Viernes 13 abril

Hallan potentes explosivos en celda de reo condenado hasta el año 2025

Juan Arzola Garrido cumple dos condenas de 15 años y una de tres por robos con intimidación. Él es hasta ahora el único implicado en la internación de los poderosos explosivos encontrados ayer en su celda del módulo 3 del penal Colina II.
Así lo confirmó el alcaide del penal, comandante Mario Aros, quien agregó que sus subalternos ya manejaban información de la presencia de explosivos. El allanamiento se efectuó ayer, "ya que tuvimos una confirmación de que esos explosivos estaban en la unidad. Gracias a Dios, los encontramos".
Fuentes vinculadas al caso señalaron que los cuatro cartuchos de Tronex Plus -fabricados por la Empresa Nacional de Explosivos (Enaex)-, además de dos estopines (detonadores) y dos mechas, fueron hallados en un hoyo hecho en el muro, bajo el marco de la ventana de la celda. Las piezas estaban envueltas en plásticos.
Para la fuga
En el penal Colina II hay 1.658 internos. De ellos, 108 habitan el módulo en el que fueron encontrados los artefactos explosivos. Uno de los reos, Juan Arzola Garrido, fue inmediatamente aislado de la población penal tras los hallazgos, y se acogió a su derecho de guardar silencio.
De acuerdo al fiscal de la zona Centro-Norte Mauricio González, de ser encontrado culpable Arzola enfrentaría una pena que partiría de los 3 años, que se sumarían a los de presidio que le quedan y que culminan en noviembre de 2025.
Se investiga si existen más involucrados en la internación de los artefactos y si Arzola tiene historial subversivo y conocimientos en explosivos.
Por ahora, según fuentes de la unidad, como medida de castigo, el recluso acusado podría recibir hasta diez días de aislamiento completo.

Clan Mazza lavó dinero para cinco carteles

El clan Mazza organizó desde sus casas de cambio en Santiago, Valparaíso y Concepción el lavado de dinero para cinco carteles del narcotráfico colombiano. Así lo reveló ayer el abogado Hernán Peñafiel, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), durante su alegato ante la Corte de Apelaciones.
El profesional, sin embargo, sólo mencionó los carteles encabezados por Fabio Ochoa Vasco y Jorge Jiménez Urrego, dueños de las casas de cambio informales Federal de Valores y Fimesa, respectivamente (ver recuadro).
Peñafiel evitó mencionar los restantes carteles, ya que Colombia mantiene abiertos los cinco procesos judiciales por tráfico de cocaína y lavado de dinero en que aparecen implicados los chilenos del clan Mazza.

Durante los alegatos, el representante del CDE recordó que Luis Mazza llegó a vivir a Santiago en 2002, después de una década de residencia en Chicago, reactivando el negocio familiar de las casas de cambio operadas por Costa Brava.
Peñafiel recordó que el clan Mazza operaba con billetes de euros de alta denominación que transportaban los propios integrantes del grupo o empleados de confianza en equipaje de mano, respetando las disposiciones para el porte de dinero efectivo.
Citando antecedentes reunidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el querellante señaló que entre 2004 y 2005 los Mazza declararon la compra de euros por US$80 millones anuales, mientras que la casa de cambio que le sigue en volumen en el mercado de divisas declaró apenas US$ 3,5 millones.
Sobre las ventas de euros durante esos períodos, el clan Mazza declaró US$ 73 millones anuales, en tanto que la casa de cambio que le sigue en montos declaró US$ 3,7 millones.
Según Peñafiel, las cifras menores sobre la compra y venta de euros reflejan el movimiento real de pasajeros entre Chile y Europa, mientras que las cifras que declaran los Mazza refuerza la hipótesis del origen ilícito de esos billetes.
En otro pasaje de su intervención, Peñafiel reveló que Daniel Mazza estuvo en tres ocasiones en Colombia invitado por los carteles. También leyó la transcripción de una conversación con su padre, Mauricio, detenido en EE.UU., en la cual queda en evidencia que sabían de la procedencia de los fondos.
Según el CDE, Daniel hizo 52 viajes por avión portando euros en su maletín durante los tres años que fue indagado con apoyo de la Brigada de Lavado de Activos. Su abogado Yienison Yapur lo defendió argumentando que sólo era un empleado que ganaba $300 mil al mes y US$ 100 por viaje.
En la misma oportunidad, Peñafiel informó que Juan Alberto Lama, otro de los cinco procesados por el 2º Juzgado del Crimen de Santiago, hizo 55 viajes a EE.UU. llevando billetes de euros. Su contraparte, el abogado Alvaro Macklenburg, argumentó que era empleado ocasional y que viaja a Miami para visitar a sus hijos.El abogado Gustavo Zeballos, defensor de Luis Mazza, se esforzó por dejar sin efecto el auto de procesamiento y pidió enviar la querella a la nueva justicia. No tuvo éxito, porque los hechos datan del 2004, cuando aún no estaba vigente la reforma penal.

Maldonado remueve al jefe de Gendarmería

Estuvo un año en el cargo y enfrentó diversos conflictos por crisis carcelaria.
Un año y seis días duró en el cargo de director nacional de Gendarmería el abogado radical Alfredo Bañados Lagos.
El ministro de Justicia, Carlos Maldonado (también PRSD), explicó que el movimiento se gestó en la mañana de ayer, luego de una reunión en la que le expuso a Bañados su interés por generar cambios en la gestión institucional. Ante ello, el personero puso su cargo a disposición y le hizo llegar su carta de renuncia. Maldonado descartó situaciones políticas en la salida.
Bañados, ex seremi de Justicia de la IX Región, fue nombrado en el cargo por el ex ministro de Justicia Isidro Solís el 6 de abril del año pasado, y desde un primer momento debió enfrentar conflictos, derivados de la compleja realidad penitenciaria.
El 23 de junio de 2005, el juez del 7º Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, visitó la calle 11 de la ex Penitenciaría, donde 80 reclusos dormían a la intemperie bajo la lluvia, producto del hacinamiento de 5.700 presos en ese vetusto penal de 160 años.
Sorteada esta crisis, Bañados debió enfrentar un crítico informe de la Universidad Diego Portales sobre corrupción y abusos contra los internos en las cárceles chilenas, lo que llevó al director de Gendarmería a pedir un relator de la ONU para contrarrestar el informe.
Además, tuvo problemas con las asociaciones de funcionarios, quienes se quejaban de falta de seguridad y maltratos.
Se sumó que el 21 de noviembre se amotinaron los presos de Los Ángeles, tras la muerte de un interno al tratar de escapar. Al día siguiente, en Santiago, un joven que asistía a los Tribunales de Garantía fue apuñalado.
Ayer, su partida estuvo marcada por el hallazgo de explosivos en la cárcel de Colina II. El ministro Maldonado negó que ese hecho, que consideró grave, haya influido en su decisión.