Jueves 19 abril

Jueza dicta dos órdenes de aprehensión por fuga de "Sakarach"

Dos órdenes de detención en contra de Rafael Maureira Trujillo, conocido como "Sakarach", dictó ayer la jueza del 4° Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Quijada, luego que se hiciera público que el condenado por abuso sexual y asociación ilícita no cumplió con la medida cautelar de firma mensual correspondiente al mes de abril, y que desde el 17 de marzo pasado, según comprobó el propio abogado querellante, Cristián Espejo, no vive en el domicilio registrado en el tribunal: la sede de la Fundación Carlos Oviedo.
Espejo criticó la pasividad con que actuó la jueza del caso.Por esta razón, cerca de las 17 horas de ayer, personal de la Brigada de Ubicación de Personas de Investigaciones (Briup) se constituyó en la casa de acogida con las dos órdenes emanadas por el tribunal. La policía registró la pieza que ocupaba el ex líder de la red de pedofilia "Paidos" e interrogó al director de la entidad, Sergio Echeverría, quien reveló la existencia de una carta que dejó el condenado.
En el escrito, "Sakarach" agradece el trato recibido por la entidad benéfica y añade que viajaría al sur del país, presumiblemente a la comuna de Loncoche, donde vive su familia.También dice que se entregará a la justicia cuando reciba una pena justa (ver recuadro).No obstante, fuentes policiales revelaron ayer un dato no menor.
Desde febrero de este año, "Sakarach" disponía de una cantidad de dinero gracias a la venta de un terreno que le pertenecía a su familia.Se trata de un sitio ubicado en el sector de Aguas Verdes, en los Altos de Valparaíso, el que fue comprado por el director de la Fundación Carlos Oviedo.Por esta transacción, Maureira habría recibido una suma cercana al millón y medio de pesos.Ayer, Echeverría evitó comentar este episodio, aunque lo reconoció ante la policía.El director de la entidad sólo se refirió a la situación de Maureira, y aseguró que cuando se percataron de que había abandonado la casa intentaron informarle al abogado de "Sakarach", Gustavo Menares, pero éste no estuvo disponible, según dijo.
Menares aseguró ayer que renunciará hoy a la defensa del condenado, ya que éste "ha violado la condición más importante que yo le impuse como defensor, y ésta es que permaneciera internado en la Fundación Carlos Oviedo".Además, consideró "impresentable" la compra del terreno por parte de Echeverría, ya que -a su juicio- "Sakarach" "se fugó con la plata del director".
También, asegura que era responsabilidad de la fundación el haber avisado oportunamente al tribunal sobre la situación, ya que "ellos mismos presentaron un documento en el proceso, certificando que 'Sakarach' viviría en la casa de acogida", dijo.

La carta"Ya no puedo más con todo esto, y la verdad es que estoy al borde de una crisis mayor. Es por ello que he tomado la determinación de irme al sur (...) dejaré la firma botada, pero en su momento, una vez que salga la sentencia definitiva, volveré y me entregaré a la justicia siempre que la condena sea justa y merecida...". Ésta es una parte de la carta que Rafael Maureira dejó antes de abandonar la fundación.


Arriagada no sabe de pagos a partidos con gastos reservados

"Yo nunca he sabido de eso, y jamás lo habría tolerado". Así de categórico fue el ex ministro secretario general de la Presidencia Genaro Arriagada (DC) al ser consultado por "El Mercurio" sobre si los partidos de la Concertación eran financiados a través de los gastos reservados designados a cincos carteras, entre ellas la que él dirigió entre 1994 y 1996, cuando era presidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle.
Durante la declaración de más de dos horas que prestó ayer en el despacho de la ministra Amanda Valdovinos, en el Palacio de Tribunales, el ex jefe de Estado descartó que en su cartera haya habido desvíos de gastos reservados.
La diligencia se realizó en el marco de la indagación por el eventual desvío de estos montos a los partidos políticos de la Concertación y el uso que le dio el gobierno militar.
Arriagada agregó que tiene "la seguridad de que en ningún otro gabinete" se entregaron platas a los partidos oficialistas.
De esta manera, desmintió los dichos del ex presidente PPD Jorge Schaulsohn, quien afirmó que su partido recibía $5 millones de los gastos reservados destinados al Ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo en esa época de José Joaquín Brunner.
"El Mercurio" tuvo acceso a la declaración judicial de Schaulsohn ante la ministra Gloria Ana Chevesich en el caso MOP-Gate, la que fue publicada el 11 de enero pasado y en la que afirmó: "En un par de oportunidades lo recibí personalmente (...) desconozco absolutamente cómo se manejaba contablemente el tema en el partido", continuó.
Según Schaulsohn, con este dinero se pagaban los gastos del partido, tales como "financiamiento, luz, agua y secretarias".
Otro de los motivos por los que debió prestar testimonio Arriagada fue por sus trabajos y declaraciones públicas en las que se ha referido sobre los temas de probidad y corrupción del Estado.
"Le expresé mi preocupación por variadas formas de corrupción, como el clientelismo y aquellas que derivan del financiamiento de partidos y campañas, males que afectan a fuerzas de izquierda, centro y derecha", dijo el ex ministro.
Según Arriagada, los gastos reservados existen desde 1932 en Chile y "bajo los gobiernos de la Concertación se ha reducido su monto desde un 11% al fin de la dictadura a menos del 1% en la actualidad".
La jueza Valdovinos, además, le consultó por su participación en la Comisión Nacional de Ética Pública que constituyó en 1994 el ex Presidente Frei y en la que Arriagada era representante del Poder Ejecutivo. En ésta, además, participaron los presidentes del Senado, de la Cámara, de la Corte Suprema, del Consejo de Defensa del Estado, el Contralor, y personalidades de la Concertación y la derecha, entre otros.Alianza confía en ministraLa Alianza presentó una denuncia en diciembre a raíz de las declaraciones de Jorge Schaulsohn a "El Mercurio" sobre el financiamiento a los partidos oficialistas con gastos reservados. Uno de los patrocinantes es el abogado Cristián Letelier, quien se mostró satisfecho de que el proceso esté avanzando. "Hay una ministra en visita en la cual tenemos mucha confianza", afirmó.


Carabineros crea patrullas de reacción contra encapuchados

Patrullas de no más de cinco funcionarios que se desplazan en las pisaderas de vehículos livianos y que efectuarán detenciones selectivas relámpago contra violentistas encapuchados, conforman los nuevos Dispositivos de Intervención Rápida (DIR) contra disturbios que puso en funcionamiento oficialmente ayer Carabineros.
Según explicó a "El Mercurio" el general director de la institución, José Alejandro Bernales, "los funcionarios viajan en carros que se desplazan mucho más rápido que un bus, por ejemplo, y van en sus costados para que desciendan y procedan en el tiempo más corto posible".
"El objetivo es neutralizar en el acto a los vándalos más radicalizados dentro de una protesta. De esta manera se corta ahí cualquier retroalimentación para que otros potenciales violentistas actúen", agregó Bernales.
Este método de control tuvo una breve "práctica" el 29 de marzo pasado, para el Día del Joven Combatiente. El dispositivo, entre otras cosas, permitió en esa jornada apresar a sujetos armados en Villa Francia y debería ser empleado en manifestaciones que históricamente se dan en mayo.
La dotación del DIR, por ahora, alcanza a 60 funcionarios de Fuerzas Especiales. Ellos recibieron un entrenamiento especial y fueron seleccionados por contar con características de agilidad sobre el promedio.


La Fiscalía descarta "autorrobo" en casa de cambio del clan Mazza

La Fiscalía Santiago Norte estableció que el clan Mazza fue víctima del robo con fuerza de $420 millones la madrugada del 31 de diciembre pasado en la casa de cambio de su propiedad, "Costa Brava", ubicada en calle Agustinas 1062, en Santiago.
Con las mismas evidencias descartó el "autorrobo".
El local cerró por decisión de sus dueños, luego que sus bóvedas fueran desvalijadas por el grupo de tres carabineros y cuatro cómplices ya recluidos. Está arrendado a una óptica ajena al negocio del cambio de divisas.
Agregó que al momento de ocurrir el delito, el Ministerio Público estaba en conocimiento de que el clan Mazza era investigado por lavado de dinero.
"La investigación del robo es independiente del sumario judicial por lavado de activos", explicó Marcelo Escobar.
Trincado, de 39 años, albañil, fue detenido en La Pintana por la Brigada Investigadora de Robos, imputado de haber abierto las cajas de fondo con taladros y otras herramientas especiales.
Tiene antecedentes por giro doloso y dice haber recibido sólo $7 millones por su intervención.
Fue recluido en la cárcel Santiago Uno con medidas especiales de protección, luego que revelara estar amenazado de muerte por sus cómplices, por entregar una versión distinta.
Según la fiscalía, Trincado compartió la faena delictual con los detenidos Cristián Andrés Fuentes, José Luis Alvial y Lorenzo Antonio Reyes.
El cuarteto junto a otros dos prófugos fueron reclutados por los carabineros Óscar Eduardo Carrillo, Bernardo Charles Alarcón y José Manuel González, integrantes de la patrulla que dio cobertura al robo durante el servicio policial.


Aumento de menores acusados preocupa a Defensor Nacional

El Defensor Nacional, Eduardo Sepúlveda, expresó la inquietud de su entidad por el eventual impacto que podría tener un aumento en la judicialización de los menores de 18 años, una vez esté en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, a partir del 8 de junio próximo.
Explicó que hasta al 31 de diciembre pasado la Defensoría Penal Pública atendió durante 2006 a 21 mil adolescente entre 16 y 18 años en todo el país, en circunstancias de que ésa era la cantidad estimada para el total de menores infractores entre 14 y 18 años, con la nueva ley juvenil.
"Por lo que es difícil estimar lo que ocurrirá cuando se incorporen los de 14 y 15 años", dijo Sepúlveda, lo que abre un signo de interrogación sobre qué pasará con la Ley de Responsabilidad Adolescente cuando esté vigente.
Explicó que aún no han sido fijados los criterios de judicialización para los menores de 18 años, y que en la Defensoría Penal hay preocupación sobre cuáles serán los parámetros para justificar la persecución penal a ese grupo etario, sector que no tiene noción clara de lo que es delito y de ir a tribunales.