Noticias día martes 10 de abril

Falencias en ley juvenil podrían obligar a su aplicación gradual


Zanjada la discusión sobre si la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente partirá o no el 8 de junio próximo con la decisión del Gobierno de cumplir con ese plazo, tanto el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, como el coordinador nombrado para su implementación, Andrés Mahn-ke, han dejado entrever que para evitar un colapso en su aplicación se podría aplicar gradualmente esta norma.
Tal posibilidad, que sería planteada la próxima semana en el informe que la comisión de expertos debe entregar a las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de ambas cámaras del Legislativo, ha abierto un nuevo frente de discusión sobre la ya polémica ley.
Para Gonzalo Vargas, gerente de la Fundación Paz Ciudadana, es una solución menos mala que la postergación, y que de aplicarse debería ser por tramo etario y no por región, para no afectar la igualdad ante la ley.
De este modo, la nueva norma comenzaría a regir el 8 de junio para los adolescentes de 16 y 17 años, y se aplazaría por un año su aplicación a los de 14 y 15.
Otra posibilidad, según Vargas, es establecer la gradualidad por penas, de modo que, por ejemplo, aquellas que consideran la internación en régimen semicerrado se excluyan durante el primer año de vigencia.
Menos dispuesto a acoger esa idea se muestra el senador Alberto Espina (RN), integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta, quien dice ser partidario de que la nueva ley tiene que regir para todos y que la gradualidad, aparte de ser injusta, ya que deja sin posibilidades de rehabilitación a quienes quedan fuera de su aplicación, "es sólo una forma de esconder la ineficacia del Gobierno en la implantación de la ley".

El diputado Jorge Burgos (DC), miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, prefiere esperar lo que proponga la comisión de expertos, y dice que la gradualización puede ser por edad o por tipificación de penas.
Dijo estar dispuesto a discutir tanto la gradualidad como ajustes a la norma, "pero lo bueno es que no hay postergación".Walker preocupado por retrasos
El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Walker, emplazó al Gobierno y al resto de los actores involucrados en la marcha de la nueva ley penal juvenil a que realicen un "esfuerzo sobrehumano" con el fin de llevar a cabo sin problemas la tarea. El parlamentario se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, para manifestar su preocupación por las dificultades que podría tener la implementación de la ley.


Tocornal es condenado a 13 años de cárcel sin beneficios

A 10 años y un día por violación reiterada de su hijo mayor y otros tres años y un día por determinar a su hijo menor a realizar actos de connotación sexual, fue condenado ayer el ex ejecutivo bancario Jorge Tocornal.
En diez minutos, el presidente del Tercer Tribunal Oral de Santiago, Danilo Báez, leyó la parte resolutiva de la sentencia de 252 páginas contra Tocornal, quien esta vez fue acompañado por sus abogados Luis Hermosilla y Francisco Cox, y un reducido grupo de amigos.
El ex ejecutivo se mantuvo en todo momento sereno al conocer que su condena subía en dos años más, ya que el primer juicio oral en su contra -anulado por la Corte Suprema- se le sentenció a 11 años por ambos delitos.
No obstante, la pena que le impuso ayer fue inferior a los 15 años que pidieron la fiscalía y la parte querellante.Penas accesorias
Además de los 13 años de cárcel, el tribunal condenó a la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos u oficios públicos y sus derechos políticos, y a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer profesiones titulares mientras dure la pena.
El dictamen también privó al condenado de la patria potestad de los sus hijos y de todos los derechos que la ley le confiere respecto de la persona y bienes de los niños, de sus ascendientes y descendientes. Tocornal conserva todas las obligaciones legales en beneficio de las víctimas o de sus descendientes.

El tribunal dispuso además la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad por los diez años siguientes al cumplimiento de las penas principales.
Esto implica que cuando Jorge Tocornal egrese de la cárcel deberá informar su domicilio al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, a fin de que éste oficie a la unidad policial correspondiente para que se efectúe el control dispuesto en el artículo 372 del Código Penal.
Dicha norma establece el pago de una multa, si no se informa el domicilio actual cada tres meses.
Las pruebas clave
El tribunal dio pleno valor a los exámenes practicados al menor J.T.P. por los doctores Jorge Torres Torreti y Ricardo Díaz Serani, quienes concluyeron que el niño tenía una lesión compatible con penetración anal. Así, se desestimó la crítica de la defensa por no usarse un manómetro para medir la tonicidad del músculo, "toda vez que su utilización en este tipo de pericias no se encuentra estandarizada como de uso normal y tampoco es un mecanismo aceptado en la literatura".

Otra prueba contundente fue el relato del niño mayor, quien declaró que "cuando su papá hacía esto le dolía, gritaba (expresa un grito contenido y hace un gesto facial de contención y dolor), él lo hacía callar para que no lo escuchara nadie. Después que esto pasaba se iban a comer y a acostar". Sostuvo que "ocurrió más de 10 veces, fueron hartas veces, en las oportunidades en que iba a casa de su padre. Refirió que cuando ocurrió esto había otras personas. Estaba la Patty, su nana, su hermano Joaquín".

Tres nuevas empresas imputadas por facturas

La fiscal del caso Publicam, Nancy González, formalizó ayer a tres ejecutivos de empresas contribuyentes que incorporaron facturas falsas a sus contabilidades.
Se trata del ex gerente comercial del Pabellón de la Construcción, Eduardo Risso Zavala, quien utilizó 39 facturas de diversas sociedades fantasmas en las contabilidades de su empresa Marketing y Servicios Ltda. También se formularon cargos contra Ignacio González Quezada, representante legal de Imagen y Construcción C&S Ltda., y contra Cristián Valle Sánchez, de la empresa Constructora del Caño Ltda.

Para Eduardo Risso, la fiscal solicitó la prisión preventiva, ya que, a diferencia de los otros ejecutivos, éste no reconoció la incorporación de los documentos aduciendo que correspondían a operaciones reales. La petición de la fiscalía fue negada por el tribunal.
Según reveló ayer el Ministerio Público, las tres empresas aludidas ocasionaron perjuicio al fisco cercano a los $300 millones.