viernes, 20 de abril de 2007
Jueves 19 abril
Jueza dicta dos órdenes de aprehensión por fuga de "Sakarach"
Dos órdenes de detención en contra de Rafael Maureira Trujillo, conocido como "Sakarach", dictó ayer la jueza del 4° Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Quijada, luego que se hiciera público que el condenado por abuso sexual y asociación ilícita no cumplió con la medida cautelar de firma mensual correspondiente al mes de abril, y que desde el 17 de marzo pasado, según comprobó el propio abogado querellante, Cristián Espejo, no vive en el domicilio registrado en el tribunal: la sede de la Fundación Carlos Oviedo.
Espejo criticó la pasividad con que actuó la jueza del caso.Por esta razón, cerca de las 17 horas de ayer, personal de la Brigada de Ubicación de Personas de Investigaciones (Briup) se constituyó en la casa de acogida con las dos órdenes emanadas por el tribunal. La policía registró la pieza que ocupaba el ex líder de la red de pedofilia "Paidos" e interrogó al director de la entidad, Sergio Echeverría, quien reveló la existencia de una carta que dejó el condenado.
En el escrito, "Sakarach" agradece el trato recibido por la entidad benéfica y añade que viajaría al sur del país, presumiblemente a la comuna de Loncoche, donde vive su familia.También dice que se entregará a la justicia cuando reciba una pena justa (ver recuadro).No obstante, fuentes policiales revelaron ayer un dato no menor.
Desde febrero de este año, "Sakarach" disponía de una cantidad de dinero gracias a la venta de un terreno que le pertenecía a su familia.Se trata de un sitio ubicado en el sector de Aguas Verdes, en los Altos de Valparaíso, el que fue comprado por el director de la Fundación Carlos Oviedo.Por esta transacción, Maureira habría recibido una suma cercana al millón y medio de pesos.Ayer, Echeverría evitó comentar este episodio, aunque lo reconoció ante la policía.El director de la entidad sólo se refirió a la situación de Maureira, y aseguró que cuando se percataron de que había abandonado la casa intentaron informarle al abogado de "Sakarach", Gustavo Menares, pero éste no estuvo disponible, según dijo.
Menares aseguró ayer que renunciará hoy a la defensa del condenado, ya que éste "ha violado la condición más importante que yo le impuse como defensor, y ésta es que permaneciera internado en la Fundación Carlos Oviedo".Además, consideró "impresentable" la compra del terreno por parte de Echeverría, ya que -a su juicio- "Sakarach" "se fugó con la plata del director".
También, asegura que era responsabilidad de la fundación el haber avisado oportunamente al tribunal sobre la situación, ya que "ellos mismos presentaron un documento en el proceso, certificando que 'Sakarach' viviría en la casa de acogida", dijo.
La carta"Ya no puedo más con todo esto, y la verdad es que estoy al borde de una crisis mayor. Es por ello que he tomado la determinación de irme al sur (...) dejaré la firma botada, pero en su momento, una vez que salga la sentencia definitiva, volveré y me entregaré a la justicia siempre que la condena sea justa y merecida...". Ésta es una parte de la carta que Rafael Maureira dejó antes de abandonar la fundación.
Arriagada no sabe de pagos a partidos con gastos reservados
"Yo nunca he sabido de eso, y jamás lo habría tolerado". Así de categórico fue el ex ministro secretario general de la Presidencia Genaro Arriagada (DC) al ser consultado por "El Mercurio" sobre si los partidos de la Concertación eran financiados a través de los gastos reservados designados a cincos carteras, entre ellas la que él dirigió entre 1994 y 1996, cuando era presidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle.
Durante la declaración de más de dos horas que prestó ayer en el despacho de la ministra Amanda Valdovinos, en el Palacio de Tribunales, el ex jefe de Estado descartó que en su cartera haya habido desvíos de gastos reservados.
La diligencia se realizó en el marco de la indagación por el eventual desvío de estos montos a los partidos políticos de la Concertación y el uso que le dio el gobierno militar.
Arriagada agregó que tiene "la seguridad de que en ningún otro gabinete" se entregaron platas a los partidos oficialistas.
De esta manera, desmintió los dichos del ex presidente PPD Jorge Schaulsohn, quien afirmó que su partido recibía $5 millones de los gastos reservados destinados al Ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo en esa época de José Joaquín Brunner.
"El Mercurio" tuvo acceso a la declaración judicial de Schaulsohn ante la ministra Gloria Ana Chevesich en el caso MOP-Gate, la que fue publicada el 11 de enero pasado y en la que afirmó: "En un par de oportunidades lo recibí personalmente (...) desconozco absolutamente cómo se manejaba contablemente el tema en el partido", continuó.
Según Schaulsohn, con este dinero se pagaban los gastos del partido, tales como "financiamiento, luz, agua y secretarias".
Otro de los motivos por los que debió prestar testimonio Arriagada fue por sus trabajos y declaraciones públicas en las que se ha referido sobre los temas de probidad y corrupción del Estado.
"Le expresé mi preocupación por variadas formas de corrupción, como el clientelismo y aquellas que derivan del financiamiento de partidos y campañas, males que afectan a fuerzas de izquierda, centro y derecha", dijo el ex ministro.
Según Arriagada, los gastos reservados existen desde 1932 en Chile y "bajo los gobiernos de la Concertación se ha reducido su monto desde un 11% al fin de la dictadura a menos del 1% en la actualidad".
La jueza Valdovinos, además, le consultó por su participación en la Comisión Nacional de Ética Pública que constituyó en 1994 el ex Presidente Frei y en la que Arriagada era representante del Poder Ejecutivo. En ésta, además, participaron los presidentes del Senado, de la Cámara, de la Corte Suprema, del Consejo de Defensa del Estado, el Contralor, y personalidades de la Concertación y la derecha, entre otros.Alianza confía en ministraLa Alianza presentó una denuncia en diciembre a raíz de las declaraciones de Jorge Schaulsohn a "El Mercurio" sobre el financiamiento a los partidos oficialistas con gastos reservados. Uno de los patrocinantes es el abogado Cristián Letelier, quien se mostró satisfecho de que el proceso esté avanzando. "Hay una ministra en visita en la cual tenemos mucha confianza", afirmó.
Carabineros crea patrullas de reacción contra encapuchados
Patrullas de no más de cinco funcionarios que se desplazan en las pisaderas de vehículos livianos y que efectuarán detenciones selectivas relámpago contra violentistas encapuchados, conforman los nuevos Dispositivos de Intervención Rápida (DIR) contra disturbios que puso en funcionamiento oficialmente ayer Carabineros.
Según explicó a "El Mercurio" el general director de la institución, José Alejandro Bernales, "los funcionarios viajan en carros que se desplazan mucho más rápido que un bus, por ejemplo, y van en sus costados para que desciendan y procedan en el tiempo más corto posible".
"El objetivo es neutralizar en el acto a los vándalos más radicalizados dentro de una protesta. De esta manera se corta ahí cualquier retroalimentación para que otros potenciales violentistas actúen", agregó Bernales.
Este método de control tuvo una breve "práctica" el 29 de marzo pasado, para el Día del Joven Combatiente. El dispositivo, entre otras cosas, permitió en esa jornada apresar a sujetos armados en Villa Francia y debería ser empleado en manifestaciones que históricamente se dan en mayo.
La dotación del DIR, por ahora, alcanza a 60 funcionarios de Fuerzas Especiales. Ellos recibieron un entrenamiento especial y fueron seleccionados por contar con características de agilidad sobre el promedio.
La Fiscalía descarta "autorrobo" en casa de cambio del clan Mazza
La Fiscalía Santiago Norte estableció que el clan Mazza fue víctima del robo con fuerza de $420 millones la madrugada del 31 de diciembre pasado en la casa de cambio de su propiedad, "Costa Brava", ubicada en calle Agustinas 1062, en Santiago.
Con las mismas evidencias descartó el "autorrobo".
El local cerró por decisión de sus dueños, luego que sus bóvedas fueran desvalijadas por el grupo de tres carabineros y cuatro cómplices ya recluidos. Está arrendado a una óptica ajena al negocio del cambio de divisas.
Agregó que al momento de ocurrir el delito, el Ministerio Público estaba en conocimiento de que el clan Mazza era investigado por lavado de dinero.
"La investigación del robo es independiente del sumario judicial por lavado de activos", explicó Marcelo Escobar.
Trincado, de 39 años, albañil, fue detenido en La Pintana por la Brigada Investigadora de Robos, imputado de haber abierto las cajas de fondo con taladros y otras herramientas especiales.
Tiene antecedentes por giro doloso y dice haber recibido sólo $7 millones por su intervención.
Fue recluido en la cárcel Santiago Uno con medidas especiales de protección, luego que revelara estar amenazado de muerte por sus cómplices, por entregar una versión distinta.
Según la fiscalía, Trincado compartió la faena delictual con los detenidos Cristián Andrés Fuentes, José Luis Alvial y Lorenzo Antonio Reyes.
El cuarteto junto a otros dos prófugos fueron reclutados por los carabineros Óscar Eduardo Carrillo, Bernardo Charles Alarcón y José Manuel González, integrantes de la patrulla que dio cobertura al robo durante el servicio policial.
Aumento de menores acusados preocupa a Defensor Nacional
El Defensor Nacional, Eduardo Sepúlveda, expresó la inquietud de su entidad por el eventual impacto que podría tener un aumento en la judicialización de los menores de 18 años, una vez esté en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, a partir del 8 de junio próximo.
Explicó que hasta al 31 de diciembre pasado la Defensoría Penal Pública atendió durante 2006 a 21 mil adolescente entre 16 y 18 años en todo el país, en circunstancias de que ésa era la cantidad estimada para el total de menores infractores entre 14 y 18 años, con la nueva ley juvenil.
"Por lo que es difícil estimar lo que ocurrirá cuando se incorporen los de 14 y 15 años", dijo Sepúlveda, lo que abre un signo de interrogación sobre qué pasará con la Ley de Responsabilidad Adolescente cuando esté vigente.
Explicó que aún no han sido fijados los criterios de judicialización para los menores de 18 años, y que en la Defensoría Penal hay preocupación sobre cuáles serán los parámetros para justificar la persecución penal a ese grupo etario, sector que no tiene noción clara de lo que es delito y de ir a tribunales.
Dos órdenes de detención en contra de Rafael Maureira Trujillo, conocido como "Sakarach", dictó ayer la jueza del 4° Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Quijada, luego que se hiciera público que el condenado por abuso sexual y asociación ilícita no cumplió con la medida cautelar de firma mensual correspondiente al mes de abril, y que desde el 17 de marzo pasado, según comprobó el propio abogado querellante, Cristián Espejo, no vive en el domicilio registrado en el tribunal: la sede de la Fundación Carlos Oviedo.
Espejo criticó la pasividad con que actuó la jueza del caso.Por esta razón, cerca de las 17 horas de ayer, personal de la Brigada de Ubicación de Personas de Investigaciones (Briup) se constituyó en la casa de acogida con las dos órdenes emanadas por el tribunal. La policía registró la pieza que ocupaba el ex líder de la red de pedofilia "Paidos" e interrogó al director de la entidad, Sergio Echeverría, quien reveló la existencia de una carta que dejó el condenado.
En el escrito, "Sakarach" agradece el trato recibido por la entidad benéfica y añade que viajaría al sur del país, presumiblemente a la comuna de Loncoche, donde vive su familia.También dice que se entregará a la justicia cuando reciba una pena justa (ver recuadro).No obstante, fuentes policiales revelaron ayer un dato no menor.
Desde febrero de este año, "Sakarach" disponía de una cantidad de dinero gracias a la venta de un terreno que le pertenecía a su familia.Se trata de un sitio ubicado en el sector de Aguas Verdes, en los Altos de Valparaíso, el que fue comprado por el director de la Fundación Carlos Oviedo.Por esta transacción, Maureira habría recibido una suma cercana al millón y medio de pesos.Ayer, Echeverría evitó comentar este episodio, aunque lo reconoció ante la policía.El director de la entidad sólo se refirió a la situación de Maureira, y aseguró que cuando se percataron de que había abandonado la casa intentaron informarle al abogado de "Sakarach", Gustavo Menares, pero éste no estuvo disponible, según dijo.
Menares aseguró ayer que renunciará hoy a la defensa del condenado, ya que éste "ha violado la condición más importante que yo le impuse como defensor, y ésta es que permaneciera internado en la Fundación Carlos Oviedo".Además, consideró "impresentable" la compra del terreno por parte de Echeverría, ya que -a su juicio- "Sakarach" "se fugó con la plata del director".
También, asegura que era responsabilidad de la fundación el haber avisado oportunamente al tribunal sobre la situación, ya que "ellos mismos presentaron un documento en el proceso, certificando que 'Sakarach' viviría en la casa de acogida", dijo.
La carta"Ya no puedo más con todo esto, y la verdad es que estoy al borde de una crisis mayor. Es por ello que he tomado la determinación de irme al sur (...) dejaré la firma botada, pero en su momento, una vez que salga la sentencia definitiva, volveré y me entregaré a la justicia siempre que la condena sea justa y merecida...". Ésta es una parte de la carta que Rafael Maureira dejó antes de abandonar la fundación.
Arriagada no sabe de pagos a partidos con gastos reservados
"Yo nunca he sabido de eso, y jamás lo habría tolerado". Así de categórico fue el ex ministro secretario general de la Presidencia Genaro Arriagada (DC) al ser consultado por "El Mercurio" sobre si los partidos de la Concertación eran financiados a través de los gastos reservados designados a cincos carteras, entre ellas la que él dirigió entre 1994 y 1996, cuando era presidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle.
Durante la declaración de más de dos horas que prestó ayer en el despacho de la ministra Amanda Valdovinos, en el Palacio de Tribunales, el ex jefe de Estado descartó que en su cartera haya habido desvíos de gastos reservados.
La diligencia se realizó en el marco de la indagación por el eventual desvío de estos montos a los partidos políticos de la Concertación y el uso que le dio el gobierno militar.
Arriagada agregó que tiene "la seguridad de que en ningún otro gabinete" se entregaron platas a los partidos oficialistas.
De esta manera, desmintió los dichos del ex presidente PPD Jorge Schaulsohn, quien afirmó que su partido recibía $5 millones de los gastos reservados destinados al Ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo en esa época de José Joaquín Brunner.
"El Mercurio" tuvo acceso a la declaración judicial de Schaulsohn ante la ministra Gloria Ana Chevesich en el caso MOP-Gate, la que fue publicada el 11 de enero pasado y en la que afirmó: "En un par de oportunidades lo recibí personalmente (...) desconozco absolutamente cómo se manejaba contablemente el tema en el partido", continuó.
Según Schaulsohn, con este dinero se pagaban los gastos del partido, tales como "financiamiento, luz, agua y secretarias".
Otro de los motivos por los que debió prestar testimonio Arriagada fue por sus trabajos y declaraciones públicas en las que se ha referido sobre los temas de probidad y corrupción del Estado.
"Le expresé mi preocupación por variadas formas de corrupción, como el clientelismo y aquellas que derivan del financiamiento de partidos y campañas, males que afectan a fuerzas de izquierda, centro y derecha", dijo el ex ministro.
Según Arriagada, los gastos reservados existen desde 1932 en Chile y "bajo los gobiernos de la Concertación se ha reducido su monto desde un 11% al fin de la dictadura a menos del 1% en la actualidad".
La jueza Valdovinos, además, le consultó por su participación en la Comisión Nacional de Ética Pública que constituyó en 1994 el ex Presidente Frei y en la que Arriagada era representante del Poder Ejecutivo. En ésta, además, participaron los presidentes del Senado, de la Cámara, de la Corte Suprema, del Consejo de Defensa del Estado, el Contralor, y personalidades de la Concertación y la derecha, entre otros.Alianza confía en ministraLa Alianza presentó una denuncia en diciembre a raíz de las declaraciones de Jorge Schaulsohn a "El Mercurio" sobre el financiamiento a los partidos oficialistas con gastos reservados. Uno de los patrocinantes es el abogado Cristián Letelier, quien se mostró satisfecho de que el proceso esté avanzando. "Hay una ministra en visita en la cual tenemos mucha confianza", afirmó.
Carabineros crea patrullas de reacción contra encapuchados
Patrullas de no más de cinco funcionarios que se desplazan en las pisaderas de vehículos livianos y que efectuarán detenciones selectivas relámpago contra violentistas encapuchados, conforman los nuevos Dispositivos de Intervención Rápida (DIR) contra disturbios que puso en funcionamiento oficialmente ayer Carabineros.
Según explicó a "El Mercurio" el general director de la institución, José Alejandro Bernales, "los funcionarios viajan en carros que se desplazan mucho más rápido que un bus, por ejemplo, y van en sus costados para que desciendan y procedan en el tiempo más corto posible".
"El objetivo es neutralizar en el acto a los vándalos más radicalizados dentro de una protesta. De esta manera se corta ahí cualquier retroalimentación para que otros potenciales violentistas actúen", agregó Bernales.
Este método de control tuvo una breve "práctica" el 29 de marzo pasado, para el Día del Joven Combatiente. El dispositivo, entre otras cosas, permitió en esa jornada apresar a sujetos armados en Villa Francia y debería ser empleado en manifestaciones que históricamente se dan en mayo.
La dotación del DIR, por ahora, alcanza a 60 funcionarios de Fuerzas Especiales. Ellos recibieron un entrenamiento especial y fueron seleccionados por contar con características de agilidad sobre el promedio.
La Fiscalía descarta "autorrobo" en casa de cambio del clan Mazza
La Fiscalía Santiago Norte estableció que el clan Mazza fue víctima del robo con fuerza de $420 millones la madrugada del 31 de diciembre pasado en la casa de cambio de su propiedad, "Costa Brava", ubicada en calle Agustinas 1062, en Santiago.
Con las mismas evidencias descartó el "autorrobo".
El local cerró por decisión de sus dueños, luego que sus bóvedas fueran desvalijadas por el grupo de tres carabineros y cuatro cómplices ya recluidos. Está arrendado a una óptica ajena al negocio del cambio de divisas.
Agregó que al momento de ocurrir el delito, el Ministerio Público estaba en conocimiento de que el clan Mazza era investigado por lavado de dinero.
"La investigación del robo es independiente del sumario judicial por lavado de activos", explicó Marcelo Escobar.
Trincado, de 39 años, albañil, fue detenido en La Pintana por la Brigada Investigadora de Robos, imputado de haber abierto las cajas de fondo con taladros y otras herramientas especiales.
Tiene antecedentes por giro doloso y dice haber recibido sólo $7 millones por su intervención.
Fue recluido en la cárcel Santiago Uno con medidas especiales de protección, luego que revelara estar amenazado de muerte por sus cómplices, por entregar una versión distinta.
Según la fiscalía, Trincado compartió la faena delictual con los detenidos Cristián Andrés Fuentes, José Luis Alvial y Lorenzo Antonio Reyes.
El cuarteto junto a otros dos prófugos fueron reclutados por los carabineros Óscar Eduardo Carrillo, Bernardo Charles Alarcón y José Manuel González, integrantes de la patrulla que dio cobertura al robo durante el servicio policial.
Aumento de menores acusados preocupa a Defensor Nacional
El Defensor Nacional, Eduardo Sepúlveda, expresó la inquietud de su entidad por el eventual impacto que podría tener un aumento en la judicialización de los menores de 18 años, una vez esté en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, a partir del 8 de junio próximo.
Explicó que hasta al 31 de diciembre pasado la Defensoría Penal Pública atendió durante 2006 a 21 mil adolescente entre 16 y 18 años en todo el país, en circunstancias de que ésa era la cantidad estimada para el total de menores infractores entre 14 y 18 años, con la nueva ley juvenil.
"Por lo que es difícil estimar lo que ocurrirá cuando se incorporen los de 14 y 15 años", dijo Sepúlveda, lo que abre un signo de interrogación sobre qué pasará con la Ley de Responsabilidad Adolescente cuando esté vigente.
Explicó que aún no han sido fijados los criterios de judicialización para los menores de 18 años, y que en la Defensoría Penal hay preocupación sobre cuáles serán los parámetros para justificar la persecución penal a ese grupo etario, sector que no tiene noción clara de lo que es delito y de ir a tribunales.
Miércoles 18 abril
Ex líder de Publicam condenado por tenencia de arma
Manuel Arancibia Morales, uno de los supuestos ex líderes de la organización criminal detrás de las facturas falsas de Publicam, sumó ayer un nuevo problema judicial.
El 7.o Juzgado de Garantía lo condenó a través de un procedimiento simplificado a 61 días de presidio efectivo por el delito de tenencia ilegal de armas.
Este nuevo proceso fue investigado por el fiscal Andrés Montes, de la Fiscalía Centro Norte, y estaba abierto desde octubre del año 2005, antes de que se revelara la existencia de una mafia de venta de facturas falsas.
Arancibia fue detenido por la policía en su oficina de Huérfanos 1147 -donde funcionaba Publicam- por un giro doloso de cheques.
Allí, antes de ser trasladado al cuartel policial, Arancibia le reconoció a sus captores que en el cajón de su escritorio tenía un arma que no estaba inscrita: un revólver marca Taurus calibre 38.
Manuel Arancibia tenía una condena anterior del Primer Juzgado del Crimen de Temuco por el delito de tráfico de estupefacientes, y gozaba del beneficio de la libertad vigilada.
Con esta resolución, el tribunal podría revocar el beneficio.
Investigaciones pericia local de heladero Jorge Martínez
Por más de cinco horas estuvo personal del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones en el local del fallecido heladero Jorge Martínez, principal sospechoso de la muerte y descuartizamiento de Hans Pozo, hecho ocurrido en marzo de 2006 y que pasó a la historia como el caso del "descuartizado de Puente Alto".
Según informó el prefecto Julio Ibáñez, jefe nacional de la unidad, la pericia tenía como objetivo delimitar el sitio donde Martínez, luego de un control de Carabineros, falleció. Ibáñez señaló que en los próximos días tomarán muestras que puedan aclarar, en parte, si el empresario se suicidó (como se ha señalado) o si, por el contrario, fue asesinado -según señala la familia-. El caso está en manos de la fiscalía militar de Santiago. Martínez falleció el 8 de abril de 2006.
Procesan a José Alfredo Fuentes, Checho Hirane y Mario Mauriziano
Por fraude tributario, fueron sometidos a proceso los artistas José Alfredo "Pollo" Fuentes, Sergio "Checho" Hirane y Jorge Eduardo Contreras y el comentarista deportivo Mario Mauriziano, en el marco de una querella presentada hace unos días por el Servicio de Impuestos Internos, vinculada al uso de facturas ideológicamente falsas.
Así fue confirmado ayer en esferas judiciales y a través de fuentes ligadas a la investigación que instruye el 32° Juzgado del Crimen de Santiago.
Además de estas figuras públicas, quedaron encausadas otras dos personas.
Hoy comenzaría la notificación del auto de procesamiento, del cual se desprende una orden de detención para los encausados, según lo dispone el antiguo procedimiento penal.
Así ocurrió a principios de año en ese tribunal, cuando fue procesado Iván Arenas ("Profesor Rossa"), quien se internó en una clínica privada para someterse a exámenes médicos.
Si bien se prevé que a los encausados se les otorgará la libertad provisional en el 32° Juzgado, esa decisión debería ser revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago vía consulta.
El abogado de Mario Mauriziano, Cristián Muga, señaló que están evaluando los pasos a seguir para enfrentar esta defensa, ya que hoy conocerán el contenido de la resolución y si se dictó o no una orden de aprehensión.
Este procesamiento tiene como denominador común a Paula Bocaz, quien habría entregado las facturas irregulares a estos personajes de espectáculos.
Colegio de Abogados acoge amparo contra jueza Chevesich
El Consejo General del Colegio de Abogados acogió el amparo profesional presentado por el abogado Raúl Donckaster, en el que reclama por la conducta "ilegal y abusiva" de la ministra Gloria Ana Chevesich en el caso MOP-Foro.
La molestia del defensor de Eduardo D'Hainaut, ex asesor del ministro Carlos Cruz, se debe a que la jueza no le permitió ingresar a la declaración de más de 20 testigos a la que citó como medida para mejor resolver, luego de realizar la etapa probatoria, pese a que está dentro de sus atribuciones como defensor, porque en esa fase del proceso la indagación es abierta.
El Colegio de Abogados asegura que la actuación de la ministra "implicó un menoscabo al derecho a defensa de la parte y al derecho del abogado a ejercer la profesión de manera que estime más adecuada, necesaria para la correcta y legal representación de su cliente".
En la resolución recuerdan que la Corte Suprema instruyó a los juzgados del país sobre las garantías constitucionales que tienen las defensas.
Todavía está pendiente en la Corte una queja que presentó el mismo abogado en contra de la jueza.
Dictan primera condena en caso Chiledeportes
TEMUCO.– A una pena de 541 días de prisión fue condenado Jaime Aravena (23 años), ex secretario del diputado PPD Jaime Quintana, luego que en juicio simplificado reconoció haber falsificado la firma del alcalde de Victoria, Jorge Saffirio (DC), para adjudicarse un proyecto de Chiledeportes por $ 1.200.000.
Esta es la primera sentencia condenatoria dictada por un tribunal en torno a las diversas causas por el escándalo de irregularidades en la asignación de fondos de Chiledeportes, que en octubre último culminó con la solicitud de renuncia de los 13 directores regionales.
Aravena actuó como representante de juntas de vecinos en el proyecto "Recreación para mujeres de Victoria", para la compra de elementos deportivos para ocho equipos femeninos de babyfutbol, en el marco de competencias deportivas y recreativas. El proyecto se tramitó entre mayo y agosto de 2005, debiendo contar con la autorización de uso del gimnasio municipal para el torneo. Para ello, Aravena falsificó la firma del alcalde Saffirio. En 2006, durante la tramitación del proyecto, el edil denunció ante la fiscalía de Victoria la falsificación.
Tras la aceptación de su culpabilidad, Aravena fue llevado a un juicio simplificado. El fiscal Héctor Leiva solicitó una pena de tres años, pero el tribunal asignó la penalidad más baja, al estimar que los fondos asignados por Chiledeportes habían sido ocupados para los fines a que estaban destinados.
Manuel Arancibia Morales, uno de los supuestos ex líderes de la organización criminal detrás de las facturas falsas de Publicam, sumó ayer un nuevo problema judicial.
El 7.o Juzgado de Garantía lo condenó a través de un procedimiento simplificado a 61 días de presidio efectivo por el delito de tenencia ilegal de armas.
Este nuevo proceso fue investigado por el fiscal Andrés Montes, de la Fiscalía Centro Norte, y estaba abierto desde octubre del año 2005, antes de que se revelara la existencia de una mafia de venta de facturas falsas.
Arancibia fue detenido por la policía en su oficina de Huérfanos 1147 -donde funcionaba Publicam- por un giro doloso de cheques.
Allí, antes de ser trasladado al cuartel policial, Arancibia le reconoció a sus captores que en el cajón de su escritorio tenía un arma que no estaba inscrita: un revólver marca Taurus calibre 38.
Manuel Arancibia tenía una condena anterior del Primer Juzgado del Crimen de Temuco por el delito de tráfico de estupefacientes, y gozaba del beneficio de la libertad vigilada.
Con esta resolución, el tribunal podría revocar el beneficio.
Investigaciones pericia local de heladero Jorge Martínez
Por más de cinco horas estuvo personal del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones en el local del fallecido heladero Jorge Martínez, principal sospechoso de la muerte y descuartizamiento de Hans Pozo, hecho ocurrido en marzo de 2006 y que pasó a la historia como el caso del "descuartizado de Puente Alto".
Según informó el prefecto Julio Ibáñez, jefe nacional de la unidad, la pericia tenía como objetivo delimitar el sitio donde Martínez, luego de un control de Carabineros, falleció. Ibáñez señaló que en los próximos días tomarán muestras que puedan aclarar, en parte, si el empresario se suicidó (como se ha señalado) o si, por el contrario, fue asesinado -según señala la familia-. El caso está en manos de la fiscalía militar de Santiago. Martínez falleció el 8 de abril de 2006.
Procesan a José Alfredo Fuentes, Checho Hirane y Mario Mauriziano
Por fraude tributario, fueron sometidos a proceso los artistas José Alfredo "Pollo" Fuentes, Sergio "Checho" Hirane y Jorge Eduardo Contreras y el comentarista deportivo Mario Mauriziano, en el marco de una querella presentada hace unos días por el Servicio de Impuestos Internos, vinculada al uso de facturas ideológicamente falsas.
Así fue confirmado ayer en esferas judiciales y a través de fuentes ligadas a la investigación que instruye el 32° Juzgado del Crimen de Santiago.
Además de estas figuras públicas, quedaron encausadas otras dos personas.
Hoy comenzaría la notificación del auto de procesamiento, del cual se desprende una orden de detención para los encausados, según lo dispone el antiguo procedimiento penal.
Así ocurrió a principios de año en ese tribunal, cuando fue procesado Iván Arenas ("Profesor Rossa"), quien se internó en una clínica privada para someterse a exámenes médicos.
Si bien se prevé que a los encausados se les otorgará la libertad provisional en el 32° Juzgado, esa decisión debería ser revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago vía consulta.
El abogado de Mario Mauriziano, Cristián Muga, señaló que están evaluando los pasos a seguir para enfrentar esta defensa, ya que hoy conocerán el contenido de la resolución y si se dictó o no una orden de aprehensión.
Este procesamiento tiene como denominador común a Paula Bocaz, quien habría entregado las facturas irregulares a estos personajes de espectáculos.
Colegio de Abogados acoge amparo contra jueza Chevesich
El Consejo General del Colegio de Abogados acogió el amparo profesional presentado por el abogado Raúl Donckaster, en el que reclama por la conducta "ilegal y abusiva" de la ministra Gloria Ana Chevesich en el caso MOP-Foro.
La molestia del defensor de Eduardo D'Hainaut, ex asesor del ministro Carlos Cruz, se debe a que la jueza no le permitió ingresar a la declaración de más de 20 testigos a la que citó como medida para mejor resolver, luego de realizar la etapa probatoria, pese a que está dentro de sus atribuciones como defensor, porque en esa fase del proceso la indagación es abierta.
El Colegio de Abogados asegura que la actuación de la ministra "implicó un menoscabo al derecho a defensa de la parte y al derecho del abogado a ejercer la profesión de manera que estime más adecuada, necesaria para la correcta y legal representación de su cliente".
En la resolución recuerdan que la Corte Suprema instruyó a los juzgados del país sobre las garantías constitucionales que tienen las defensas.
Todavía está pendiente en la Corte una queja que presentó el mismo abogado en contra de la jueza.
Dictan primera condena en caso Chiledeportes
TEMUCO.– A una pena de 541 días de prisión fue condenado Jaime Aravena (23 años), ex secretario del diputado PPD Jaime Quintana, luego que en juicio simplificado reconoció haber falsificado la firma del alcalde de Victoria, Jorge Saffirio (DC), para adjudicarse un proyecto de Chiledeportes por $ 1.200.000.
Esta es la primera sentencia condenatoria dictada por un tribunal en torno a las diversas causas por el escándalo de irregularidades en la asignación de fondos de Chiledeportes, que en octubre último culminó con la solicitud de renuncia de los 13 directores regionales.
Aravena actuó como representante de juntas de vecinos en el proyecto "Recreación para mujeres de Victoria", para la compra de elementos deportivos para ocho equipos femeninos de babyfutbol, en el marco de competencias deportivas y recreativas. El proyecto se tramitó entre mayo y agosto de 2005, debiendo contar con la autorización de uso del gimnasio municipal para el torneo. Para ello, Aravena falsificó la firma del alcalde Saffirio. En 2006, durante la tramitación del proyecto, el edil denunció ante la fiscalía de Victoria la falsificación.
Tras la aceptación de su culpabilidad, Aravena fue llevado a un juicio simplificado. El fiscal Héctor Leiva solicitó una pena de tres años, pero el tribunal asignó la penalidad más baja, al estimar que los fondos asignados por Chiledeportes habían sido ocupados para los fines a que estaban destinados.
Martes 17 abril
Matanza en universidad de EE.UU.
Un hombre armado, joven, sur coreano Cho Seung Hui perpetró ayer la peor masacre a tiros en una universidad o colegio en la historia de EE.UU. La tragedia ha conmocionado tanto a la comunidad universitaria como al país, donde el derecho a portar armas emana de la propia Constitución.
Todo comenzó a las 7:15 de la mañana en el edificio West-Ambler-Johnston, de la universidad politécnica Virginia Tech, en Blacksburg, en medio de las bellas Blue Ridge Mountains.Allí se alojan 895 estudiantes, y muchos aún dormían cuando se escucharon los primeros tiros. Entonces, llegó la policía, hubo gritos, sirenas y por megáfono se impartió la orden de no salir al exterior. "Sabíamos que algo andaba mal, pero no teníamos idea qué", comentó la estudiante Charlotte Walker.Un desconocido había ingresado en la residencia para estudiantes, sigilosamente subió hasta el cuarto piso y asesinó a dos personas.
La universidad tiene 26 mil estudiantes, cerca de 2 mil de ellos extranjeros, especialmente de Asia. Aimee Kanode, una alumna de primer año, relató a "The Times" que el primer tiroteo ocurrió un piso más arriba de su habitación. Cerca de las 8 de la mañana, una inspectora tocó su puerta y le advirtió que no saliera de la habitación.Dos horas después, llegó una nueva noticia espeluznante: también hubo tiros en Norris Hall, el edificio de clases de Ciencias e Ingeniería, al otro lado del campus.
Parecía que el atacante seguía libre. ¿O eran dos? Un funcionario dijo que el hombre armado pareció haber cerrado las puertas de Norris Hall para que los estudiantes no escaparan, reportó MSNBC.Comenzaron a aparecer los primeros videos amateur, imágenes captadas por los estudiantes con sus teléfonos celulares, de policías, ambulancias, y recién comenzó la sospecha de que se produjo una gran masacre, consignó DPA.
Entonces habló el presidente de la universidad, Charles Steger, quien informó del elevado número de muertos y heridos. Steger dijo que la universidad estaba "en un shock profundo" y que estaban "consternados".De esta forma, Virginia Tech y sus estudiantes se aseguraron un triste lugar en la historia de Estados Unidos: nunca antes habían muerto tantas personas en un tiroteo en una escuela o universidad.
En el momento de la segunda balacera, la policía de la universidad estaba investigando el primer asalto en la residencia.Muchos estudiantes criticaron cómo la policía manejó el incidente, especialmente por qué no cerró el campus después del primer tiroteo. El jefe policial del recinto, Wendell Finchum, aseguró que ellos consideraron que el primero fue un incidente aislado y por eso no cerraron el campus.
El alumno Justin Merrifield dijo a Reuters que los estudiantes fueron alertados por los altavoces. "Había una voz que sólo repetía: 'hombre armado en el campus, no salgan, aléjense de las ventanas', una y otra vez", declaró.Hasta el momento la policía no ha logrado identificar al agresor porque no llevaba documentos y el tiro que supuestamente se autoinfligió en la cara lo dejó irreconocible. Sin embargo, citando fuentes federales, la cadena Fox dijo que el sospechoso era un "joven asiático" que "estaba buscando a su novia" y que llevaba consigo dos pistolas de 9mm.Mientras, la universidad es una "escena del crimen" poblada -en vez de estudiantes, quienes fueron evacuados- por equipos de expertos forenses, investigadores y canes.El ataque relanzó además un debate sobre el control de armas y la seguridad de los establecimientos escolares de EE.UU. La ley de Virginia permite la venta de armas de fuego, incluidas las de asalto a los residentes mayores de 18 años que no tengan antecedentes policiales, sin necesidad de permiso especial.
Corte estudia medidas ante difícil panorama de juzgados de familia
Una comisión de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago deberá analizar, en el más breve plazo, una serie de medidas para solucionar los "urgentes" problemas de gestión que todavía afectan a los juzgados de familia.
Así lo resolvió ayer el pleno del tribunal de alzada, luego de revisar un informe que entregó la ministra Amanda Valdovinos, tras constatar en los juzgados los problemas prácticos que impiden su buen funcionamiento.
En el documento, la magistrada hizo ver a sus pares la necesidad de programar de mejor modo el sistema de fijación de audiencias.
Otro punto en el que se detectaron serias deficiencias es en el sistema de notificaciones, puesto que, según se explicó, gran parte de los problemas que inciden en que las audiencias no se efectúen se debe a la lentitud con que las partes son informadas sobre los procesos.
El informe da cuenta además de las dificultades que experimentan los abogados para conocer el desarrollo de las causas que llevan, debido a la falta de medios de consulta.
Las medidas que proponga la comisión serán informadas al pleno, instancia que "en definitiva adoptará los sistemas de mejoramiento", recalcó el ministro Villarroel.Suprema: Faltan jueces
La carencia de jueces fue uno de los principales problemas que detectó el pleno de la Corte Suprema a la hora de revisar el funcionamiento de los tribunales de familia.
El máximo tribunal analizó ayer el informe que la ministra Margarita Herreros elaboró tras estudiar el proyecto de ley que modifica dichos juzgados. El documento fue aprobado, pero con ciertas observaciones que serán plasmadas en un informe final que se enviará a la Comisión de Constitución del Senado. "Sé que faltan (jueces), y una buena cantidad", dijo ayer el presidente del máximo tribunal, Enrique Tapia, quien rehusó entregar más detalles, hasta que el documento final se publique.
Fiscal: Imputados son "equipo extorsionador"
El fiscal José Ignacio Escobar formalizó ayer por el delito de extorsión en contra del conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado Croquevielle, a la ex modelo Carolina Leal, al abogado Marcelo Jadue y al ex funcionario del conservador de Prohibiciones e Interdicciones Marcelo Encina.
Como un "equipo extorsionador" definió el persecutor penal a los tres imputados que, según la querella presentada por la víctima el 23 de febrero, intentaron cobrar $200 millones de pesos a cambio de no revelar un paquete de fotografías en las que el conservador capitalino aparecía desnudo en compañía de Leal.
A partir del relato de la víctima, de los tres imputados y de otros cuatro testigos, el fiscal Escobar reconstruyó los hechos que moldearon la extorsión en contra de Maldonado.
De acuerdo con el fiscal, la ex modelo Carolina Leal contactó al abogado Marcelo Jadue con el fin de condicionar la entrega de un set de fotografias que comprometían la integridad moral del conservador.
En las imágenes, "Maldonado aparecería absolutamente desnudo en el marco de una relación erótica", dijo Escobar.
El fiscal Escobar detalló que una vez conocido el contenido de las fotografías, Leal y Jadue habrían iniciado las diligencias detrás de la eventual extorsión.
El 7 de febrero pasado, ambos habrían concurrido a la notaría de Clovis Toro para depositar bajo custodia las copias de las fotografías.
Luego, según el fiscal, el abogado contactó al funcionario del conservador de Prohibiciones Marcelo Encina, para que éste advirtiese a Maldonado de la existencia de las fotografías y del monto a cancelar para impedir su difusión pública.
Más tarde, con el fin de materializar la extorsión, el abogado Jadue y Encina se reunieron con el abogado de Maldonado, Cristián Muga, y el primo del conservador, Jaime Frenes.
El fiscal José Ignacio Escobar explicó que los formalizados no han logrado acreditar la versión alternativa que presentaron ante la acusación de Maldonado.
En sus declaraciones judiciales, tanto Leal como Jadue aluden a una millonaria deuda que mantendría el conservador con la mujer. No obstante, no existe una prueba material que documente dicho saldo pendiente.
Al término de la audiencia, los imputados quedaron en libertad, pero deberán firmar mensualmente ante el Ministerio Público. Tampoco podrán salir libremente del país, ni acercarse al conservador Maldonado.
Piedrabuena advierte peligrosa sobrecarga de trabajo de fiscales
Una serie de dificultades que entraban la acción del Ministerio Público, entre ellas una peligrosa sobrecarga de trabajo de los fiscales, hará ver el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, en su última cuenta pública anual de la próxima semana.
Originalmente, se estimó que cada fiscal tramitaría hasta mil causas al año; sin embargo, actualmente van en 1.500.
Piedrabuena explica que ello se debe, fundamentalmente, a las nuevas competencias penales del Ministerio Público, ya que desde 1999 a la fecha se han tipificado 119 delitos nuevos, entre ellos la violencia intrafamiliar, que sólo en 2000 ingresaron más de 38 mil causas en todo el país.
Además, señala, la gente está denunciando más de lo que se estimó en 1998, que era cerca de 500 mil causas al año, y hoy se está llegando al millón.
Fiscalía revela red protectora de narcos más poderosos de La Legua
Una amplia red de protección de la banda narco más poderosa de La Legua, "Los Cara de Pelotas", ha sido revelada en las tres semanas que lleva el juicio oral en su contra, donde además surgió el nombre del prófugo Israel Salazar, "El Isra" (ver nota aparte), quien pretendía matar al fiscal regional sur de Santiago, Alejandro Peña.
Los encargados de emitir un fallo esta semana son los magistrados del 6º Tribunal Oral Hernán García, Marianela Cifuentes y Virginia Rivera.
Según los datos policiales que se han ventilado en el juicio, en el caso de Gendarmería uno de los líderes de la banda, Moisés González Berríos, tenía nexos en la ex Penitenciaría. A través de un individuo identificado como "El Managua", coordinaba ayuda para presos de su banda con apoyo del teniente de de prisiones Cristián Salinas, hoy dado de baja. Estos nexos posibilitaban que los "Cara de Pelota" ingresaran drogas y celulares.
También pudieron articular un "grupo de castigo" para miembros de bandas rivales que llegaban a la citada cárcel. Las consecuencias las sufrieron temidos pistoleros de La Legua, como José Tristán Ortega, "El Mono Tito", y el "Cani Cani", Juan Carlos Ampuero.
.Piden presidio perpetuo simple por caso toma de rehenes
Presidio perpetuo simple es la pena que solicitará el fiscal Ricardo Peña, de la Unidad de Foco Delictual de la Fiscalía Centro Norte, en contra de los dos autores del mediático asalto con toma de rehenes a una oficina de abogados perpetrado el 8 de marzo del año pasado.
Trascendió que el prosecutor tiene lista la acusación en contra del ex gendarme Marcelo Cortés Díaz (31) y Luis Araneda Díaz (55), quienes serían los autores de nueve asaltos a oficinas de abogados ocurridos durante el verano del año pasado, periplo delictual que culminó con el incidente de Huérfanos 1147.
En la presentación de mañana ante el 7º Juzgado de Garantía, el fiscal resumirá los nueve episodios, dos de los cuales ocurrieron en Quillota.
En dicha ciudad, los antisociales probaron suerte en esta nueva modalidad de atraco, antes de recalar en el centro de la capital.
Durante la investigación, el fiscal Peña logró acreditar cada uno de los "golpes", gracias a que utilizaban siempre los mismos implementos.
Las pruebas claves son dos armas de fuego, guantes, gorros deportivos, lentes de sol, cinta adhesiva y la misma pitilla con que amarraron a sus víctimas, derroteros que fueron recogidos en cada oficina victimizada y que dieron las luces para vincularlos a cada asalto.
Un hombre armado, joven, sur coreano Cho Seung Hui perpetró ayer la peor masacre a tiros en una universidad o colegio en la historia de EE.UU. La tragedia ha conmocionado tanto a la comunidad universitaria como al país, donde el derecho a portar armas emana de la propia Constitución.
Todo comenzó a las 7:15 de la mañana en el edificio West-Ambler-Johnston, de la universidad politécnica Virginia Tech, en Blacksburg, en medio de las bellas Blue Ridge Mountains.Allí se alojan 895 estudiantes, y muchos aún dormían cuando se escucharon los primeros tiros. Entonces, llegó la policía, hubo gritos, sirenas y por megáfono se impartió la orden de no salir al exterior. "Sabíamos que algo andaba mal, pero no teníamos idea qué", comentó la estudiante Charlotte Walker.Un desconocido había ingresado en la residencia para estudiantes, sigilosamente subió hasta el cuarto piso y asesinó a dos personas.
La universidad tiene 26 mil estudiantes, cerca de 2 mil de ellos extranjeros, especialmente de Asia. Aimee Kanode, una alumna de primer año, relató a "The Times" que el primer tiroteo ocurrió un piso más arriba de su habitación. Cerca de las 8 de la mañana, una inspectora tocó su puerta y le advirtió que no saliera de la habitación.Dos horas después, llegó una nueva noticia espeluznante: también hubo tiros en Norris Hall, el edificio de clases de Ciencias e Ingeniería, al otro lado del campus.
Parecía que el atacante seguía libre. ¿O eran dos? Un funcionario dijo que el hombre armado pareció haber cerrado las puertas de Norris Hall para que los estudiantes no escaparan, reportó MSNBC.Comenzaron a aparecer los primeros videos amateur, imágenes captadas por los estudiantes con sus teléfonos celulares, de policías, ambulancias, y recién comenzó la sospecha de que se produjo una gran masacre, consignó DPA.
Entonces habló el presidente de la universidad, Charles Steger, quien informó del elevado número de muertos y heridos. Steger dijo que la universidad estaba "en un shock profundo" y que estaban "consternados".De esta forma, Virginia Tech y sus estudiantes se aseguraron un triste lugar en la historia de Estados Unidos: nunca antes habían muerto tantas personas en un tiroteo en una escuela o universidad.
En el momento de la segunda balacera, la policía de la universidad estaba investigando el primer asalto en la residencia.Muchos estudiantes criticaron cómo la policía manejó el incidente, especialmente por qué no cerró el campus después del primer tiroteo. El jefe policial del recinto, Wendell Finchum, aseguró que ellos consideraron que el primero fue un incidente aislado y por eso no cerraron el campus.
El alumno Justin Merrifield dijo a Reuters que los estudiantes fueron alertados por los altavoces. "Había una voz que sólo repetía: 'hombre armado en el campus, no salgan, aléjense de las ventanas', una y otra vez", declaró.Hasta el momento la policía no ha logrado identificar al agresor porque no llevaba documentos y el tiro que supuestamente se autoinfligió en la cara lo dejó irreconocible. Sin embargo, citando fuentes federales, la cadena Fox dijo que el sospechoso era un "joven asiático" que "estaba buscando a su novia" y que llevaba consigo dos pistolas de 9mm.Mientras, la universidad es una "escena del crimen" poblada -en vez de estudiantes, quienes fueron evacuados- por equipos de expertos forenses, investigadores y canes.El ataque relanzó además un debate sobre el control de armas y la seguridad de los establecimientos escolares de EE.UU. La ley de Virginia permite la venta de armas de fuego, incluidas las de asalto a los residentes mayores de 18 años que no tengan antecedentes policiales, sin necesidad de permiso especial.
Corte estudia medidas ante difícil panorama de juzgados de familia
Una comisión de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago deberá analizar, en el más breve plazo, una serie de medidas para solucionar los "urgentes" problemas de gestión que todavía afectan a los juzgados de familia.
Así lo resolvió ayer el pleno del tribunal de alzada, luego de revisar un informe que entregó la ministra Amanda Valdovinos, tras constatar en los juzgados los problemas prácticos que impiden su buen funcionamiento.
En el documento, la magistrada hizo ver a sus pares la necesidad de programar de mejor modo el sistema de fijación de audiencias.
Otro punto en el que se detectaron serias deficiencias es en el sistema de notificaciones, puesto que, según se explicó, gran parte de los problemas que inciden en que las audiencias no se efectúen se debe a la lentitud con que las partes son informadas sobre los procesos.
El informe da cuenta además de las dificultades que experimentan los abogados para conocer el desarrollo de las causas que llevan, debido a la falta de medios de consulta.
Las medidas que proponga la comisión serán informadas al pleno, instancia que "en definitiva adoptará los sistemas de mejoramiento", recalcó el ministro Villarroel.Suprema: Faltan jueces
La carencia de jueces fue uno de los principales problemas que detectó el pleno de la Corte Suprema a la hora de revisar el funcionamiento de los tribunales de familia.
El máximo tribunal analizó ayer el informe que la ministra Margarita Herreros elaboró tras estudiar el proyecto de ley que modifica dichos juzgados. El documento fue aprobado, pero con ciertas observaciones que serán plasmadas en un informe final que se enviará a la Comisión de Constitución del Senado. "Sé que faltan (jueces), y una buena cantidad", dijo ayer el presidente del máximo tribunal, Enrique Tapia, quien rehusó entregar más detalles, hasta que el documento final se publique.
Fiscal: Imputados son "equipo extorsionador"
El fiscal José Ignacio Escobar formalizó ayer por el delito de extorsión en contra del conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado Croquevielle, a la ex modelo Carolina Leal, al abogado Marcelo Jadue y al ex funcionario del conservador de Prohibiciones e Interdicciones Marcelo Encina.
Como un "equipo extorsionador" definió el persecutor penal a los tres imputados que, según la querella presentada por la víctima el 23 de febrero, intentaron cobrar $200 millones de pesos a cambio de no revelar un paquete de fotografías en las que el conservador capitalino aparecía desnudo en compañía de Leal.
A partir del relato de la víctima, de los tres imputados y de otros cuatro testigos, el fiscal Escobar reconstruyó los hechos que moldearon la extorsión en contra de Maldonado.
De acuerdo con el fiscal, la ex modelo Carolina Leal contactó al abogado Marcelo Jadue con el fin de condicionar la entrega de un set de fotografias que comprometían la integridad moral del conservador.
En las imágenes, "Maldonado aparecería absolutamente desnudo en el marco de una relación erótica", dijo Escobar.
El fiscal Escobar detalló que una vez conocido el contenido de las fotografías, Leal y Jadue habrían iniciado las diligencias detrás de la eventual extorsión.
El 7 de febrero pasado, ambos habrían concurrido a la notaría de Clovis Toro para depositar bajo custodia las copias de las fotografías.
Luego, según el fiscal, el abogado contactó al funcionario del conservador de Prohibiciones Marcelo Encina, para que éste advirtiese a Maldonado de la existencia de las fotografías y del monto a cancelar para impedir su difusión pública.
Más tarde, con el fin de materializar la extorsión, el abogado Jadue y Encina se reunieron con el abogado de Maldonado, Cristián Muga, y el primo del conservador, Jaime Frenes.
El fiscal José Ignacio Escobar explicó que los formalizados no han logrado acreditar la versión alternativa que presentaron ante la acusación de Maldonado.
En sus declaraciones judiciales, tanto Leal como Jadue aluden a una millonaria deuda que mantendría el conservador con la mujer. No obstante, no existe una prueba material que documente dicho saldo pendiente.
Al término de la audiencia, los imputados quedaron en libertad, pero deberán firmar mensualmente ante el Ministerio Público. Tampoco podrán salir libremente del país, ni acercarse al conservador Maldonado.
Piedrabuena advierte peligrosa sobrecarga de trabajo de fiscales
Una serie de dificultades que entraban la acción del Ministerio Público, entre ellas una peligrosa sobrecarga de trabajo de los fiscales, hará ver el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, en su última cuenta pública anual de la próxima semana.
Originalmente, se estimó que cada fiscal tramitaría hasta mil causas al año; sin embargo, actualmente van en 1.500.
Piedrabuena explica que ello se debe, fundamentalmente, a las nuevas competencias penales del Ministerio Público, ya que desde 1999 a la fecha se han tipificado 119 delitos nuevos, entre ellos la violencia intrafamiliar, que sólo en 2000 ingresaron más de 38 mil causas en todo el país.
Además, señala, la gente está denunciando más de lo que se estimó en 1998, que era cerca de 500 mil causas al año, y hoy se está llegando al millón.
Fiscalía revela red protectora de narcos más poderosos de La Legua
Una amplia red de protección de la banda narco más poderosa de La Legua, "Los Cara de Pelotas", ha sido revelada en las tres semanas que lleva el juicio oral en su contra, donde además surgió el nombre del prófugo Israel Salazar, "El Isra" (ver nota aparte), quien pretendía matar al fiscal regional sur de Santiago, Alejandro Peña.
Los encargados de emitir un fallo esta semana son los magistrados del 6º Tribunal Oral Hernán García, Marianela Cifuentes y Virginia Rivera.
Según los datos policiales que se han ventilado en el juicio, en el caso de Gendarmería uno de los líderes de la banda, Moisés González Berríos, tenía nexos en la ex Penitenciaría. A través de un individuo identificado como "El Managua", coordinaba ayuda para presos de su banda con apoyo del teniente de de prisiones Cristián Salinas, hoy dado de baja. Estos nexos posibilitaban que los "Cara de Pelota" ingresaran drogas y celulares.
También pudieron articular un "grupo de castigo" para miembros de bandas rivales que llegaban a la citada cárcel. Las consecuencias las sufrieron temidos pistoleros de La Legua, como José Tristán Ortega, "El Mono Tito", y el "Cani Cani", Juan Carlos Ampuero.
.Piden presidio perpetuo simple por caso toma de rehenes
Presidio perpetuo simple es la pena que solicitará el fiscal Ricardo Peña, de la Unidad de Foco Delictual de la Fiscalía Centro Norte, en contra de los dos autores del mediático asalto con toma de rehenes a una oficina de abogados perpetrado el 8 de marzo del año pasado.
Trascendió que el prosecutor tiene lista la acusación en contra del ex gendarme Marcelo Cortés Díaz (31) y Luis Araneda Díaz (55), quienes serían los autores de nueve asaltos a oficinas de abogados ocurridos durante el verano del año pasado, periplo delictual que culminó con el incidente de Huérfanos 1147.
En la presentación de mañana ante el 7º Juzgado de Garantía, el fiscal resumirá los nueve episodios, dos de los cuales ocurrieron en Quillota.
En dicha ciudad, los antisociales probaron suerte en esta nueva modalidad de atraco, antes de recalar en el centro de la capital.
Durante la investigación, el fiscal Peña logró acreditar cada uno de los "golpes", gracias a que utilizaban siempre los mismos implementos.
Las pruebas claves son dos armas de fuego, guantes, gorros deportivos, lentes de sol, cinta adhesiva y la misma pitilla con que amarraron a sus víctimas, derroteros que fueron recogidos en cada oficina victimizada y que dieron las luces para vincularlos a cada asalto.
Lunes 16 abril
Desactivan más de 700 celulares robados en el centro de Santiago
La Fiscalía Centro Norte solicitó a las compañías de telefonía móvil la inhabilitación total de más de 700 equipos sustraídos en el centro de Santiago.
Desde junio del año pasado, la 1ª Comisaría de Carabineros acumuló las denuncias de las víctimas, las que fueron plasmadas en un formulario confeccionado por el Ministerio Público, y en el que se solicita el bloqueo.
Esta nueva modalidad tuvo sus primeros efectos hace unos meses, cuando se desactivaron los primeros 50 teléfonos.
La estrategia es impulsada por la Unidad de Foco Delictual y ataca específicamente la victimización de los teléfonos celulares, ya que se trata de la segunda especie más cotizada por los ladrones del centro de la capital, tras las tarjetas de crédito y las joyas.
En el oficio presentado el 4 de abril pasado, Montes solicitó el bloqueo de 701 equipos. 228 fueron requeridos a Entel, 161 a Claro y 312 a Movistar.
Tienen un plazo de 30 días y están obligadas por resolución de la Subtel.
El proceso de inhabilitación de los celulares robados
Que el mercado de los celulares robados tenga sus días contados. Ese es el objetivo de la Fiscalía Centro Norte, que el 4 de abril pasado solicitó a las compañías de telefonía móvil la inhabilitación total de más de 700 equipos sustraídos en el centro de Santiago.
Ante la petición del Ministerio Público, las compañías tienen un plazo máximo de 30 días para efectuar la desconexión del equipo.
Hasta noviembre del año pasado, las empresas de telefonía móvil habían participado en forma esporádica de esta iniciativa de persecución penal, no obstante a partir del 23 del mismo mes están obligadas a ajustarse a dicho procedimiento gracias a una resolución de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
Las empresas también se encuentran obligadas a mantener un registro o base de datos de celulares robados para corroborar los datos de cada equipo una vez que se solicita la desconexión.
Los teléfonos móviles actuales poseen un código llamado "Imei", que es el que identifica cada aparato, más allá del número telefónico asignado.
Gracias a esta serial el sistema de inhabilitación total se puede aplicar tanto a teléfonos con plan o de prepago.
Una vez desconectado el aparato, queda totalmente inservible, "muere" electrónicamente.
"Esta estrategia seguirá adelante y haremos requerimientos mensuales de acuerdo a las denuncias. El mensaje es: no comprar celulares robados, y denunciar", concluyó Montes.
Orias podría quedar libre en cinco años
LOS ANDES.- Rodrigo Orias, quien asesinó al sacerdote Faustino Gazziero en la catedral de Santiago, comenzará a realizar salidas esporádicas desde la Unidad de Alta Complejidad del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, como primera etapa de su proceso de reinserción social. En cinco años podría estar libre.
La psiquiatra Iris Boissier, subdirectora del Servicio de Salud Aconcagua, está a cargo de evaluar al joven de Coihaique, luego que el IV Juzgado del Crimen de Santiago decidió ponerlo a disposición de las autoridades de salud y programar su libertad, porque ya no depende del sistema judicial.
Según la doctora Iris Boissier, Orias (27 años) se encuentra plenamente recuperado de la esquizofrenia paranoide que padecía y que lo llevó -respondiendo a un supuesto mandato satánico- a cometer el brutal homicidio en la catedral.
TC ratifica legalidad del delito de piratería
Un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el delito de "piratería" puede tener importantes consecuencias procesales para un grupo de pescadores artesanales de la VIII Región, a quienes se les imputa dicho ilícito.
La resolución, dictada el 30 de marzo pasado, establece que el artículo 434 del Código Penal -que plantea que "los que cometieren actos de piratería serán castigados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a presidio perpetuo"- no vulnera la Constitución, razón por la cual no existe ilegalidad alguna para hacerlo aplicable.
El TC debió revisar la legalidad del precepto, luego que cuatro pescadores de Talcahuano a quienes se les imputó por dicho ilícito presentaran ante el organismo dos recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo.
El TC concluyó, entre otras, cosas que "la descripción típica del acto de piratería puede ser aprehendida mediante los métodos de interpretación que corresponde al juez de la causa utilizar, particularmente si la sanción criminal se relaciona con un bien jurídicamente protegido en forma explícita en el Código Penal (en el título referido a crímenes y simples delitos contra la propiedad).
La decisión del TC puede significar un complejo panorama para 14 pescadores de Talcahuano, quienes podrían ser condenados a 10 años y un día de presidio -como lo pide el Ministerio Público- por el delito de piratería antes señalado.
Según los hechos establecidos en el proceso, los imputados, una vez informados que algunos pesqueros de alta mar que recalan en el puerto de San Vicente habían finalizado la pesca industrial, se equipaban y abordaban sus embarcaciones menores para dirigirse a las naves de carga.
Según los datos del proceso, existen registros de 25 abordajes a barcos de distintas compañías pesqueras.
La Fiscalía Centro Norte solicitó a las compañías de telefonía móvil la inhabilitación total de más de 700 equipos sustraídos en el centro de Santiago.
Desde junio del año pasado, la 1ª Comisaría de Carabineros acumuló las denuncias de las víctimas, las que fueron plasmadas en un formulario confeccionado por el Ministerio Público, y en el que se solicita el bloqueo.
Esta nueva modalidad tuvo sus primeros efectos hace unos meses, cuando se desactivaron los primeros 50 teléfonos.
La estrategia es impulsada por la Unidad de Foco Delictual y ataca específicamente la victimización de los teléfonos celulares, ya que se trata de la segunda especie más cotizada por los ladrones del centro de la capital, tras las tarjetas de crédito y las joyas.
En el oficio presentado el 4 de abril pasado, Montes solicitó el bloqueo de 701 equipos. 228 fueron requeridos a Entel, 161 a Claro y 312 a Movistar.
Tienen un plazo de 30 días y están obligadas por resolución de la Subtel.
El proceso de inhabilitación de los celulares robados
Que el mercado de los celulares robados tenga sus días contados. Ese es el objetivo de la Fiscalía Centro Norte, que el 4 de abril pasado solicitó a las compañías de telefonía móvil la inhabilitación total de más de 700 equipos sustraídos en el centro de Santiago.
Ante la petición del Ministerio Público, las compañías tienen un plazo máximo de 30 días para efectuar la desconexión del equipo.
Hasta noviembre del año pasado, las empresas de telefonía móvil habían participado en forma esporádica de esta iniciativa de persecución penal, no obstante a partir del 23 del mismo mes están obligadas a ajustarse a dicho procedimiento gracias a una resolución de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
Las empresas también se encuentran obligadas a mantener un registro o base de datos de celulares robados para corroborar los datos de cada equipo una vez que se solicita la desconexión.
Los teléfonos móviles actuales poseen un código llamado "Imei", que es el que identifica cada aparato, más allá del número telefónico asignado.
Gracias a esta serial el sistema de inhabilitación total se puede aplicar tanto a teléfonos con plan o de prepago.
Una vez desconectado el aparato, queda totalmente inservible, "muere" electrónicamente.
"Esta estrategia seguirá adelante y haremos requerimientos mensuales de acuerdo a las denuncias. El mensaje es: no comprar celulares robados, y denunciar", concluyó Montes.
Orias podría quedar libre en cinco años
LOS ANDES.- Rodrigo Orias, quien asesinó al sacerdote Faustino Gazziero en la catedral de Santiago, comenzará a realizar salidas esporádicas desde la Unidad de Alta Complejidad del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, como primera etapa de su proceso de reinserción social. En cinco años podría estar libre.
La psiquiatra Iris Boissier, subdirectora del Servicio de Salud Aconcagua, está a cargo de evaluar al joven de Coihaique, luego que el IV Juzgado del Crimen de Santiago decidió ponerlo a disposición de las autoridades de salud y programar su libertad, porque ya no depende del sistema judicial.
Según la doctora Iris Boissier, Orias (27 años) se encuentra plenamente recuperado de la esquizofrenia paranoide que padecía y que lo llevó -respondiendo a un supuesto mandato satánico- a cometer el brutal homicidio en la catedral.
TC ratifica legalidad del delito de piratería
Un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el delito de "piratería" puede tener importantes consecuencias procesales para un grupo de pescadores artesanales de la VIII Región, a quienes se les imputa dicho ilícito.
La resolución, dictada el 30 de marzo pasado, establece que el artículo 434 del Código Penal -que plantea que "los que cometieren actos de piratería serán castigados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a presidio perpetuo"- no vulnera la Constitución, razón por la cual no existe ilegalidad alguna para hacerlo aplicable.
El TC debió revisar la legalidad del precepto, luego que cuatro pescadores de Talcahuano a quienes se les imputó por dicho ilícito presentaran ante el organismo dos recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo.
El TC concluyó, entre otras, cosas que "la descripción típica del acto de piratería puede ser aprehendida mediante los métodos de interpretación que corresponde al juez de la causa utilizar, particularmente si la sanción criminal se relaciona con un bien jurídicamente protegido en forma explícita en el Código Penal (en el título referido a crímenes y simples delitos contra la propiedad).
La decisión del TC puede significar un complejo panorama para 14 pescadores de Talcahuano, quienes podrían ser condenados a 10 años y un día de presidio -como lo pide el Ministerio Público- por el delito de piratería antes señalado.
Según los hechos establecidos en el proceso, los imputados, una vez informados que algunos pesqueros de alta mar que recalan en el puerto de San Vicente habían finalizado la pesca industrial, se equipaban y abordaban sus embarcaciones menores para dirigirse a las naves de carga.
Según los datos del proceso, existen registros de 25 abordajes a barcos de distintas compañías pesqueras.
Domingo 15 abril
Clan Mazza se compró un piso al contado
El 2º Juzgado del Crimen ordenó a la Brigada de Lavado de Activos, Brilac, levantar el catastro del patrimonio y bienes del clan Mazza, para disponer eventuales embargos y remates.
Entre las propiedades más valiosas del grupo procesado por lavado de dinero figura el piso 25 del Edificio de la Industria, ubicado en costanera Andrés Bello 2777, hoy entregado en arriendo a la firma estadounidense Walt Disney.
En 2004, el clan Mazza pagó $800 millones al contado por las oficinas 2501, 2502, 2503, y los estacionamientos subterráneos correspondientes.
El piso fue luego remodelado y transformado en una gran dependencia.
La operación de compra fue realizada por la Sociedad de Inversión y Renta Asociada, S.A., cuyos copropietarios son el mexicano Luis Mazza Olmos y la chilena María Eugenia Larraguibel, tesorera del clan.
Ambos están procesados y recluidos en la causa por lavado de dinero por 280 millones de dólares procedente del narcotráfico colombiano abierta en el tribunal, por la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado
En la misma situación procesal están Daniel Mazza Jiménez y los empleados de confianza Juan Lama y Mauricio Margenats, quienes están vinculados al clan Mazza por intermedio de las casas de cambio y agencias de turismo Costa Brava.
Según la querella presentada, fue en esos establecimientos ubicados en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar donde fueron prelavadas las remesas de euros producto de las ventas de cocaína en Europa y enviadas a los narcos transformadas en dólares, por correos humanos a través de terceros países.
En los interrogatorios, Mazza Olmos declaró tener en Chile bienes por mil millones de pesos, los cuales corresponderían a la inversión realizada en el piso del Edificio de la Industria. También posee una residencia en Chicago, EE.UU., donde vive su esposa estadounidense y sus hijos, y declara poseer bienes raíces en China y Suecia.
Luis Mazza está separado de su mujer y tiene residencia permanente en Chile desde el 2004. Vivía en una suite del hotel "Kennedy", en la comuna de Las Condes, manteniendo un nivel de gasto propio de un establecimiento de cinco estrellas.
Al igual que su hermano Mauricio, detenido en Los Ángeles California, está requerido por la agencia antidrogas DEA y por Corte del Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero, fraude tributario y ejercer el cambio de divisas sin licencia.
Según la querella del Consejo de Defensa del Estado, el clan Mazza triangulaba los euros de cinco carteles colombianos para depositar los billetes en sus cuentas bancarias en Nueva York, Chicago o Los Ángeles, desde donde efectuaban transferencias electrónicas en dólares a empresas de fachada del rubro tecnológico en Florida.
Así, los fondos de los narcos ya blanqueados regresaban a Colombia por transferencias electrónicas, transformados en pesos colombianos, quedando en condiciones de entrar al sistema financiero internacional.
Libres 5 imputados de tráfico de crack
ARICA.- El juez de garantía Francisco Vargas dejó en libertad a cinco de los 10 imputados por la internación a Chile de 159 kilos de cocaína y crack, la mayor incautación de esta última droga en Arica.
Los beneficiados por la medida son el presunto financista, Mauricio Bahamondes Merino; el peruano Jorge Ramírez Jiménez, sindicado como el proveedor de la droga; Sandra Mera Erices, conviviente del encargado del transporte y acopio de la droga, y los hermanos Raúl y Leonardo Díaz Díaz, acusados de haber cargado la droga.
La decisión fue adoptada tras la audiencia de preparación de juicio oral, la última fase investigativa, al pedir la defensa revisar la prisión preventiva de los cinco beneficiados. Otra imputada, Ángela Rosario, ya está prófuga gracias a similar beneficio.
El magistrado estimó que en tres casos la prisión preventiva excedió el plazo de 6 meses concedido para la investigación, que corría desde que los imputados fueron detenidos en septiembre. En los otros, estimó insuficientes las pruebas.El fiscal Carlos Eltit apeló a la Corte. "El juez pide un imposible. La audiencia de preparación de juicio oral siempre ocurre cuando el plazo de investigación ha vencido", dijo
El 2º Juzgado del Crimen ordenó a la Brigada de Lavado de Activos, Brilac, levantar el catastro del patrimonio y bienes del clan Mazza, para disponer eventuales embargos y remates.
Entre las propiedades más valiosas del grupo procesado por lavado de dinero figura el piso 25 del Edificio de la Industria, ubicado en costanera Andrés Bello 2777, hoy entregado en arriendo a la firma estadounidense Walt Disney.
En 2004, el clan Mazza pagó $800 millones al contado por las oficinas 2501, 2502, 2503, y los estacionamientos subterráneos correspondientes.
El piso fue luego remodelado y transformado en una gran dependencia.
La operación de compra fue realizada por la Sociedad de Inversión y Renta Asociada, S.A., cuyos copropietarios son el mexicano Luis Mazza Olmos y la chilena María Eugenia Larraguibel, tesorera del clan.
Ambos están procesados y recluidos en la causa por lavado de dinero por 280 millones de dólares procedente del narcotráfico colombiano abierta en el tribunal, por la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado
En la misma situación procesal están Daniel Mazza Jiménez y los empleados de confianza Juan Lama y Mauricio Margenats, quienes están vinculados al clan Mazza por intermedio de las casas de cambio y agencias de turismo Costa Brava.
Según la querella presentada, fue en esos establecimientos ubicados en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar donde fueron prelavadas las remesas de euros producto de las ventas de cocaína en Europa y enviadas a los narcos transformadas en dólares, por correos humanos a través de terceros países.
En los interrogatorios, Mazza Olmos declaró tener en Chile bienes por mil millones de pesos, los cuales corresponderían a la inversión realizada en el piso del Edificio de la Industria. También posee una residencia en Chicago, EE.UU., donde vive su esposa estadounidense y sus hijos, y declara poseer bienes raíces en China y Suecia.
Luis Mazza está separado de su mujer y tiene residencia permanente en Chile desde el 2004. Vivía en una suite del hotel "Kennedy", en la comuna de Las Condes, manteniendo un nivel de gasto propio de un establecimiento de cinco estrellas.
Al igual que su hermano Mauricio, detenido en Los Ángeles California, está requerido por la agencia antidrogas DEA y por Corte del Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero, fraude tributario y ejercer el cambio de divisas sin licencia.
Según la querella del Consejo de Defensa del Estado, el clan Mazza triangulaba los euros de cinco carteles colombianos para depositar los billetes en sus cuentas bancarias en Nueva York, Chicago o Los Ángeles, desde donde efectuaban transferencias electrónicas en dólares a empresas de fachada del rubro tecnológico en Florida.
Así, los fondos de los narcos ya blanqueados regresaban a Colombia por transferencias electrónicas, transformados en pesos colombianos, quedando en condiciones de entrar al sistema financiero internacional.
Libres 5 imputados de tráfico de crack
ARICA.- El juez de garantía Francisco Vargas dejó en libertad a cinco de los 10 imputados por la internación a Chile de 159 kilos de cocaína y crack, la mayor incautación de esta última droga en Arica.
Los beneficiados por la medida son el presunto financista, Mauricio Bahamondes Merino; el peruano Jorge Ramírez Jiménez, sindicado como el proveedor de la droga; Sandra Mera Erices, conviviente del encargado del transporte y acopio de la droga, y los hermanos Raúl y Leonardo Díaz Díaz, acusados de haber cargado la droga.
La decisión fue adoptada tras la audiencia de preparación de juicio oral, la última fase investigativa, al pedir la defensa revisar la prisión preventiva de los cinco beneficiados. Otra imputada, Ángela Rosario, ya está prófuga gracias a similar beneficio.
El magistrado estimó que en tres casos la prisión preventiva excedió el plazo de 6 meses concedido para la investigación, que corría desde que los imputados fueron detenidos en septiembre. En los otros, estimó insuficientes las pruebas.El fiscal Carlos Eltit apeló a la Corte. "El juez pide un imposible. La audiencia de preparación de juicio oral siempre ocurre cuando el plazo de investigación ha vencido", dijo
Sábado 14 abril
Jorge Lavandero seguirá teniendo salida dominical
El Ministerio de Justicia informó anoche que el ex senador Jorge Lavandero podrá continuar gozando del beneficio de la salida dominical, ya que cuando fue concedido se observó formalmente lo establecido en el reglamento penitenciario.
Ello, luego de que ayer trascendiera a la prensa una parte del informe que acompaña la resolución del Consejo Técnico de la Cárcel de Alta Seguridad, CAS, donde se señala que tanto la sicóloga Daniela Corona como la asistente social Rosemarie Muñoz, se pronunciaron en contra de otorgarle la salida dominical.
El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, afirmó en la mañana de ayer que había pedido a la subsecretaría de la cartera y a Gendarmería un informe sobre la validez de los procedimientos administrativos y legales utilizados para el otorgamiento del beneficio carcelario a Lavandero, y no descartó revocarlo de existir base para ello.
Dicho documento le fue entregado después del mediodía a Maldonado, quien pasadas las 19 horas de ayer entregó un comunicado donde, junto con precisar que la salida dominical se otorgó conforme a reglamento, se precisa que "todos los beneficios actualmente vigentes a favor de cualquier interno sólo pueden ser revocados si cambiaren las circunstancias existentes al momento en que fueron concedidos (el 14 de marzo pasado), o si el interno infringiere las obligaciones que le impone el uso del beneficio".
Asimismo, el ministro dispuso una revisión general del sistema y criterios utilizados en el otorgamiento de beneficios penitenciarios, con el propósito de asegurar a futuro que cada caso particular se atienda debidamente a la finalidad del sistema, cual es favorecer la efectiva rehabilitación y reinserción de los internos privados de libertad.
Esta revisión, dijo, busca favorecer la objetividad y transparencia del sistema, así como "la centralidad de los informes sicológicos y sociales", al otorgar los beneficios.
Tras fallido auto acordado contra la prensa, Suprema estudia nueva política comunicacional
El polémico auto acordado que recientemente enfrentó a la Corte Suprema con el gremio periodístico no sólo tuvo como consecuencia el que no habrá credenciales para la prensa que trabaja en los tribunales del país, al menos por un tiempo.
El resultado más trascendente es que tras la semana en que el máximo tribunal se transformó en blanco de numerosas críticas, incluso a nivel internacional, el pleno de ministros tomó conciencia de que requiere una nueva política comunicacional.
De hecho, el mismo viernes 30 de marzo -día en que el pleno dejó sin efecto el texto que, además de reglamentar el uso de credenciales, imponía obligaciones a los reporteros-, los supremos ocuparon gran parte de la mañana en discutir sobre la necesidad de la reformulación de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.
Un supremo recordó que dicha idea "es muy antigua", y que incluso estaba incluida en los proyectos de la mesa judicial, que aún están pendientes.
Según otro magistrado, más allá de cuestionar la labor de los actuales encargados de la materia, la idea es establecer un objetivo claro, nuevas obligaciones y dotar a la oficina de comunicaciones de mayor infraestructura y personal.
Por ello, el pleno encargó a la Corporación Administrativa un informe acerca del estado actual de la repartición, y los recursos que se pueden destinar para esa finalidad.
Pero no sólo eso. Paralelamente, un grupo de ministros integrantes del Consejo Superior de la Corporación se reunió con la periodista Mónica González, ex directora del diario Siete, para analizar la situación.
González fue entrevistada por la comisión -a la que le entregó un informe preliminar- sobre cuáles son los problemas que enfrenta la imagen del Poder Judicial y las posibles estrategias para mejorar en ese sentido.
Según los supremos consultados, una de las razones por la cual surgió su nombre es trayectoria profesional y los premios que ha obtenido en el último tiempo.
Los resultados de la conversación con la periodista fueron expuestos el pasado jueves 5 de abril al pleno, con el fin de que los ministros tuvieran una idea de la percepción actual sobre la imagen del Poder Judicial y sobre lo que se requiere para mejorarla.
Hasta ayer aún no se tomaba una decisión respecto a la posibilidad de que la profesional se haga cargo de asesorar a la Suprema. Ello porque el pleno acordó buscar otros nombres de periodistas, antes de resolver definitivamente si contratan a alguien nuevo para que se haga cargo o refuerzan el equipo que actualmente existe.
El máximo tribunal, además, tiene en su poder las conclusiones de la empresa Extend Comunicaciones, que en abril de 2005, y tras un estudio, aseguró que el principal problema era la pésima relación con el exterior, además de que a sus miembros se les percibe aislados.
Finalmente para los ministros, quienes anularon la polémica normativa en forma unánime, primó nuevamente el resguardo de la imagen del Poder Judicial, y por eso retrocedieron en su decisión.
Gonzalo Vargas: "El país está al debe frente a la delincuencia"
Ayer dejó el cargo de gerente general de la Fundación Paz Ciudadana el ingeniero agrónomo Gonzalo Vargas Otte, quien desde el lunes asumirá como rector de Inacap.
A la hora del balance, los sentimientos del experto son encontrados. Por una parte, tiene una sensación de frustración porque la delincuencia en Chile es hoy mayor que hace cinco años, cuando él llegó a la Fundación -junio de 2002- y, por otro lado, de satisfacción por el aporte de Paz Ciudadana en proyectos y programas que están dando buenos resultados, como la Reforma Procesal Penal y el Plan Cuadrante de Carabineros.
Sin embargo, lamenta que en los dos últimos años se haya perdido ese impulso y sea muy poco lo que se avanzó en 2005 y 2006, salvo por la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pero a que no ha pasado de un enunciado.Estima que para reducir la delincuencia, en el futuro se debe trabajar fuerte en la prevención y la rehabilitación, materias en las que Paz Ciudadana está trabajando con varios proyectos que espera sean acogidos.
El Ministerio de Justicia informó anoche que el ex senador Jorge Lavandero podrá continuar gozando del beneficio de la salida dominical, ya que cuando fue concedido se observó formalmente lo establecido en el reglamento penitenciario.
Ello, luego de que ayer trascendiera a la prensa una parte del informe que acompaña la resolución del Consejo Técnico de la Cárcel de Alta Seguridad, CAS, donde se señala que tanto la sicóloga Daniela Corona como la asistente social Rosemarie Muñoz, se pronunciaron en contra de otorgarle la salida dominical.
El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, afirmó en la mañana de ayer que había pedido a la subsecretaría de la cartera y a Gendarmería un informe sobre la validez de los procedimientos administrativos y legales utilizados para el otorgamiento del beneficio carcelario a Lavandero, y no descartó revocarlo de existir base para ello.
Dicho documento le fue entregado después del mediodía a Maldonado, quien pasadas las 19 horas de ayer entregó un comunicado donde, junto con precisar que la salida dominical se otorgó conforme a reglamento, se precisa que "todos los beneficios actualmente vigentes a favor de cualquier interno sólo pueden ser revocados si cambiaren las circunstancias existentes al momento en que fueron concedidos (el 14 de marzo pasado), o si el interno infringiere las obligaciones que le impone el uso del beneficio".
Asimismo, el ministro dispuso una revisión general del sistema y criterios utilizados en el otorgamiento de beneficios penitenciarios, con el propósito de asegurar a futuro que cada caso particular se atienda debidamente a la finalidad del sistema, cual es favorecer la efectiva rehabilitación y reinserción de los internos privados de libertad.
Esta revisión, dijo, busca favorecer la objetividad y transparencia del sistema, así como "la centralidad de los informes sicológicos y sociales", al otorgar los beneficios.
Tras fallido auto acordado contra la prensa, Suprema estudia nueva política comunicacional
El polémico auto acordado que recientemente enfrentó a la Corte Suprema con el gremio periodístico no sólo tuvo como consecuencia el que no habrá credenciales para la prensa que trabaja en los tribunales del país, al menos por un tiempo.
El resultado más trascendente es que tras la semana en que el máximo tribunal se transformó en blanco de numerosas críticas, incluso a nivel internacional, el pleno de ministros tomó conciencia de que requiere una nueva política comunicacional.
De hecho, el mismo viernes 30 de marzo -día en que el pleno dejó sin efecto el texto que, además de reglamentar el uso de credenciales, imponía obligaciones a los reporteros-, los supremos ocuparon gran parte de la mañana en discutir sobre la necesidad de la reformulación de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.
Un supremo recordó que dicha idea "es muy antigua", y que incluso estaba incluida en los proyectos de la mesa judicial, que aún están pendientes.
Según otro magistrado, más allá de cuestionar la labor de los actuales encargados de la materia, la idea es establecer un objetivo claro, nuevas obligaciones y dotar a la oficina de comunicaciones de mayor infraestructura y personal.
Por ello, el pleno encargó a la Corporación Administrativa un informe acerca del estado actual de la repartición, y los recursos que se pueden destinar para esa finalidad.
Pero no sólo eso. Paralelamente, un grupo de ministros integrantes del Consejo Superior de la Corporación se reunió con la periodista Mónica González, ex directora del diario Siete, para analizar la situación.
González fue entrevistada por la comisión -a la que le entregó un informe preliminar- sobre cuáles son los problemas que enfrenta la imagen del Poder Judicial y las posibles estrategias para mejorar en ese sentido.
Según los supremos consultados, una de las razones por la cual surgió su nombre es trayectoria profesional y los premios que ha obtenido en el último tiempo.
Los resultados de la conversación con la periodista fueron expuestos el pasado jueves 5 de abril al pleno, con el fin de que los ministros tuvieran una idea de la percepción actual sobre la imagen del Poder Judicial y sobre lo que se requiere para mejorarla.
Hasta ayer aún no se tomaba una decisión respecto a la posibilidad de que la profesional se haga cargo de asesorar a la Suprema. Ello porque el pleno acordó buscar otros nombres de periodistas, antes de resolver definitivamente si contratan a alguien nuevo para que se haga cargo o refuerzan el equipo que actualmente existe.
El máximo tribunal, además, tiene en su poder las conclusiones de la empresa Extend Comunicaciones, que en abril de 2005, y tras un estudio, aseguró que el principal problema era la pésima relación con el exterior, además de que a sus miembros se les percibe aislados.
Finalmente para los ministros, quienes anularon la polémica normativa en forma unánime, primó nuevamente el resguardo de la imagen del Poder Judicial, y por eso retrocedieron en su decisión.
Gonzalo Vargas: "El país está al debe frente a la delincuencia"
Ayer dejó el cargo de gerente general de la Fundación Paz Ciudadana el ingeniero agrónomo Gonzalo Vargas Otte, quien desde el lunes asumirá como rector de Inacap.
A la hora del balance, los sentimientos del experto son encontrados. Por una parte, tiene una sensación de frustración porque la delincuencia en Chile es hoy mayor que hace cinco años, cuando él llegó a la Fundación -junio de 2002- y, por otro lado, de satisfacción por el aporte de Paz Ciudadana en proyectos y programas que están dando buenos resultados, como la Reforma Procesal Penal y el Plan Cuadrante de Carabineros.
Sin embargo, lamenta que en los dos últimos años se haya perdido ese impulso y sea muy poco lo que se avanzó en 2005 y 2006, salvo por la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pero a que no ha pasado de un enunciado.Estima que para reducir la delincuencia, en el futuro se debe trabajar fuerte en la prevención y la rehabilitación, materias en las que Paz Ciudadana está trabajando con varios proyectos que espera sean acogidos.
Viernes 13 abril
Hallan potentes explosivos en celda de reo condenado hasta el año 2025
Juan Arzola Garrido cumple dos condenas de 15 años y una de tres por robos con intimidación. Él es hasta ahora el único implicado en la internación de los poderosos explosivos encontrados ayer en su celda del módulo 3 del penal Colina II.
Así lo confirmó el alcaide del penal, comandante Mario Aros, quien agregó que sus subalternos ya manejaban información de la presencia de explosivos. El allanamiento se efectuó ayer, "ya que tuvimos una confirmación de que esos explosivos estaban en la unidad. Gracias a Dios, los encontramos".
Fuentes vinculadas al caso señalaron que los cuatro cartuchos de Tronex Plus -fabricados por la Empresa Nacional de Explosivos (Enaex)-, además de dos estopines (detonadores) y dos mechas, fueron hallados en un hoyo hecho en el muro, bajo el marco de la ventana de la celda. Las piezas estaban envueltas en plásticos.
Para la fuga
En el penal Colina II hay 1.658 internos. De ellos, 108 habitan el módulo en el que fueron encontrados los artefactos explosivos. Uno de los reos, Juan Arzola Garrido, fue inmediatamente aislado de la población penal tras los hallazgos, y se acogió a su derecho de guardar silencio.
De acuerdo al fiscal de la zona Centro-Norte Mauricio González, de ser encontrado culpable Arzola enfrentaría una pena que partiría de los 3 años, que se sumarían a los de presidio que le quedan y que culminan en noviembre de 2025.
Se investiga si existen más involucrados en la internación de los artefactos y si Arzola tiene historial subversivo y conocimientos en explosivos.
Por ahora, según fuentes de la unidad, como medida de castigo, el recluso acusado podría recibir hasta diez días de aislamiento completo.
Clan Mazza lavó dinero para cinco carteles
El clan Mazza organizó desde sus casas de cambio en Santiago, Valparaíso y Concepción el lavado de dinero para cinco carteles del narcotráfico colombiano. Así lo reveló ayer el abogado Hernán Peñafiel, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), durante su alegato ante la Corte de Apelaciones.
El profesional, sin embargo, sólo mencionó los carteles encabezados por Fabio Ochoa Vasco y Jorge Jiménez Urrego, dueños de las casas de cambio informales Federal de Valores y Fimesa, respectivamente (ver recuadro).
Peñafiel evitó mencionar los restantes carteles, ya que Colombia mantiene abiertos los cinco procesos judiciales por tráfico de cocaína y lavado de dinero en que aparecen implicados los chilenos del clan Mazza.
Durante los alegatos, el representante del CDE recordó que Luis Mazza llegó a vivir a Santiago en 2002, después de una década de residencia en Chicago, reactivando el negocio familiar de las casas de cambio operadas por Costa Brava.
Peñafiel recordó que el clan Mazza operaba con billetes de euros de alta denominación que transportaban los propios integrantes del grupo o empleados de confianza en equipaje de mano, respetando las disposiciones para el porte de dinero efectivo.
Citando antecedentes reunidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el querellante señaló que entre 2004 y 2005 los Mazza declararon la compra de euros por US$80 millones anuales, mientras que la casa de cambio que le sigue en volumen en el mercado de divisas declaró apenas US$ 3,5 millones.
Sobre las ventas de euros durante esos períodos, el clan Mazza declaró US$ 73 millones anuales, en tanto que la casa de cambio que le sigue en montos declaró US$ 3,7 millones.
Según Peñafiel, las cifras menores sobre la compra y venta de euros reflejan el movimiento real de pasajeros entre Chile y Europa, mientras que las cifras que declaran los Mazza refuerza la hipótesis del origen ilícito de esos billetes.
En otro pasaje de su intervención, Peñafiel reveló que Daniel Mazza estuvo en tres ocasiones en Colombia invitado por los carteles. También leyó la transcripción de una conversación con su padre, Mauricio, detenido en EE.UU., en la cual queda en evidencia que sabían de la procedencia de los fondos.
Según el CDE, Daniel hizo 52 viajes por avión portando euros en su maletín durante los tres años que fue indagado con apoyo de la Brigada de Lavado de Activos. Su abogado Yienison Yapur lo defendió argumentando que sólo era un empleado que ganaba $300 mil al mes y US$ 100 por viaje.
En la misma oportunidad, Peñafiel informó que Juan Alberto Lama, otro de los cinco procesados por el 2º Juzgado del Crimen de Santiago, hizo 55 viajes a EE.UU. llevando billetes de euros. Su contraparte, el abogado Alvaro Macklenburg, argumentó que era empleado ocasional y que viaja a Miami para visitar a sus hijos.El abogado Gustavo Zeballos, defensor de Luis Mazza, se esforzó por dejar sin efecto el auto de procesamiento y pidió enviar la querella a la nueva justicia. No tuvo éxito, porque los hechos datan del 2004, cuando aún no estaba vigente la reforma penal.
Maldonado remueve al jefe de Gendarmería
Estuvo un año en el cargo y enfrentó diversos conflictos por crisis carcelaria.
Un año y seis días duró en el cargo de director nacional de Gendarmería el abogado radical Alfredo Bañados Lagos.
El ministro de Justicia, Carlos Maldonado (también PRSD), explicó que el movimiento se gestó en la mañana de ayer, luego de una reunión en la que le expuso a Bañados su interés por generar cambios en la gestión institucional. Ante ello, el personero puso su cargo a disposición y le hizo llegar su carta de renuncia. Maldonado descartó situaciones políticas en la salida.
Bañados, ex seremi de Justicia de la IX Región, fue nombrado en el cargo por el ex ministro de Justicia Isidro Solís el 6 de abril del año pasado, y desde un primer momento debió enfrentar conflictos, derivados de la compleja realidad penitenciaria.
El 23 de junio de 2005, el juez del 7º Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, visitó la calle 11 de la ex Penitenciaría, donde 80 reclusos dormían a la intemperie bajo la lluvia, producto del hacinamiento de 5.700 presos en ese vetusto penal de 160 años.
Sorteada esta crisis, Bañados debió enfrentar un crítico informe de la Universidad Diego Portales sobre corrupción y abusos contra los internos en las cárceles chilenas, lo que llevó al director de Gendarmería a pedir un relator de la ONU para contrarrestar el informe.
Además, tuvo problemas con las asociaciones de funcionarios, quienes se quejaban de falta de seguridad y maltratos.
Se sumó que el 21 de noviembre se amotinaron los presos de Los Ángeles, tras la muerte de un interno al tratar de escapar. Al día siguiente, en Santiago, un joven que asistía a los Tribunales de Garantía fue apuñalado.
Ayer, su partida estuvo marcada por el hallazgo de explosivos en la cárcel de Colina II. El ministro Maldonado negó que ese hecho, que consideró grave, haya influido en su decisión.
Juan Arzola Garrido cumple dos condenas de 15 años y una de tres por robos con intimidación. Él es hasta ahora el único implicado en la internación de los poderosos explosivos encontrados ayer en su celda del módulo 3 del penal Colina II.
Así lo confirmó el alcaide del penal, comandante Mario Aros, quien agregó que sus subalternos ya manejaban información de la presencia de explosivos. El allanamiento se efectuó ayer, "ya que tuvimos una confirmación de que esos explosivos estaban en la unidad. Gracias a Dios, los encontramos".
Fuentes vinculadas al caso señalaron que los cuatro cartuchos de Tronex Plus -fabricados por la Empresa Nacional de Explosivos (Enaex)-, además de dos estopines (detonadores) y dos mechas, fueron hallados en un hoyo hecho en el muro, bajo el marco de la ventana de la celda. Las piezas estaban envueltas en plásticos.
Para la fuga
En el penal Colina II hay 1.658 internos. De ellos, 108 habitan el módulo en el que fueron encontrados los artefactos explosivos. Uno de los reos, Juan Arzola Garrido, fue inmediatamente aislado de la población penal tras los hallazgos, y se acogió a su derecho de guardar silencio.
De acuerdo al fiscal de la zona Centro-Norte Mauricio González, de ser encontrado culpable Arzola enfrentaría una pena que partiría de los 3 años, que se sumarían a los de presidio que le quedan y que culminan en noviembre de 2025.
Se investiga si existen más involucrados en la internación de los artefactos y si Arzola tiene historial subversivo y conocimientos en explosivos.
Por ahora, según fuentes de la unidad, como medida de castigo, el recluso acusado podría recibir hasta diez días de aislamiento completo.
Clan Mazza lavó dinero para cinco carteles
El clan Mazza organizó desde sus casas de cambio en Santiago, Valparaíso y Concepción el lavado de dinero para cinco carteles del narcotráfico colombiano. Así lo reveló ayer el abogado Hernán Peñafiel, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), durante su alegato ante la Corte de Apelaciones.
El profesional, sin embargo, sólo mencionó los carteles encabezados por Fabio Ochoa Vasco y Jorge Jiménez Urrego, dueños de las casas de cambio informales Federal de Valores y Fimesa, respectivamente (ver recuadro).
Peñafiel evitó mencionar los restantes carteles, ya que Colombia mantiene abiertos los cinco procesos judiciales por tráfico de cocaína y lavado de dinero en que aparecen implicados los chilenos del clan Mazza.
Durante los alegatos, el representante del CDE recordó que Luis Mazza llegó a vivir a Santiago en 2002, después de una década de residencia en Chicago, reactivando el negocio familiar de las casas de cambio operadas por Costa Brava.
Peñafiel recordó que el clan Mazza operaba con billetes de euros de alta denominación que transportaban los propios integrantes del grupo o empleados de confianza en equipaje de mano, respetando las disposiciones para el porte de dinero efectivo.
Citando antecedentes reunidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el querellante señaló que entre 2004 y 2005 los Mazza declararon la compra de euros por US$80 millones anuales, mientras que la casa de cambio que le sigue en volumen en el mercado de divisas declaró apenas US$ 3,5 millones.
Sobre las ventas de euros durante esos períodos, el clan Mazza declaró US$ 73 millones anuales, en tanto que la casa de cambio que le sigue en montos declaró US$ 3,7 millones.
Según Peñafiel, las cifras menores sobre la compra y venta de euros reflejan el movimiento real de pasajeros entre Chile y Europa, mientras que las cifras que declaran los Mazza refuerza la hipótesis del origen ilícito de esos billetes.
En otro pasaje de su intervención, Peñafiel reveló que Daniel Mazza estuvo en tres ocasiones en Colombia invitado por los carteles. También leyó la transcripción de una conversación con su padre, Mauricio, detenido en EE.UU., en la cual queda en evidencia que sabían de la procedencia de los fondos.
Según el CDE, Daniel hizo 52 viajes por avión portando euros en su maletín durante los tres años que fue indagado con apoyo de la Brigada de Lavado de Activos. Su abogado Yienison Yapur lo defendió argumentando que sólo era un empleado que ganaba $300 mil al mes y US$ 100 por viaje.
En la misma oportunidad, Peñafiel informó que Juan Alberto Lama, otro de los cinco procesados por el 2º Juzgado del Crimen de Santiago, hizo 55 viajes a EE.UU. llevando billetes de euros. Su contraparte, el abogado Alvaro Macklenburg, argumentó que era empleado ocasional y que viaja a Miami para visitar a sus hijos.El abogado Gustavo Zeballos, defensor de Luis Mazza, se esforzó por dejar sin efecto el auto de procesamiento y pidió enviar la querella a la nueva justicia. No tuvo éxito, porque los hechos datan del 2004, cuando aún no estaba vigente la reforma penal.
Maldonado remueve al jefe de Gendarmería
Estuvo un año en el cargo y enfrentó diversos conflictos por crisis carcelaria.
Un año y seis días duró en el cargo de director nacional de Gendarmería el abogado radical Alfredo Bañados Lagos.
El ministro de Justicia, Carlos Maldonado (también PRSD), explicó que el movimiento se gestó en la mañana de ayer, luego de una reunión en la que le expuso a Bañados su interés por generar cambios en la gestión institucional. Ante ello, el personero puso su cargo a disposición y le hizo llegar su carta de renuncia. Maldonado descartó situaciones políticas en la salida.
Bañados, ex seremi de Justicia de la IX Región, fue nombrado en el cargo por el ex ministro de Justicia Isidro Solís el 6 de abril del año pasado, y desde un primer momento debió enfrentar conflictos, derivados de la compleja realidad penitenciaria.
El 23 de junio de 2005, el juez del 7º Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, visitó la calle 11 de la ex Penitenciaría, donde 80 reclusos dormían a la intemperie bajo la lluvia, producto del hacinamiento de 5.700 presos en ese vetusto penal de 160 años.
Sorteada esta crisis, Bañados debió enfrentar un crítico informe de la Universidad Diego Portales sobre corrupción y abusos contra los internos en las cárceles chilenas, lo que llevó al director de Gendarmería a pedir un relator de la ONU para contrarrestar el informe.
Además, tuvo problemas con las asociaciones de funcionarios, quienes se quejaban de falta de seguridad y maltratos.
Se sumó que el 21 de noviembre se amotinaron los presos de Los Ángeles, tras la muerte de un interno al tratar de escapar. Al día siguiente, en Santiago, un joven que asistía a los Tribunales de Garantía fue apuñalado.
Ayer, su partida estuvo marcada por el hallazgo de explosivos en la cárcel de Colina II. El ministro Maldonado negó que ese hecho, que consideró grave, haya influido en su decisión.
Jueves 12 abril
Recurso de Tocornal ante el TC es declarado inadmisible
Por unanimidad, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) por la defensa del ex ejecutivo bancario Jorge Tocornal Babra, condenado a 13 años de cárcel por agresiones sexuales a sus hijos, fue declarado inadmisible.
En este intento por impugnar la sentencia condenatoria de Tocornal en un segundo juicio oral, se invocó el artículo 387 del Código Procesal Penal que no admite recursos de nulidad contra fallos dictados en un nuevo juicio oral, tras anularse el primero.
Sin embargo, la Primera Sala del TC resolvió que no se cumplieron dos requisitos exigidos, entre otros, para admitir a trámite el requerimiento por inaplicabilidad, según la Constitución.
Una de estas exigencias consiste en que debe existir una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial.
El fallo consigna al respecto que "consta del certificado estampado con fecha 10 de abril del año en curso por el Secretario de este Tribunal Constitucional, que la sentencia dictada en los referidos autos criminales (...) se encuentra ejecutoriada a contar del día 9 de abril de 2007".
Por ello, se indica en el dictamen que en este caso resulta evidente que no existe ninguna gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial en el cual pudiera aplicarse el artículo 387 del Código Procesal Penal, invocado en el requerimiento.Además, se advierte que en el recurso presentado por Tocornal tampoco se cumple la exigencia constitucional de que la aplicación de la norma impugnada (el artículo 387) pueda ser decisiva en la resolución de un asunto.
A juicio del TC, en este caso la norma invocada por la defensa de Tocornal no tiene incidencia en la decisión sustantiva que motivó el recurso, teniendo en cuenta su naturaleza, esto es, que se trata de un juicio criminal relativo a delitos sexuales.
Corte revisa condena de 5 años a Claudio Spiniak por abuso sexual
La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago comenzó ayer a revisar la sentencia que condenó a Claudio Spiniak a 5 años y un día por abuso sexual de cuatro menores y lo absolvió por los delitos de asociación ilícita, estupro, violación y facilitación a la prostitución.
La audiencia partió con la relación de la causa, que culmina hoy, al igual que los alegatos de las partes.
Los querellantes, entre ellos el Servicio Nacional de Menores (Sename), que apelaron, pedirán que se revoque la sentencia dictada por el ministro Manuel Antonio Valderrama, y que se condene a Spiniak por ser el líder de una asociación ilícita para abusar de menores.
Mientras, la defensa del ex empresario solicitará a los ministros Juan González, Gabriela Pérez y Patricio Villarroel que lo absuelvan de "todos los cargos formulados en su contra".Lavandero
Se prevé que la revisión dure toda esta semana porque hay nueve abogados inscritos. Entre ellos, figura Leonardo Battaglia, quien en este proceso representa a la bancada de diputados DC y al ex senador Jorge Lavandero, condenado por abusos sexuales, quien dedujo una querella en contra de Spiniak, en 2003, cuando estalló el caso. El proceso acumula 50 tomos.
Por unanimidad, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) por la defensa del ex ejecutivo bancario Jorge Tocornal Babra, condenado a 13 años de cárcel por agresiones sexuales a sus hijos, fue declarado inadmisible.
En este intento por impugnar la sentencia condenatoria de Tocornal en un segundo juicio oral, se invocó el artículo 387 del Código Procesal Penal que no admite recursos de nulidad contra fallos dictados en un nuevo juicio oral, tras anularse el primero.
Sin embargo, la Primera Sala del TC resolvió que no se cumplieron dos requisitos exigidos, entre otros, para admitir a trámite el requerimiento por inaplicabilidad, según la Constitución.
Una de estas exigencias consiste en que debe existir una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial.
El fallo consigna al respecto que "consta del certificado estampado con fecha 10 de abril del año en curso por el Secretario de este Tribunal Constitucional, que la sentencia dictada en los referidos autos criminales (...) se encuentra ejecutoriada a contar del día 9 de abril de 2007".
Por ello, se indica en el dictamen que en este caso resulta evidente que no existe ninguna gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial en el cual pudiera aplicarse el artículo 387 del Código Procesal Penal, invocado en el requerimiento.Además, se advierte que en el recurso presentado por Tocornal tampoco se cumple la exigencia constitucional de que la aplicación de la norma impugnada (el artículo 387) pueda ser decisiva en la resolución de un asunto.
A juicio del TC, en este caso la norma invocada por la defensa de Tocornal no tiene incidencia en la decisión sustantiva que motivó el recurso, teniendo en cuenta su naturaleza, esto es, que se trata de un juicio criminal relativo a delitos sexuales.
Corte revisa condena de 5 años a Claudio Spiniak por abuso sexual
La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago comenzó ayer a revisar la sentencia que condenó a Claudio Spiniak a 5 años y un día por abuso sexual de cuatro menores y lo absolvió por los delitos de asociación ilícita, estupro, violación y facilitación a la prostitución.
La audiencia partió con la relación de la causa, que culmina hoy, al igual que los alegatos de las partes.
Los querellantes, entre ellos el Servicio Nacional de Menores (Sename), que apelaron, pedirán que se revoque la sentencia dictada por el ministro Manuel Antonio Valderrama, y que se condene a Spiniak por ser el líder de una asociación ilícita para abusar de menores.
Mientras, la defensa del ex empresario solicitará a los ministros Juan González, Gabriela Pérez y Patricio Villarroel que lo absuelvan de "todos los cargos formulados en su contra".Lavandero
Se prevé que la revisión dure toda esta semana porque hay nueve abogados inscritos. Entre ellos, figura Leonardo Battaglia, quien en este proceso representa a la bancada de diputados DC y al ex senador Jorge Lavandero, condenado por abusos sexuales, quien dedujo una querella en contra de Spiniak, en 2003, cuando estalló el caso. El proceso acumula 50 tomos.
Miércoles 11 de abril
Corte de Apelaciones revoca por segunda vez libertad de Juan Michel
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones revocó ayer por segunda vez la libertad del ex director regional de Chiledeportes Juan Michel Salazar, quien se encuentra formalizado por diez delitos de fraude al fisco y uno por falsificación de instrumento público.
El tribunal de alzada capitalino revirtió la resolución dictada el 30 de marzo pasado por el 8° Juzgado de Garantía, que le concedió la libertad por no considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad.
Muy distinto fue lo que pensaron los magistrados Juan Muñoz Pardo y Lamberto Cisternas, quienes estimaron la gravedad y reiteración de los delitos para decretar la prisión preventiva del ex funcionario público.
El abogado integrante Rodrigo Asenjo votó en contra de esta resolución.
En la tarde de ayer, Michel fue ingresado al Centro de Detención Capitán Yaber, donde ya estuvo encerrado en dos ocasiones anteriores, siendo el único de los imputados del caso en prisión preventiva.
Ayer el fiscal del caso, Francisco Jacir, reveló en audiencia que el perjuicio fiscal por los fraudes en Chiledeportes superan los $65 millones.
Lizama a horas de su detención: "Estoy sumamente arrepentido"
El joven Jorge Lizama (19) se declaró "sumamente arrepentido" y pidió disculpas a la jueza Gloria Ana Chevesich, cuyo auto atacó en medio de incidentes callejeros por el "Día del Combatiente" en el centro de Santiago el 29 de marzo.
"Estoy arrepentido, nunca supe que era la jueza. Todos excitados apedreando un auto, yo lo estaba rayando, ni siquiera le rompí el vidrio. Estoy súper arrepentido", dijo a Medianoche de TVN.
Precisó que estaba arrepentido de haberse encapuchado y haber actuado con violencia.
A Chevesich "le pediría disculpas porque sé que se choqueó, que es una mujer, que se asustó con tanta gente. Disculpas, nada más que disculpas, estoy arrepentido".
Sobre actuar encapuchado, argumentó que "si todos lo hacen a rostro descubierto estarían todos ahora en la cárcel".
Manifestó que obviamente tenía temor porque estará en la cárcel con delincuentes. "No creo que debería caer en la cárcel. Es lo peor que le puede pasar a una persona. No creo que me sirva de mucho".
Reconoció que participó en un ataque a un local de comida rápida el año pasado, pero no en el ataque a La Moneda, aunque sí iba en la marcha.
Lizama dijo que su rabia es contra los "abusadores". Mencionó al Gobierno, al capital y los bancos.
Dijo que seguirá con sus ideales, pero actuando sin violencia. Contó que esta semana se matriculaba en el colegio, "por eso pido estar en libertad para matricularme y terminar cuarto medio para ser una persona con título, con estudios".
En la tarde de ayer Carabineros llegó a su casa para detenerlo, pero al cierre de esta edición, según fuentes de la policía, el tribunal no había emitido la orden respectiva, lo que podría ocurrir esta mañana.
Muere joven baleado en protesta contra el plan Transantiago
A las 13:50 horas de ayer, y víctima de una neumonía producto de la infección que le provocó la herida a bala, falleció en la UCI de la Posta Central de Santiago el menor Óscar Vásquez Oses, de 15 años, quien el pasado 14 de marzo fue herido mortalmente en una protesta contra el Transantiago.
El menor cayó, alrededor de las 23:30 horas de esa noche, en la calle 5 de Abril, casi al llegar a Vista Hermosa, en la Villa Francia de Estación Central
Ese sector se distinguió por la virulencia de sus manifestaciones en contra el nuevo plan de transporte público de la capital.
Según familiares, Óscar Vásquez iba a esa hora a visitar a su polola y no era parte de la protesta, aunque también circularon versiones de que cobraba "peaje" a los automovilistas que se desplazaban por el lugar.
El muchacho de 15 años recibió una bala en el cuello y fue evacuado en un carro policial.
Hasta ahora Carabineros no ha podido dar con el autor del disparo que le quitó la vida.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones revocó ayer por segunda vez la libertad del ex director regional de Chiledeportes Juan Michel Salazar, quien se encuentra formalizado por diez delitos de fraude al fisco y uno por falsificación de instrumento público.
El tribunal de alzada capitalino revirtió la resolución dictada el 30 de marzo pasado por el 8° Juzgado de Garantía, que le concedió la libertad por no considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad.
Muy distinto fue lo que pensaron los magistrados Juan Muñoz Pardo y Lamberto Cisternas, quienes estimaron la gravedad y reiteración de los delitos para decretar la prisión preventiva del ex funcionario público.
El abogado integrante Rodrigo Asenjo votó en contra de esta resolución.
En la tarde de ayer, Michel fue ingresado al Centro de Detención Capitán Yaber, donde ya estuvo encerrado en dos ocasiones anteriores, siendo el único de los imputados del caso en prisión preventiva.
Ayer el fiscal del caso, Francisco Jacir, reveló en audiencia que el perjuicio fiscal por los fraudes en Chiledeportes superan los $65 millones.
Lizama a horas de su detención: "Estoy sumamente arrepentido"
El joven Jorge Lizama (19) se declaró "sumamente arrepentido" y pidió disculpas a la jueza Gloria Ana Chevesich, cuyo auto atacó en medio de incidentes callejeros por el "Día del Combatiente" en el centro de Santiago el 29 de marzo.
"Estoy arrepentido, nunca supe que era la jueza. Todos excitados apedreando un auto, yo lo estaba rayando, ni siquiera le rompí el vidrio. Estoy súper arrepentido", dijo a Medianoche de TVN.
Precisó que estaba arrepentido de haberse encapuchado y haber actuado con violencia.
A Chevesich "le pediría disculpas porque sé que se choqueó, que es una mujer, que se asustó con tanta gente. Disculpas, nada más que disculpas, estoy arrepentido".
Sobre actuar encapuchado, argumentó que "si todos lo hacen a rostro descubierto estarían todos ahora en la cárcel".
Manifestó que obviamente tenía temor porque estará en la cárcel con delincuentes. "No creo que debería caer en la cárcel. Es lo peor que le puede pasar a una persona. No creo que me sirva de mucho".
Reconoció que participó en un ataque a un local de comida rápida el año pasado, pero no en el ataque a La Moneda, aunque sí iba en la marcha.
Lizama dijo que su rabia es contra los "abusadores". Mencionó al Gobierno, al capital y los bancos.
Dijo que seguirá con sus ideales, pero actuando sin violencia. Contó que esta semana se matriculaba en el colegio, "por eso pido estar en libertad para matricularme y terminar cuarto medio para ser una persona con título, con estudios".
En la tarde de ayer Carabineros llegó a su casa para detenerlo, pero al cierre de esta edición, según fuentes de la policía, el tribunal no había emitido la orden respectiva, lo que podría ocurrir esta mañana.
Muere joven baleado en protesta contra el plan Transantiago
A las 13:50 horas de ayer, y víctima de una neumonía producto de la infección que le provocó la herida a bala, falleció en la UCI de la Posta Central de Santiago el menor Óscar Vásquez Oses, de 15 años, quien el pasado 14 de marzo fue herido mortalmente en una protesta contra el Transantiago.
El menor cayó, alrededor de las 23:30 horas de esa noche, en la calle 5 de Abril, casi al llegar a Vista Hermosa, en la Villa Francia de Estación Central
Ese sector se distinguió por la virulencia de sus manifestaciones en contra el nuevo plan de transporte público de la capital.
Según familiares, Óscar Vásquez iba a esa hora a visitar a su polola y no era parte de la protesta, aunque también circularon versiones de que cobraba "peaje" a los automovilistas que se desplazaban por el lugar.
El muchacho de 15 años recibió una bala en el cuello y fue evacuado en un carro policial.
Hasta ahora Carabineros no ha podido dar con el autor del disparo que le quitó la vida.
Noticias día martes 10 de abril
Falencias en ley juvenil podrían obligar a su aplicación gradual
Zanjada la discusión sobre si la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente partirá o no el 8 de junio próximo con la decisión del Gobierno de cumplir con ese plazo, tanto el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, como el coordinador nombrado para su implementación, Andrés Mahn-ke, han dejado entrever que para evitar un colapso en su aplicación se podría aplicar gradualmente esta norma.
Tal posibilidad, que sería planteada la próxima semana en el informe que la comisión de expertos debe entregar a las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de ambas cámaras del Legislativo, ha abierto un nuevo frente de discusión sobre la ya polémica ley.
Para Gonzalo Vargas, gerente de la Fundación Paz Ciudadana, es una solución menos mala que la postergación, y que de aplicarse debería ser por tramo etario y no por región, para no afectar la igualdad ante la ley.
De este modo, la nueva norma comenzaría a regir el 8 de junio para los adolescentes de 16 y 17 años, y se aplazaría por un año su aplicación a los de 14 y 15.
Otra posibilidad, según Vargas, es establecer la gradualidad por penas, de modo que, por ejemplo, aquellas que consideran la internación en régimen semicerrado se excluyan durante el primer año de vigencia.
Menos dispuesto a acoger esa idea se muestra el senador Alberto Espina (RN), integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta, quien dice ser partidario de que la nueva ley tiene que regir para todos y que la gradualidad, aparte de ser injusta, ya que deja sin posibilidades de rehabilitación a quienes quedan fuera de su aplicación, "es sólo una forma de esconder la ineficacia del Gobierno en la implantación de la ley".
El diputado Jorge Burgos (DC), miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, prefiere esperar lo que proponga la comisión de expertos, y dice que la gradualización puede ser por edad o por tipificación de penas.
Dijo estar dispuesto a discutir tanto la gradualidad como ajustes a la norma, "pero lo bueno es que no hay postergación".Walker preocupado por retrasos
El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Walker, emplazó al Gobierno y al resto de los actores involucrados en la marcha de la nueva ley penal juvenil a que realicen un "esfuerzo sobrehumano" con el fin de llevar a cabo sin problemas la tarea. El parlamentario se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, para manifestar su preocupación por las dificultades que podría tener la implementación de la ley.
Tocornal es condenado a 13 años de cárcel sin beneficios
A 10 años y un día por violación reiterada de su hijo mayor y otros tres años y un día por determinar a su hijo menor a realizar actos de connotación sexual, fue condenado ayer el ex ejecutivo bancario Jorge Tocornal.
En diez minutos, el presidente del Tercer Tribunal Oral de Santiago, Danilo Báez, leyó la parte resolutiva de la sentencia de 252 páginas contra Tocornal, quien esta vez fue acompañado por sus abogados Luis Hermosilla y Francisco Cox, y un reducido grupo de amigos.
El ex ejecutivo se mantuvo en todo momento sereno al conocer que su condena subía en dos años más, ya que el primer juicio oral en su contra -anulado por la Corte Suprema- se le sentenció a 11 años por ambos delitos.
No obstante, la pena que le impuso ayer fue inferior a los 15 años que pidieron la fiscalía y la parte querellante.Penas accesorias
Además de los 13 años de cárcel, el tribunal condenó a la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos u oficios públicos y sus derechos políticos, y a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer profesiones titulares mientras dure la pena.
El dictamen también privó al condenado de la patria potestad de los sus hijos y de todos los derechos que la ley le confiere respecto de la persona y bienes de los niños, de sus ascendientes y descendientes. Tocornal conserva todas las obligaciones legales en beneficio de las víctimas o de sus descendientes.
El tribunal dispuso además la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad por los diez años siguientes al cumplimiento de las penas principales.
Esto implica que cuando Jorge Tocornal egrese de la cárcel deberá informar su domicilio al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, a fin de que éste oficie a la unidad policial correspondiente para que se efectúe el control dispuesto en el artículo 372 del Código Penal.
Dicha norma establece el pago de una multa, si no se informa el domicilio actual cada tres meses.
Las pruebas clave
El tribunal dio pleno valor a los exámenes practicados al menor J.T.P. por los doctores Jorge Torres Torreti y Ricardo Díaz Serani, quienes concluyeron que el niño tenía una lesión compatible con penetración anal. Así, se desestimó la crítica de la defensa por no usarse un manómetro para medir la tonicidad del músculo, "toda vez que su utilización en este tipo de pericias no se encuentra estandarizada como de uso normal y tampoco es un mecanismo aceptado en la literatura".
Otra prueba contundente fue el relato del niño mayor, quien declaró que "cuando su papá hacía esto le dolía, gritaba (expresa un grito contenido y hace un gesto facial de contención y dolor), él lo hacía callar para que no lo escuchara nadie. Después que esto pasaba se iban a comer y a acostar". Sostuvo que "ocurrió más de 10 veces, fueron hartas veces, en las oportunidades en que iba a casa de su padre. Refirió que cuando ocurrió esto había otras personas. Estaba la Patty, su nana, su hermano Joaquín".
Tres nuevas empresas imputadas por facturas
La fiscal del caso Publicam, Nancy González, formalizó ayer a tres ejecutivos de empresas contribuyentes que incorporaron facturas falsas a sus contabilidades.
Se trata del ex gerente comercial del Pabellón de la Construcción, Eduardo Risso Zavala, quien utilizó 39 facturas de diversas sociedades fantasmas en las contabilidades de su empresa Marketing y Servicios Ltda. También se formularon cargos contra Ignacio González Quezada, representante legal de Imagen y Construcción C&S Ltda., y contra Cristián Valle Sánchez, de la empresa Constructora del Caño Ltda.
Para Eduardo Risso, la fiscal solicitó la prisión preventiva, ya que, a diferencia de los otros ejecutivos, éste no reconoció la incorporación de los documentos aduciendo que correspondían a operaciones reales. La petición de la fiscalía fue negada por el tribunal.
Según reveló ayer el Ministerio Público, las tres empresas aludidas ocasionaron perjuicio al fisco cercano a los $300 millones.
Zanjada la discusión sobre si la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente partirá o no el 8 de junio próximo con la decisión del Gobierno de cumplir con ese plazo, tanto el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, como el coordinador nombrado para su implementación, Andrés Mahn-ke, han dejado entrever que para evitar un colapso en su aplicación se podría aplicar gradualmente esta norma.
Tal posibilidad, que sería planteada la próxima semana en el informe que la comisión de expertos debe entregar a las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de ambas cámaras del Legislativo, ha abierto un nuevo frente de discusión sobre la ya polémica ley.
Para Gonzalo Vargas, gerente de la Fundación Paz Ciudadana, es una solución menos mala que la postergación, y que de aplicarse debería ser por tramo etario y no por región, para no afectar la igualdad ante la ley.
De este modo, la nueva norma comenzaría a regir el 8 de junio para los adolescentes de 16 y 17 años, y se aplazaría por un año su aplicación a los de 14 y 15.
Otra posibilidad, según Vargas, es establecer la gradualidad por penas, de modo que, por ejemplo, aquellas que consideran la internación en régimen semicerrado se excluyan durante el primer año de vigencia.
Menos dispuesto a acoger esa idea se muestra el senador Alberto Espina (RN), integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta, quien dice ser partidario de que la nueva ley tiene que regir para todos y que la gradualidad, aparte de ser injusta, ya que deja sin posibilidades de rehabilitación a quienes quedan fuera de su aplicación, "es sólo una forma de esconder la ineficacia del Gobierno en la implantación de la ley".
El diputado Jorge Burgos (DC), miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, prefiere esperar lo que proponga la comisión de expertos, y dice que la gradualización puede ser por edad o por tipificación de penas.
Dijo estar dispuesto a discutir tanto la gradualidad como ajustes a la norma, "pero lo bueno es que no hay postergación".Walker preocupado por retrasos
El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Walker, emplazó al Gobierno y al resto de los actores involucrados en la marcha de la nueva ley penal juvenil a que realicen un "esfuerzo sobrehumano" con el fin de llevar a cabo sin problemas la tarea. El parlamentario se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, para manifestar su preocupación por las dificultades que podría tener la implementación de la ley.
Tocornal es condenado a 13 años de cárcel sin beneficios
A 10 años y un día por violación reiterada de su hijo mayor y otros tres años y un día por determinar a su hijo menor a realizar actos de connotación sexual, fue condenado ayer el ex ejecutivo bancario Jorge Tocornal.
En diez minutos, el presidente del Tercer Tribunal Oral de Santiago, Danilo Báez, leyó la parte resolutiva de la sentencia de 252 páginas contra Tocornal, quien esta vez fue acompañado por sus abogados Luis Hermosilla y Francisco Cox, y un reducido grupo de amigos.
El ex ejecutivo se mantuvo en todo momento sereno al conocer que su condena subía en dos años más, ya que el primer juicio oral en su contra -anulado por la Corte Suprema- se le sentenció a 11 años por ambos delitos.
No obstante, la pena que le impuso ayer fue inferior a los 15 años que pidieron la fiscalía y la parte querellante.Penas accesorias
Además de los 13 años de cárcel, el tribunal condenó a la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos u oficios públicos y sus derechos políticos, y a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer profesiones titulares mientras dure la pena.
El dictamen también privó al condenado de la patria potestad de los sus hijos y de todos los derechos que la ley le confiere respecto de la persona y bienes de los niños, de sus ascendientes y descendientes. Tocornal conserva todas las obligaciones legales en beneficio de las víctimas o de sus descendientes.
El tribunal dispuso además la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad por los diez años siguientes al cumplimiento de las penas principales.
Esto implica que cuando Jorge Tocornal egrese de la cárcel deberá informar su domicilio al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, a fin de que éste oficie a la unidad policial correspondiente para que se efectúe el control dispuesto en el artículo 372 del Código Penal.
Dicha norma establece el pago de una multa, si no se informa el domicilio actual cada tres meses.
Las pruebas clave
El tribunal dio pleno valor a los exámenes practicados al menor J.T.P. por los doctores Jorge Torres Torreti y Ricardo Díaz Serani, quienes concluyeron que el niño tenía una lesión compatible con penetración anal. Así, se desestimó la crítica de la defensa por no usarse un manómetro para medir la tonicidad del músculo, "toda vez que su utilización en este tipo de pericias no se encuentra estandarizada como de uso normal y tampoco es un mecanismo aceptado en la literatura".
Otra prueba contundente fue el relato del niño mayor, quien declaró que "cuando su papá hacía esto le dolía, gritaba (expresa un grito contenido y hace un gesto facial de contención y dolor), él lo hacía callar para que no lo escuchara nadie. Después que esto pasaba se iban a comer y a acostar". Sostuvo que "ocurrió más de 10 veces, fueron hartas veces, en las oportunidades en que iba a casa de su padre. Refirió que cuando ocurrió esto había otras personas. Estaba la Patty, su nana, su hermano Joaquín".
Tres nuevas empresas imputadas por facturas
La fiscal del caso Publicam, Nancy González, formalizó ayer a tres ejecutivos de empresas contribuyentes que incorporaron facturas falsas a sus contabilidades.
Se trata del ex gerente comercial del Pabellón de la Construcción, Eduardo Risso Zavala, quien utilizó 39 facturas de diversas sociedades fantasmas en las contabilidades de su empresa Marketing y Servicios Ltda. También se formularon cargos contra Ignacio González Quezada, representante legal de Imagen y Construcción C&S Ltda., y contra Cristián Valle Sánchez, de la empresa Constructora del Caño Ltda.
Para Eduardo Risso, la fiscal solicitó la prisión preventiva, ya que, a diferencia de los otros ejecutivos, éste no reconoció la incorporación de los documentos aduciendo que correspondían a operaciones reales. La petición de la fiscalía fue negada por el tribunal.
Según reveló ayer el Ministerio Público, las tres empresas aludidas ocasionaron perjuicio al fisco cercano a los $300 millones.
lunes, 2 de abril de 2007
Miércoles 28 de marzo
4 bombas remecieron anoche a la capital
Cuatro atentados explosivos registró ayer Santiago, a menos de 48 horas de conmemorarse el llamado Día del Joven Combatiente, que este año está marcado por la agitación social debido a los problemas del Transantiago.
Las detonaciones se generaron entre las 17:30 y las 0:30 horas, con una secuencia que comenzó con una bomba de ruido en el kilómetro 8 del camino antiguo a Melipilla en la comuna de Cerrillos, siguió en Maipú, continuó en Providencia y terminó en Santiago Centro. Nadie resultó herido, pero sí hubo daños materiales y se encontraron panfletos que llamaban a protestar mañana 29 de marzo.
Los mayores perjuicios se generaron en la automotora Atal, en Andrés Bello con Pérez Valenzuela, en Providencia, donde dos ventanales resultaron destruidos. Algunos automóviles Mercedes Benz que estaban a la venta también sufrieron daños. El artefacto estaba compuesto por pólvora negra dentro de un cilindro de gas y detonó a las 23:15 hrs.
Minutos antes, una bomba de ruido detonó en un local de venta de permisos de circulación de la Municipalidad de Maipú, ocasionando perjuicios menores.El cuarto estallido ocurrió en un banco BCI ubicado en San Pablo con Chacabuco, en Santiago Centro. En el lugar también se encontraron panfletos.
Cuatro atentados explosivos registró ayer Santiago, a menos de 48 horas de conmemorarse el llamado Día del Joven Combatiente, que este año está marcado por la agitación social debido a los problemas del Transantiago.
Las detonaciones se generaron entre las 17:30 y las 0:30 horas, con una secuencia que comenzó con una bomba de ruido en el kilómetro 8 del camino antiguo a Melipilla en la comuna de Cerrillos, siguió en Maipú, continuó en Providencia y terminó en Santiago Centro. Nadie resultó herido, pero sí hubo daños materiales y se encontraron panfletos que llamaban a protestar mañana 29 de marzo.
Los mayores perjuicios se generaron en la automotora Atal, en Andrés Bello con Pérez Valenzuela, en Providencia, donde dos ventanales resultaron destruidos. Algunos automóviles Mercedes Benz que estaban a la venta también sufrieron daños. El artefacto estaba compuesto por pólvora negra dentro de un cilindro de gas y detonó a las 23:15 hrs.
Minutos antes, una bomba de ruido detonó en un local de venta de permisos de circulación de la Municipalidad de Maipú, ocasionando perjuicios menores.El cuarto estallido ocurrió en un banco BCI ubicado en San Pablo con Chacabuco, en Santiago Centro. En el lugar también se encontraron panfletos.
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