorización de uso del gimnasio municipal para el torneo. Para ello, Aravena falsificó la firma del alcalde Saffirio. En 2006, durante la tramitación del proyecto, el edil denunció ante la fiscalía de Victoria la falsificación.
Tras la aceptación de su culpabilidad, Aravena fue llevado a un juicio simplificado. El fiscal Héctor Leiva solicitó una pena de tres años, pero el tribunal asignó la penalidad más baja, al estimar que los fondos asignados por Chiledeportes habían sido ocupados para los fines a que estaban destinados.
Manuel Arancibia Morales, uno de los supuestos ex líderes de la organización criminal detrás de las facturas falsas de Publicam, sumó ayer un nuevo problema judicial.
El 7.o Juzgado de Garantía lo condenó a través de un procedimiento simplificado a 61 días de presidio efectivo por el delito de tenencia ilegal de armas.
Este nuevo proceso fue investigado por el fiscal Andrés Montes, de la Fiscalía Centro Norte, y estaba abierto desde octubre del año 2005, antes de que se revelara la existencia de una mafia de venta de facturas falsas.
Arancibia fue detenido por la policía en su oficina de Huérfanos 1147 -donde funcionaba Publicam- por un giro doloso de cheques.
Allí, antes de ser trasladado al cuartel policial, Arancibia le reconoció a sus captores que en el cajón de su escritorio tenía un arma que no estaba inscrita: un revólver marca Taurus calibre 38.
Manuel Arancibia tenía una condena anterior del Primer Juzgado del Crimen de Temuco por el delito de tráfico de estupefacientes, y gozaba del beneficio de la libertad vigilada.
Con esta resolución, el tribunal podría revocar el beneficio.
Investigaciones pericia local de heladero Jorge Martínez
Por más de cinco horas estuvo personal del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones en el local del fallecido heladero Jorge Martínez, principal sospechoso de la muerte y descuartizamiento de Hans Pozo, hecho ocurrido en marzo de 2006 y que pasó a la historia como el caso del "descuartizado de Puente Alto".
Según informó el prefecto Julio Ibáñez, jefe nacional de la unidad, la pericia tenía como objetivo delimitar el sitio donde Martínez, luego de un control de Carabineros, falleció. Ibáñez señaló que en los próximos días tomarán muestras que puedan aclarar, en parte, si el empresario se suicidó (como se ha señalado) o si, por el contrario, fue asesinado -según señala la familia-. El caso está en manos de la fiscalía militar de Santiago. Martínez falleció el 8 de abril de 2006.
Procesan a José Alfredo Fuentes, Checho Hirane y Mario Mauriziano
Por fraude tributario, fueron sometidos a proceso los artistas José Alfredo "Pollo" Fuentes, Sergio "Checho" Hirane y Jorge Eduardo Contreras y el comentarista deportivo Mario Mauriziano, en el marco de una querella presentada hace unos días por el Servicio de Impuestos Internos, vinculada al uso de facturas ideológicamente falsas.
Así fue confirmado ayer en esferas judiciales y a través de fuentes ligadas a la investigación que instruye el 32° Juzgado del Crimen de Santiago.
Además de estas figuras públicas, quedaron encausadas otras dos personas.
Hoy comenzaría la notificación del auto de procesamiento, del cual se desprende una orden de detención para los encausados, según lo dispone el antiguo procedimiento penal.
Así ocurrió a principios de año en ese tribunal, cuando fue procesado Iván Arenas ("Profesor Rossa"), quien se internó en una clínica privada para someterse a exámenes médicos.
Si bien se prevé que a los encausados se les otorgará la libertad provisional en el 32° Juzgado, esa decisión debería ser revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago vía consulta.
El abogado de Mario Mauriziano, Cristián Muga, señaló que están evaluando los pasos a seguir para enfrentar esta defensa, ya que hoy conocerán el contenido de la resolución y si se dictó o no una orden de aprehensión.
Este procesamiento tiene como denominador común a Paula Bocaz, quien habría entregado las facturas irregulares a estos personajes de espectáculos.
Colegio de Abogados acoge amparo contra jueza Chevesich
El Consejo General del Colegio de Abogados acogió el amparo profesional presentado por el abogado Raúl Donckaster, en el que reclama por la conducta "ilegal y abusiva" de la ministra Gloria Ana Chevesich en el caso MOP-Foro.
La molestia del defensor de Eduardo D'Hainaut, ex asesor del ministro Carlos Cruz, se debe a que la jueza no le permitió ingresar a la declaración de más de 20 testigos a la que citó como medida para mejor resolver, luego de realizar la etapa probatoria, pese a que está dentro de sus atribuciones como defensor, porque en esa fase del proceso la indagación es abierta.
El Colegio de Abogados asegura que la actuación de la ministra "implicó un menoscabo al derecho a defensa de la parte y al derecho del abogado a ejercer la profesión de manera que estime más adecuada, necesaria para la correcta y legal representación de su cliente".
En la resolución recuerdan que la Corte Suprema instruyó a los juzgados del país sobre las garantías constitucionales que tienen las defensas.
Todavía está pendiente en la Corte una queja que presentó el mismo abogado en contra de la jueza.
Dictan primera condena en caso Chiledeportes
TEMUCO.– A una pena de 541 días de prisión fue condenado Jaime Aravena (23 años), ex secretario del diputado PPD Jaime Quintana, luego que en juicio simplificado reconoció haber falsificado la firma del alcalde de Victoria, Jorge Saffirio (DC), para adjudicarse un proyecto de Chiledeportes por $ 1.200.000.
Esta es la primera sentencia condenatoria dictada por un tribunal en torno a las diversas causas por el escándalo de irregularidades en la asignación de fondos de Chiledeportes, que en octubre último culminó con la solicitud de renuncia de los 13 directores regionales.
Aravena actuó como representante de juntas de vecinos en el proyecto "Recreación para mujeres de Victoria", para la compra de elementos deportivos para ocho equipos femeninos de babyfutbol, en el marco de competencias deportivas y recreativas. El proyecto se tramitó entre mayo y agosto de 2005, debiendo contar con la autorización de uso del gimnasio municipal para el torneo. Para ello, Aravena falsificó la firma del alcalde Saffirio. En 2006, durante la tramitación del proyecto, el edil denunció ante la fiscalía de Victoria la falsificación.
Tras la aceptación de su culpabilidad, Aravena fue llevado a un juicio simplificado. El fiscal Héctor Leiva solicitó una pena de tres años, pero el tribunal asignó la penalidad más baja, al estimar que los fondos asignados por Chiledeportes habían sido ocupados para los fines a que estaban destinados.
Martes 17 abril
Matanza en universidad de EE.UU.
Un hombre armado, joven, sur coreano Cho Seung Hui perpetró ayer la peor masacre a tiros en una universidad o colegio en la historia de EE.UU. La tragedia ha conmocionado tanto a la comunidad universitaria como al país, donde el derecho a portar armas emana de la propia Constitución.
Todo comenzó a las 7:15 de la mañana en el edificio West-Ambler-Johnston, de la universidad politécnica Virginia Tech, en Blacksburg, en medio de las bellas Blue Ridge Mountains.Allí se alojan 895 estudiantes, y muchos aún dormían cuando se escucharon los primeros tiros. Entonces, llegó la policía, hubo gritos, sirenas y por megáfono se impartió la orden de no salir al exterior. "Sabíamos que algo andaba mal, pero no teníamos idea qué", comentó la estudiante Charlotte Walker.Un desconocido había ingresado en la residencia para estudiantes, sigilosamente subió hasta el cuarto piso y asesinó a dos personas.
La universidad tiene 26 mil estudiantes, cerca de 2 mil de ellos extranjeros, especialmente de Asia. Aimee Kanode, una alumna de primer año, relató a "The Times" que el primer tiroteo ocurrió un piso más arriba de su habitación. Cerca de las 8 de la mañana, una inspectora tocó su puerta y le advirtió que no saliera de la habitación.Dos horas después, llegó una nueva noticia espeluznante: también hubo tiros en Norris Hall, el edificio de clases de Ciencias e Ingeniería, al otro lado del campus.
Parecía que el atacante seguía libre. ¿O eran dos? Un funcionario dijo que el hombre armado pareció haber cerrado las puertas de Norris Hall para que los estudiantes no escaparan, reportó MSNBC.Comenzaron a aparecer los primeros videos amateur, imágenes captadas por los estudiantes con sus teléfonos celulares, de policías, ambulancias, y recién comenzó la sospecha de que se produjo una gran masacre, consignó DPA.
Entonces habló el presidente de la universidad, Charles Steger, quien informó del elevado número de muertos y heridos. Steger dijo que la universidad estaba "en un shock profundo" y que estaban "consternados".De esta forma, Virginia Tech y sus estudiantes se aseguraron un triste lugar en la historia de Estados Unidos: nunca antes habían muerto tantas personas en un tiroteo en una escuela o universidad.
En el momento de la segunda balacera, la policía de la universidad estaba investigando el primer asalto en la residencia.Muchos estudiantes criticaron cómo la policía manejó el incidente, especialmente por qué no cerró el campus después del primer tiroteo. El jefe policial del recinto, Wendell Finchum, aseguró que ellos consideraron que el primero fue un incidente aislado y por eso no cerraron el campus.
El alumno Justin Merrifield dijo a Reuters que los estudiantes fueron alertados por los altavoces. "Había una voz que sólo repetía: 'hombre armado en el campus, no salgan, aléjense de las ventanas', una y otra vez", declaró.Hasta el momento la policía no ha logrado identificar al agresor porque no llevaba documentos y el tiro que supuestamente se autoinfligió en la cara lo dejó irreconocible. Sin embargo, citando fuentes federales, la cadena Fox dijo que el sospechoso era un "joven asiático" que "estaba buscando a su novia" y que llevaba consigo dos pistolas de 9mm.Mientras, la universidad es una "escena del crimen" poblada -en vez de estudiantes, quienes fueron evacuados- por equipos de expertos forenses, investigadores y canes.El ataque relanzó además un debate sobre el control de armas y la seguridad de los establecimientos escolares de EE.UU. La ley de Virginia permite la venta de armas de fuego, incluidas las de asalto a los residentes mayores de 18 años que no tengan antecedentes policiales, sin necesidad de permiso especial.
Corte estudia medidas ante difícil panorama de juzgados de familia
Una comisión de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago deberá analizar, en el más breve plazo, una serie de medidas para solucionar los "urgentes" problemas de gestión que todavía afectan a los juzgados de familia.
Así lo resolvió ayer el pleno del tribunal de alzada, luego de revisar un informe que entregó la ministra Amanda Valdovinos, tras constatar en los juzgados los problemas prácticos que impiden su buen funcionamiento.
En el documento, la magistrada hizo ver a sus pares la necesidad de programar de mejor modo el sistema de fijación de audiencias.
Otro punto en el que se detectaron serias deficiencias es en el sistema de notificaciones, puesto que, según se explicó, gran parte de los problemas que inciden en que las audiencias no se efectúen se debe a la lentitud con que las partes son informadas sobre los procesos.
El informe da cuenta además de las dificultades que experimentan los abogados para conocer el desarrollo de las causas que llevan, debido a la falta de medios de consulta.
Las medidas que proponga la comisión serán informadas al pleno, instancia que "en definitiva adoptará los sistemas de mejoramiento", recalcó el ministro Villarroel.Suprema: Faltan jueces
La carencia de jueces fue uno de los principales problemas que detectó el pleno de la Corte Suprema a la hora de revisar el funcionamiento de los tribunales de familia.
El máximo tribunal analizó ayer el informe que la ministra Margarita Herreros elaboró tras estudiar el proyecto de ley que modifica dichos juzgados. El documento fue aprobado, pero con ciertas observaciones que serán plasmadas en un informe final que se enviará a la Comisión de Constitución del Senado. "Sé que faltan (jueces), y una buena cantidad", dijo ayer el presidente del máximo tribunal, Enrique Tapia, quien rehusó entregar más detalles, hasta que el documento final se publique.
Fiscal: Imputados son "equipo extorsionador"
El fiscal José Ignacio Escobar formalizó ayer por el delito de extorsión en contra del conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado Croquevielle, a la ex modelo Carolina Leal, al abogado Marcelo Jadue y al ex funcionario del conservador de Prohibiciones e Interdicciones Marcelo Encina.
Como un "equipo extorsionador" definió el persecutor penal a los tres imputados que, según la querella presentada por la víctima el 23 de febrero, intentaron cobrar $200 millones de pesos a cambio de no revelar un paquete de fotografías en las que el conservador capitalino aparecía desnudo en compañía de Leal.
A partir del relato de la víctima, de los tres imputados y de otros cuatro testigos, el fiscal Escobar reconstruyó los hechos que moldearon la extorsión en contra de Maldonado.
De acuerdo con el fiscal, la ex modelo Carolina Leal contactó al abogado Marcelo Jadue con el fin de condicionar la entrega de un set de fotografias que comprometían la integridad moral del conservador.
En las imágenes, "Maldonado aparecería absolutamente desnudo en el marco de una relación erótica", dijo Escobar.
El fiscal Escobar detalló que una vez conocido el contenido de las fotografías, Leal y Jadue habrían iniciado las diligencias detrás de la eventual extorsión.
El 7 de febrero pasado, ambos habrían concurrido a la notaría de Clovis Toro para depositar bajo custodia las copias de las fotografías.
Luego, según el fiscal, el abogado contactó al funcionario del conservador de Prohibiciones Marcelo Encina, para que éste advirtiese a Maldonado de la existencia de las fotografías y del monto a cancelar para impedir su difusión pública.
Más tarde, con el fin de materializar la extorsión, el abogado Jadue y Encina se reunieron con el abogado de Maldonado, Cristián Muga, y el primo del conservador, Jaime Frenes.
El fiscal José Ignacio Escobar explicó que los formalizados no han logrado acreditar la versión alternativa que presentaron ante la acusación de Maldonado.
En sus declaraciones judiciales, tanto Leal como Jadue aluden a una millonaria deuda que mantendría el conservador con la mujer. No obstante, no existe una prueba material que documente dicho saldo pendiente.
Al término de la audiencia, los imputados quedaron en libertad, pero deberán firmar mensualmente ante el Ministerio Público. Tampoco podrán salir libremente del país, ni acercarse al conservador Maldonado.
Piedrabuena advierte peligrosa sobrecarga de trabajo de fiscales
Una serie de dificultades que entraban la acción del Ministerio Público, entre ellas una peligrosa sobrecarga de trabajo de los fiscales, hará ver el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, en su última cuenta pública anual de la próxima semana.
Originalmente, se estimó que cada fiscal tramitaría hasta mil causas al año; sin embargo, actualmente van en 1.500.
Piedrabuena explica que ello se debe, fundamentalmente, a las nuevas competencias penales del Ministerio Público, ya que desde 1999 a la fecha se han tipificado 119 delitos nuevos, entre ellos la violencia intrafamiliar, que sólo en 2000 ingresaron más de 38 mil causas en todo el país.
Además, señala, la gente está denunciando más de lo que se estimó en 1998, que era cerca de 500 mil causas al año, y hoy se está llegando al millón.
Fiscalía revela red protectora de narcos más poderosos de La Legua
Una amplia red de protección de la banda narco más poderosa de La Legua, "Los Cara de Pelotas", ha sido revelada en las tres semanas que lleva el juicio oral en su contra, donde además surgió el nombre del prófugo Israel Salazar, "El Isra" (ver nota aparte), quien pretendía matar al fiscal regional sur de Santiago, Alejandro Peña.
Los encargados de emitir un fallo esta semana son los magistrados del 6º Tribunal Oral Hernán García, Marianela Cifuentes y Virginia Rivera.
Según los datos policiales que se han ventilado en el juicio, en el caso de Gendarmería uno de los líderes de la banda, Moisés González Berríos, tenía nexos en la ex Penitenciaría. A través de un individuo identificado como "El Managua", coordinaba ayuda para presos de su banda con apoyo del teniente de de prisiones Cristián Salinas, hoy dado de baja. Estos nexos posibilitaban que los "Cara de Pelota" ingresaran drogas y celulares.
También pudieron articular un "grupo de castigo" para miembros de bandas rivales que llegaban a la citada cárcel. Las consecuencias las sufrieron temidos pistoleros de La Legua, como José Tristán Ortega, "El Mono Tito", y el "Cani Cani", Juan Carlos Ampuero.
.Piden presidio perpetuo simple por caso toma de rehenes
Presidio perpetuo simple es la pena que solicitará el fiscal Ricardo Peña, de la Unidad de Foco Delictual de la Fiscalía Centro Norte, en contra de los dos autores del mediático asalto con toma de rehenes a una oficina de abogados perpetrado el 8 de marzo del año pasado.
Trascendió que el prosecutor tiene lista la acusación en contra del ex gendarme Marcelo Cortés Díaz (31) y Luis Araneda Díaz (55), quienes serían los autores de nueve asaltos a oficinas de abogados ocurridos durante el verano del año pasado, periplo delictual que culminó con el incidente de Huérfanos 1147.
En la presentación de mañana ante el 7º Juzgado de Garantía, el fiscal resumirá los nueve episodios, dos de los cuales ocurrieron en Quillota.
En dicha ciudad, los antisociales probaron suerte en esta nueva modalidad de atraco, antes de recalar en el centro de la capital.
Durante la investigación, el fiscal Peña logró acreditar cada uno de los "golpes", gracias a que utilizaban siempre los mismos implementos.
Las pruebas claves son dos armas de fuego, guantes, gorros deportivos, lentes de sol, cinta adhesiva y la misma pitilla con que amarraron a sus víctimas, derroteros que fueron recogidos en cada oficina victimizada y que dieron las luces para vincularlos a cada asalto.
Un hombre armado, joven, sur coreano Cho Seung Hui perpetró ayer la peor masacre a tiros en una universidad o colegio en la historia de EE.UU. La tragedia ha conmocionado tanto a la comunidad universitaria como al país, donde el derecho a portar armas emana de la propia Constitución.
Todo comenzó a las 7:15 de la mañana en el edificio West-Ambler-Johnston, de la universidad politécnica Virginia Tech, en Blacksburg, en medio de las bellas Blue Ridge Mountains.Allí se alojan 895 estudiantes, y muchos aún dormían cuando se escucharon los primeros tiros. Entonces, llegó la policía, hubo gritos, sirenas y por megáfono se impartió la orden de no salir al exterior. "Sabíamos que algo andaba mal, pero no teníamos idea qué", comentó la estudiante Charlotte Walker.Un desconocido había ingresado en la residencia para estudiantes, sigilosamente subió hasta el cuarto piso y asesinó a dos personas.
La universidad tiene 26 mil estudiantes, cerca de 2 mil de ellos extranjeros, especialmente de Asia. Aimee Kanode, una alumna de primer año, relató a "The Times" que el primer tiroteo ocurrió un piso más arriba de su habitación. Cerca de las 8 de la mañana, una inspectora tocó su puerta y le advirtió que no saliera de la habitación.Dos horas después, llegó una nueva noticia espeluznante: también hubo tiros en Norris Hall, el edificio de clases de Ciencias e Ingeniería, al otro lado del campus.
Parecía que el atacante seguía libre. ¿O eran dos? Un funcionario dijo que el hombre armado pareció haber cerrado las puertas de Norris Hall para que los estudiantes no escaparan, reportó MSNBC.Comenzaron a aparecer los primeros videos amateur, imágenes captadas por los estudiantes con sus teléfonos celulares, de policías, ambulancias, y recién comenzó la sospecha de que se produjo una gran masacre, consignó DPA.
Entonces habló el presidente de la universidad, Charles Steger, quien informó del elevado número de muertos y heridos. Steger dijo que la universidad estaba "en un shock profundo" y que estaban "consternados".De esta forma, Virginia Tech y sus estudiantes se aseguraron un triste lugar en la historia de Estados Unidos: nunca antes habían muerto tantas personas en un tiroteo en una escuela o universidad.
En el momento de la segunda balacera, la policía de la universidad estaba investigando el primer asalto en la residencia.Muchos estudiantes criticaron cómo la policía manejó el incidente, especialmente por qué no cerró el campus después del primer tiroteo. El jefe policial del recinto, Wendell Finchum, aseguró que ellos consideraron que el primero fue un incidente aislado y por eso no cerraron el campus.
El alumno Justin Merrifield dijo a Reuters que los estudiantes fueron alertados por los altavoces. "Había una voz que sólo repetía: 'hombre armado en el campus, no salgan, aléjense de las ventanas', una y otra vez", declaró.Hasta el momento la policía no ha logrado identificar al agresor porque no llevaba documentos y el tiro que supuestamente se autoinfligió en la cara lo dejó irreconocible. Sin embargo, citando fuentes federales, la cadena Fox dijo que el sospechoso era un "joven asiático" que "estaba buscando a su novia" y que llevaba consigo dos pistolas de 9mm.Mientras, la universidad es una "escena del crimen" poblada -en vez de estudiantes, quienes fueron evacuados- por equipos de expertos forenses, investigadores y canes.El ataque relanzó además un debate sobre el control de armas y la seguridad de los establecimientos escolares de EE.UU. La ley de Virginia permite la venta de armas de fuego, incluidas las de asalto a los residentes mayores de 18 años que no tengan antecedentes policiales, sin necesidad de permiso especial.
Corte estudia medidas ante difícil panorama de juzgados de familia
Una comisión de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago deberá analizar, en el más breve plazo, una serie de medidas para solucionar los "urgentes" problemas de gestión que todavía afectan a los juzgados de familia.
Así lo resolvió ayer el pleno del tribunal de alzada, luego de revisar un informe que entregó la ministra Amanda Valdovinos, tras constatar en los juzgados los problemas prácticos que impiden su buen funcionamiento.
En el documento, la magistrada hizo ver a sus pares la necesidad de programar de mejor modo el sistema de fijación de audiencias.
Otro punto en el que se detectaron serias deficiencias es en el sistema de notificaciones, puesto que, según se explicó, gran parte de los problemas que inciden en que las audiencias no se efectúen se debe a la lentitud con que las partes son informadas sobre los procesos.
El informe da cuenta además de las dificultades que experimentan los abogados para conocer el desarrollo de las causas que llevan, debido a la falta de medios de consulta.
Las medidas que proponga la comisión serán informadas al pleno, instancia que "en definitiva adoptará los sistemas de mejoramiento", recalcó el ministro Villarroel.Suprema: Faltan jueces
La carencia de jueces fue uno de los principales problemas que detectó el pleno de la Corte Suprema a la hora de revisar el funcionamiento de los tribunales de familia.
El máximo tribunal analizó ayer el informe que la ministra Margarita Herreros elaboró tras estudiar el proyecto de ley que modifica dichos juzgados. El documento fue aprobado, pero con ciertas observaciones que serán plasmadas en un informe final que se enviará a la Comisión de Constitución del Senado. "Sé que faltan (jueces), y una buena cantidad", dijo ayer el presidente del máximo tribunal, Enrique Tapia, quien rehusó entregar más detalles, hasta que el documento final se publique.
Fiscal: Imputados son "equipo extorsionador"
El fiscal José Ignacio Escobar formalizó ayer por el delito de extorsión en contra del conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado Croquevielle, a la ex modelo Carolina Leal, al abogado Marcelo Jadue y al ex funcionario del conservador de Prohibiciones e Interdicciones Marcelo Encina.
Como un "equipo extorsionador" definió el persecutor penal a los tres imputados que, según la querella presentada por la víctima el 23 de febrero, intentaron cobrar $200 millones de pesos a cambio de no revelar un paquete de fotografías en las que el conservador capitalino aparecía desnudo en compañía de Leal.
A partir del relato de la víctima, de los tres imputados y de otros cuatro testigos, el fiscal Escobar reconstruyó los hechos que moldearon la extorsión en contra de Maldonado.
De acuerdo con el fiscal, la ex modelo Carolina Leal contactó al abogado Marcelo Jadue con el fin de condicionar la entrega de un set de fotografias que comprometían la integridad moral del conservador.
En las imágenes, "Maldonado aparecería absolutamente desnudo en el marco de una relación erótica", dijo Escobar.
El fiscal Escobar detalló que una vez conocido el contenido de las fotografías, Leal y Jadue habrían iniciado las diligencias detrás de la eventual extorsión.
El 7 de febrero pasado, ambos habrían concurrido a la notaría de Clovis Toro para depositar bajo custodia las copias de las fotografías.
Luego, según el fiscal, el abogado contactó al funcionario del conservador de Prohibiciones Marcelo Encina, para que éste advirtiese a Maldonado de la existencia de las fotografías y del monto a cancelar para impedir su difusión pública.
Más tarde, con el fin de materializar la extorsión, el abogado Jadue y Encina se reunieron con el abogado de Maldonado, Cristián Muga, y el primo del conservador, Jaime Frenes.
El fiscal José Ignacio Escobar explicó que los formalizados no han logrado acreditar la versión alternativa que presentaron ante la acusación de Maldonado.
En sus declaraciones judiciales, tanto Leal como Jadue aluden a una millonaria deuda que mantendría el conservador con la mujer. No obstante, no existe una prueba material que documente dicho saldo pendiente.
Al término de la audiencia, los imputados quedaron en libertad, pero deberán firmar mensualmente ante el Ministerio Público. Tampoco podrán salir libremente del país, ni acercarse al conservador Maldonado.
Piedrabuena advierte peligrosa sobrecarga de trabajo de fiscales
Una serie de dificultades que entraban la acción del Ministerio Público, entre ellas una peligrosa sobrecarga de trabajo de los fiscales, hará ver el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, en su última cuenta pública anual de la próxima semana.
Originalmente, se estimó que cada fiscal tramitaría hasta mil causas al año; sin embargo, actualmente van en 1.500.
Piedrabuena explica que ello se debe, fundamentalmente, a las nuevas competencias penales del Ministerio Público, ya que desde 1999 a la fecha se han tipificado 119 delitos nuevos, entre ellos la violencia intrafamiliar, que sólo en 2000 ingresaron más de 38 mil causas en todo el país.
Además, señala, la gente está denunciando más de lo que se estimó en 1998, que era cerca de 500 mil causas al año, y hoy se está llegando al millón.
Fiscalía revela red protectora de narcos más poderosos de La Legua
Una amplia red de protección de la banda narco más poderosa de La Legua, "Los Cara de Pelotas", ha sido revelada en las tres semanas que lleva el juicio oral en su contra, donde además surgió el nombre del prófugo Israel Salazar, "El Isra" (ver nota aparte), quien pretendía matar al fiscal regional sur de Santiago, Alejandro Peña.
Los encargados de emitir un fallo esta semana son los magistrados del 6º Tribunal Oral Hernán García, Marianela Cifuentes y Virginia Rivera.
Según los datos policiales que se han ventilado en el juicio, en el caso de Gendarmería uno de los líderes de la banda, Moisés González Berríos, tenía nexos en la ex Penitenciaría. A través de un individuo identificado como "El Managua", coordinaba ayuda para presos de su banda con apoyo del teniente de de prisiones Cristián Salinas, hoy dado de baja. Estos nexos posibilitaban que los "Cara de Pelota" ingresaran drogas y celulares.
También pudieron articular un "grupo de castigo" para miembros de bandas rivales que llegaban a la citada cárcel. Las consecuencias las sufrieron temidos pistoleros de La Legua, como José Tristán Ortega, "El Mono Tito", y el "Cani Cani", Juan Carlos Ampuero.
.Piden presidio perpetuo simple por caso toma de rehenes
Presidio perpetuo simple es la pena que solicitará el fiscal Ricardo Peña, de la Unidad de Foco Delictual de la Fiscalía Centro Norte, en contra de los dos autores del mediático asalto con toma de rehenes a una oficina de abogados perpetrado el 8 de marzo del año pasado.
Trascendió que el prosecutor tiene lista la acusación en contra del ex gendarme Marcelo Cortés Díaz (31) y Luis Araneda Díaz (55), quienes serían los autores de nueve asaltos a oficinas de abogados ocurridos durante el verano del año pasado, periplo delictual que culminó con el incidente de Huérfanos 1147.
En la presentación de mañana ante el 7º Juzgado de Garantía, el fiscal resumirá los nueve episodios, dos de los cuales ocurrieron en Quillota.
En dicha ciudad, los antisociales probaron suerte en esta nueva modalidad de atraco, antes de recalar en el centro de la capital.
Durante la investigación, el fiscal Peña logró acreditar cada uno de los "golpes", gracias a que utilizaban siempre los mismos implementos.
Las pruebas claves son dos armas de fuego, guantes, gorros deportivos, lentes de sol, cinta adhesiva y la misma pitilla con que amarraron a sus víctimas, derroteros que fueron recogidos en cada oficina victimizada y que dieron las luces para vincularlos a cada asalto.
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